Fiscalía pone en riesgo juicio por el puente y empresa busca otra salida
A dos años y seis meses del colapso del puente de la avenida Independencia y 6 de Agosto, la empresa constructora Álvarez busca otra vía para la resolución del conflicto legal. Mientras, se resuelven las irregularidades de la acusación y la imputación que fueron presentadas por la Fiscalía casi de forma simultánea ante un juzgado.
El abogado de la empresa, Jorge Iriarte, explicó que hace tres meses presentaron una demanda contenciosa. Según el artículo 3 de la Ley 620 del 29 de diciembre de 2014, se trata de un proceso para resolver las controversias emergentes de contratos de las alcaldías, gobernaciones y otras entidades estatales.
La demanda fue rechazada debido a que ya se tiene un proceso penal en curso y una auditoría de la Contraloría General del Estado, que tiene un año y medio de retraso.
Ante esta situación, Iriarte manifestó: “Presentamos un amparo. La audiencia se llevará a cabo mañana (por hoy), porque ésta es la vía correcta para resolver este problema y resarcir los daños”.
Además, agregó que no se puede considerar como daño económico el monto total de la construcción, porque sólo se hundió la plataforma. “Los accesos laterales y el arco están intactos. Entonces, sólo se debería resarcir el monto que corresponde a la plataforma, que no supera los 2 millones de bolivianos”, agregó.
Sin resultados
En un primer informe, la Contraloría determinó la devolución de 11 millones de bolivianos entre la empresa y el diseñador/supervisor, Nelson Vega. Sin embargo, aún falta el informe final. El dictamen tenía que estar en agosto de 2016, pero aún no está.
Por otro lado, se tiene el proceso penal contra el exalcalde Edwin Castellanos (MAS), exfuncionarios, arquitectos y los representantes de las empresas. La investigación que se inició a denuncia del exasambleísta Henry Paredes ahora está estancada, debido a que la Fiscalía presentó el mismo día la acusación y una imputación.
A ello se suman las denuncias de presiones del fiscal departamental, Óscar Vera, para que los fiscales anticorrupción no enjuicien a Castellanos y alarguen el proceso con una imputación.
Según la acusación IANUS: Nº 201525064 FIS-CBBA 1504717, los implicados y los delitos son: el exalcalde Edwin Castellanos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Por los mismos delitos, el exoficial mayor Financiero Administrativo Oswaldo Delgadillo.
Por otro lado, está el fiscal de obra, Óscar Cortez, por el delito de incumplimiento de deberes. El representante de la empresa, Víctor Hugo Álvarez, por incumplimiento de contrato. Finalmente, el diseñador/supervisor Nelson Vega por el mismo delito que la constructora.
Los acusados fueron eximidos del delito de contratos lesivos al Estado, que estaba en la primera imputación. Fueron sobreseimientos el exoficial mayor de Infraestructura Sergio Rodríguez y el superintendente de obra Carlos Achabal.
No obstante, un minuto después de que se presentara la acusación, los tres fiscales asignados al caso fueron apartados y otros presentaron una ampliaron la imputación por un nuevo delito a Castellanos, uso indebido de influencias con el objetivo de ampliar el caso hasta los tres años y extinguir el proceso.
Dos millones de bolivianos costaría la reparación de la plataforma del puente, según la empresa constructora Álvarez.
UN COLAPSO AÚN SIN SOLUCIÓN A LA VISTA
El puente de la avenida Independencia y 6 de Agosto colapsó la noche del 22 de octubre de 2015, a tan sólo ocho meses de su inauguración.
Tuvo que pasar casi un mes hasta que el exasambleísta Henry Paredes denuncie el hecho ante la justicia. Luego, se apersonó la Alcaldía como víctima.
Transcurrieron más de dos meses hasta que se decidió puntalar el puente para evitar un problema mayor.
En el límite del plazo se imputó a cinco implicados, pero desde entonces el proceso se comenzó a dilatar y el exalcalde Castellanos fue beneficiado en las medidas sustitutivas.
VECINOS SON LOS MÁS AFECTADOS LUEGO DEL COLAPSO DE PUENTE INDEPENDENCIA
Los más afectados con el problema del puente colapsado son los vecinos del Distrito 5 de la ciudad, principalmente de las OTB 6 de Agosto y Kanata.
La gente del lugar tuvo que afrontar el cierre de vías, el ruido y el polvo que generaba la construcción. Una vez inaugurado el puente, luego de ocho meses, tuvieron que volver a soportar la misma situación, pues la plataforma colapsó.
Muchos negocios cerraron. Los que permanecen abiertos apenas logran ganar para pagar el alquiler o servicios y las casas se devaluaron notablemente.
Por este motivo, la intersección de las avenidas 6 de Agosto e Independencia se bloqueó en varias ocasiones. Asimismo, los vecinos llegaron hasta la plaza principal en protestas que no son escuchadas.
El principal pedido de la gente es el resarcimiento de daños. Exigen que el exalcalde Edwin Castellanos y todos los involucrados devuelvan el dinero que costó la obra, 11 millones de bolivianos.
Indican que con el dinero se podrían construir escuelas y estaciones policiales para la zona, además de un sistema de agua potable y alcantarillado eficiente, ya que en la actualidad sufren constantes inundaciones cada vez que llueve.
Sin embargo, los vecinos no son escuchados y nadie sale si quiera a manifestar su apoyo o dar alguna respuesta a sus peticiones.
