Juez dispone que el puente se vaya a proceso contencioso
El juez Público Civil y Comercial Nº 7, Iver Romero, señaló procedente la demanda contenciosa iniciada por la empresa constructora Álvarez, en el marco de las investigaciones del caso del puente colapsado, en 2015.
La empresa presentó hace tres meses una demanda contenciosa que fue rechazada, porque ya existe un proceso penal y una investigación de la Contraloría General, que buscan dar respuesta a este problema que lleva dos años y seis meses sin solución.
Ante esta situación, la empresa constructora presentó un amparo constitucional, cuya audiencia se celebró ayer. Luego de una exposición de motivos, el juez Iver Romero decidió dar curso a la demanda de la empresa.
“El juez de amparo nos dio la razón y anuló el auto de rechazo a nuestra demanda que elaboró la sala contenciosa.
Ahora esa misma sala debe volver a recibir nuestra demanda y resolverla de manera congruente, fundamentada y sin vulnerar derechos”, manifestó una de las partes del proceso, Carlos Achabal.
Según el abogado de la empresa, Jorge Iriarte, el proceso contencioso debía ser la vía inicial para resolver el conflicto. Agregó que sólo con este proceso se logrará el resarcimiento de daños que provocó el colapso de la plataforma, pues el actual proceso penal sólo busca encarcelar a los responsables.
Un proceso contencioso consiste en una vía de investigación en la cual se determinan los grados de daños, de responsabilidad y de acuerdo a ello determina el resarcimiento.
“El puente, en su totalidad, tuvo un costo de 11, 7 millones de bolivianos. Sin embargo, sólo la plataforma fue lo que sufrió el daño. Eso, con 2 millones de bolivianos se puede reparar, pero lastimosamente a nadie le importa el puente, porque el daño ya podría estar resarcido”, indicó el dueño de la empresa, Francisco Álvarez.
El proceso contencioso demandará empezar de cero la investigación. No obstante, es mucho más corto que un proceso penal y no se requerirán demasiados actuados procesales.
El proceso contencioso es similar a un proceso civil que resuelve un problema entre Estado y empresa.
SIN RESULTADOS NI RESARCIMIENTO
La noche del 22 de octubre de 2015, la plataforma del viaducto de la avenida Independencia y 6 de Agosto colapsó a ocho meses de su inauguración.
Casi un mes después, se presentó una denuncia penal que continúa hasta la fecha y tiene varias irregularidades que subsanar.
Asimismo, la Contraloría General del Estado inició una auditoría con el fin de determinar el resarcimiento económico. Sin embargo, este proceso aún no cuenta con un informe final y sólo se estaría realizando a la fase de preinversión.
