Denuncian presunto “acoso político” en contra de asambleísta de Tapacarí

COCHABAMBA |

Las asambleístas Lisbeth Veramendi  (Unico) y Cinthya Mendoza (Democrátas) denunciaron hoy presunto "acoso político" en contra de su colega de Tapacarí María Francisco, quien era obligada a firmar un documento de renuncia para que se aplique la alternancia de su suplente.

"En complicidad con Grover García, jefe departamental del MAS, el presidente de la Asamblea Rene Rocabado junto a asambleístas de su bancada personal de la Asamblea y ciudadanos de la zona andina retuvieron contra su voluntad a la asambleísta María Francisco obligándola de esta manera a habilitar a su suplente", publicó Mendoza, en su cuenta de Facebook.

Por su parte, Veramendi ingresó al lugar donde se realizaba la reunión para grabar con su celular. "La Asamblea Departamental está tomada por hermanos campesinos de la provincia de Tapacarí que están queriendo forzar a una de las asambleístas (María Francisco) para que renuncie y de alternancia a su suplente que es varón. Nuevamente se están vulnerando los derechos de las mujeres", dijo mientras realizaba una transmisión en vivo. 

En las imágenes se observa a comunarios de esa región pidiendo a la asambleísta de Tapacarí firmar un documento para dar lugar a la alternancia: "Ahora tiene que ser (la firma)", se escucha a varios pobladores.

En varias ocasiones piden que se decomise el celular a Veramendi y le dicen que está "prohibido grabar".  

Sin embargo, la asambleísta de Unico continúa. "Estamos en la Asamblea Legislativa Departamental, una institución pública (…) yo quiero escuchar y voy a grabar, es importante esta reunión, quiero escuchar qué están pidiendo", manifiesta, de acuerdo al vídeo.

Posteriormente, el presidente del MAS en Cochabamba, Grover García, le dice a Veramendi  que es "un problema interno de Taparí".

"Me gustaría que usted que es profesional respete y tenga esa amabilidad de (dejarnos) resolver, nos está poniendo en conflicto", expresa García.

En respuesta, la asambleísta vuelve a reiterar que las acciones que se realizan en la Asamblea son de carácter público. "Si este es un tema interno tendrán que ir a un lugar privado y yo quiero saber por qué se le está presionando y hostigando a la asambleísta", expresa.

Luego de unos minutos, el presidente del MAS en Cochabamba determina cuarto intermedio. "Nosotros somos más respetuosos que otras personas, le pedí que abandone a la asambleísta, este es un tema orgánico de sindicato (…) vamos a dar un cuarto intermedio", manifiesta.

Posteriormente, María Francisco quiere salir, pero varios comunarios no se lo permiten. "No la dejen salir", se escucha a algunos comunarios, mientras que otros manifiestan: "Que firme de una vez, estamos perdiendo el tiempo".

"Acoso y violencia política"

Las mujeres aún siguen "minimizadas, subordinadas en muchos casos a las decisiones de los varones", a pesar de los avances normativos como la Ley 348 contra la violencia a las mujeres, la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Hacia las Mujeres; además de los consagrados en la Constitución, como el artículo 147, que garantiza la igual participación de hombre y mujeres en las asambleas, y la paridad en las candidaturas que señala la Ley 026 de Régimen Electoral, de acuerdo a la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).

En Cochabamba, se registraron en total 12 casos, según el TED, de los cuales cinco corresponden a renuncias por acoso político, en los municipios de Cliza, Villa Rivero, dos en Shinahota y Chimoré; y siete corresponden a los concejos de Colomi, Pococa, Vinto (2 casos) y Tiquipaya (3 casos).

A nivel nacional, según la Acobol, sólo en enero y febrero de este año se recibió 33 denuncias. En 2017 se registraron 52 casos de acoso y violencia política que afectaron a 64 autoridades mujeres electas, en distintos municipios del país.

Ley obliga a denunciar

La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, del 28 de mayo de 2012, establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos de acoso o violencia política a las féminas.

La norma establece que todos los niveles del Estado están en la obligación de tener en su reglamento interno una sección contra el acoso, además prevé que toda autoridad que conozca de estos casos tiene la obligación de denunciar ante autoridad competente, bajo pena de sanción.