Familias levantan carpas para asentarse en el Parque Tunari

Cochabamba
Publicado el 15/12/2017 a las 2h54
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Unas 50 familias de Potosí intentan asentarse en el Parque Nacional Tunari (PNT), por encima del límite urbanizable de la cota 2.750 msnm, según una inspección realizada el miércoles por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la dirección del PNT, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Alcaldía de Tiquipaya.

Los asentados armaron carpas en Villa Belén, al norte del Distrito 6 de Tiquipaya, en las faldas del Tunari, entre la Taquiña y Chilimarca.

El director del PNT que depende del Sernap, Héctor Bejarano, informó que en este sector se talan árboles y marcan terrenos a pesar de que la zona tiene medidas precautorias, lo que significa que no se puede desarrollar ningún tipo de construcción.

“Nadie puede entrar, asentarse, innovar o construir y eso se tiene que hacer cumplir”, señaló Bejarano.

Añadió que estas personas presentaron un derecho propietario otorgado por la Cooperativa Mixta Vivienda de Taquiña de los sindicatos de empleados metalúrgicos de la Empresa Minera Unificada de Cerro Rico de Potosí, emitida en 1974. El terreno tendría una superficie de 206,721 metros cuadrados.

“Al parecer, ellos nunca se han apersonado al INRA para poner oposición a un saneamiento o para demostrar el derecho propietario, porque no se presentó ninguna documentación más”, manifestó.

El director de la Unidad de la Madre Tierra del municipio de Tiquipaya, Aurelio Ayala, informó que las más de 50 familias que se asentaron en esta zona deben regirse a la Ley de Protección del Parque Tunari, que prohíbe los asentamientos ilegales.

“Ellos argumentan que están detrás de esto y nadie les da solución”, dijo.

Según Ayala, se pidió a los interesados presentar el derecho propietario y sacar una certificación actual de la partida de Derechos Reales para verificar si el título presentado todavía tiene alguna propiedad para poder consolidar. “Lo raro es que hay un proceso ante el INRA que han presentado tres diferentes propietarios, que presentaron su documentación”, declaró.

Se presume que los exdirigentes vendieron los predios, lo que anularía cualquier valor del título propietario.

El director del Sernap dijo que actualmente se identificó a los principales promotores del asentamiento como Eleuterio A. B, Elvira C. V., Walter M. Q. y José Luis C. P., oriundos de Potosí. Se continúa investigando para identificar si existen más personas implicadas.

“Esto nos va a permitir frenar un poquito esto, el tema de los asentamientos está destrozando a Cochabamba”, expresó Bejarano.

La autoridad señaló que no cuentan con recursos económicos y humanos necesarios, sólo tienen ocho guardias forestales que vigilan toda la extensión de Parque Nacional Tunari, sobre todo, en el área metropolitana.

“Si nosotros, los cochabambinos, tomamos conciencia, no sólo vamos a tener un Parque Nacional, podríamos tener un Parque Ecoturístico”, manifestó.

Desalojo

Se prevé que tras una coordinación con el Sernap, el municipio de Tiquipaya y el INRA se emita una resolución de desalojo de la gente asentada en la zona.

“Estas personas están viviendo en carpas con sus hijos, por ello tendremos que coordinar con la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia y la fuerza pública”, señaló Ayala.

Añadió que, mientras se soluciona y se establece quién tiene el derecho propietario de este lugar, se solicitará la nulidad de todos los títulos y que el área pase a dominio público, como zona de recarga acuífera para que la población que habita en el eje metropolitano pueda vivir en buenas condiciones.

Por su parte, Bejarano dijo que si la necesidad de la gente es poseer extensiones de tierra para vivir, puede hacerlo en sectores donde no dañe el medio ambiente.

“El Parque Tunari es el espacio de recepción de agua que permite dotar del líquido elemento a los cochabambinos”, dijo. Conminó a las autoridades a trabajar de manera mancomunada para rescatar el Tunari y dejar de lado susceptibilidades.

 

SUGIEREN ENDURECER LAS SANCIONES

El director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Héctor Bejarano, dijo que sería conveniente emitir sanciones más fuertes a las personas que sean sorprendidas infraganti deforestando o realizando construcciones ilegales .

“Mi posición personal es que se debe dar una sanción de 30 años de cárcel sin derecho a indulto a quienes sean sorprendidos en el acto”, tal vez así se pueda sentar precedente y la gente piense bien antes de adquirir una propiedad”, dijo.

Bejarano manifestó que el tema de los asentamientos es un tema que con el pasar del tiempo se descontroló en el parque nacional, por lo que es urgente endurecer las penas para los que promueven los loteamientos en zonas de alto riesgo y protegidas.

 

URGE INVESTIGAR LA DOTACIÓN DE ENERGÍA

El director del PNT y Sernap, Héctor Bejarano, dijo que desde que asumió el cargo hace tres semanas encontró algunas irregularidades en las inspecciones que realiza.

Según Bejarano, existen asuntos que deben ser investigados a profundidad, por lo que se espera recibir un asesoramiento legal para iniciar con dichas averiguaciones.
 
“En uno de los recorridos que hicimos, pudimos constatar construcciones sobre la cota. Estas casas tiene conexiones eléctricas. Necesitamos saber quién autorizó estas conexiones”, señaló.

Las instalaciones eléctricas deben tramitarse con el derecho propietario, esto en base a un acuerdo firmado entre Elfec y el Sernap.

 

OPINIÓN

Carmen Ledo. Directora del Ceplag de la UMSS

“Estamos en manos de mercaderes de tierras”

La gente debe tomar conciencia y ver que no es posible el asentamiento en el Parque Tunari, ésta es un área donde no debe permitirse ningún tipo de asentamientos.

El avasallamiento y la falta de respeto de las torrenteras son causantes de la muerte de personas y los cambios climáticos por los que está atravesando Cochabamba. Es un mercado de tierras informal. Lamentablemente estamos en manos de mercaderes de tierras.

Los loteadores se aprovechan de las personas que necesitan un lugar donde vivir, es importante que las autoridades sepan que tienen el derecho de preservar el bienestar de la población.

Debe existir una franja dura de forestación en la cota, con plantas nativas, para que evitar los destrozos que causan las lluvias y donde los más afectados, siempre, son las personas más necesitadas.

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