Personal temporal complica acompañamiento a víctimas
Activistas feministas identifican al personal temporal y no institucionalizado en instancias de atención a mujeres que sufren violencia como uno de los factores que dificultan el seguimiento a procesos penales y el acompañamiento a las víctimas.
En el último feminicidio registrado, de Maeva de 19 años, se notó la falta de seguimiento al proceso que se sostuvo contra su agresor. Esta falencia facilitó que el feminicida, al estar en libertad, termine con la vida de la joven.
La responsable de comunicación de la Red Contra la Violencia a la Mujer de Cochabamba e integrante de Ni una menos Bolivia, María Julia Valdivia, apuntó: “El Slim (Servicio Legal Integral Municipal) no tiene personal institucionalizado, cumplen contratos de tres o seis meses y esto resulta un perjuicio para las víctimas y sus familias, porque el seguimiento no es continuo y en muchos casos ni se cumple la protección de 72 horas que estipula la ley 348”. Resaltó que en Bolivia, apenas un 0,001 por ciento del presupuesto general va para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. “Es una falta de voluntad política y del ejecutivo de dar más recursos”, dijo. Bajo la misma línea, la activista del colectivo Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, recalcó que el personal que se tiene no cuenta con las competencias necesarias. “La ley dice que el personal debe ser especializado, pero ninguno de ellos lo está en el tema de género y muchos caen en incentivar a la conciliación sin ver las consecuencias”, sostuvo. Añadió que las terapias a las víctimas son discontinuas y se les resta importancia.
LA ATENCIÓN ES DEFICIENTE
Según normativa, cada distrito del municipio debería contar con un psicólogo y un abogado presto a tratar casos de violencia hacia la mujer, además de personal administrativo.
Sin embargo, en muchas comunas no existen siquiera un abogado para asesorar a la víctima ni un psicólogo para terapia emocional.