En Tiquipaya, los vecinos rechazan la franja que propone la Alcaldía
Dirigentes y vecinos de las zonas afectadas por el aluvión que el 6 de febrero cobró la vida de cinco personas en Tiquipaya y afectó a un centenar de casas protestaron contra la Alcaldía y el Concejo Municipal en rechazo a la propuesta de ley enviada por el Ejecutivo y al legislativo sobre la franja de seguridad.
El alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo, exhortó a los pobladores a pensar en su seguridad y no sólo en su patrimonio, debido a que las viviendas afectadas por el aluvión están en una zona de riesgo de la torrentera Taquiña, que nace en el Parque Tunari.
Sin embargo, los vecinos que tienen terrenos en la zona de desastre rechazan la nueva franja de seguridad de 100, 90, 60 y 30 metros de la máxima crecida del río, según la ubicación de la torrentera.
El municipio junto con técnicos de la Gobernación y el Viceministerio de Viviendas y Urbanismo determinaron las nuevas franjas de seguridad según datos de la última máxima crecida.
El representante de Control Social de Tiquipaya, Carlos Rozo Camargo, indicó que se trata de un problema social difícil. “Al parecer se están echando la pelotita entre el Concejo y la Alcaldía, por lo que nosotros exigiremos que se pongan a trabajar y den una solución”, explicó.
La primera autoridad del municipio enfatizó en que la Agencia Estatal de Vivienda no repondrá ni refaccionará las viviendas afectadas si las mismas están en el área no permitida. “Mientras las familias continúen en zona de riesgo, no se beneficiarán con la ayuda”, dijo Angulo.
Varias afectadas comenzaron con la reconstrucción de sus viviendas pese al riesgo existente, tomando en cuenta la antigua franja de seguridad.
Sabina Velásquez, una vecina de Juventud Chilimarca, dijo que no cederán ni un solo centímetro de su terreno. “Estamos legalmente, no somos ilegales”, expresó.
Las OTB que observan la nueva franja de seguridad enviaron un voto resolutivo al Ejecutivo expresando el rechazo a esta propuesta.
Según la propuesta del municipio, las personas que deben ser reubicadas no perderán el derecho propietario de sus terrenos y sólo se los transferirá a un área donde estén más seguras.
En la OTB Molle Molle Noroeste, las 28 viviendas pertenecientes al manzano 78 no son legales, porque no cuentan con derecho propietario y continúan dentro un proceso judicial. En este sector, alrededor de 14 familias tienen que ser reubicadas. Si acceden, pueden contar con el derecho propietario y dejar la ilegalidad de sus asentamientos.
Angulo explicó que la nueva franja de seguridad no se aprobará de la noche a la mañana y que continuará siendo un tema de debate por varias semanas o meses. Pidió a los vecinos pensar en su seguridad y dejar de lado el tema económico.
“Un pedazo de terreno o una casa podemos construirla con cualquier sacrificio, lo que nosotros queremos es resguardar la vida humana”, exhortó.
MUNICIPIO ESPERA MAQUINARIA PARA RETOMAR TRABAJO
“Sé que existe un sentimiento de abandono en los vecinos, pero no es así”, expresó el alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo, al referirse a la paralización de la limpieza en la zona de “desastre” en el Distrito 5.
La autoridad explicó que adquirieron nueva maquinaria para continuar con la limpieza de las riberas y el dragado del río. Por parte del Gobierno departamental, existe un compromiso de la construcción de dos disipadores en Villa Satélite, informó.
El Alcalde dijo que se está trabajando en la reposición de los puentes caídos y se solicita colaboración a la Gobernación y al Ministerio de Obras Públicas para continuar los trabajos en las OTB afectadas del Distrito 5.
De igual forma, el municipio prevé construir atajados hidráulicos del pie del cerro para abajo para no tener problemas.