Empresario procesado por Misicuni recurre a la CIDH
La defensa de Julio Espinel Martín, uno de los ejecutivos del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni y de la empresa venezolana Obresca, ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se dicten medidas cautelares en el juicio por incumplimiento de contrato y sociedades ficticias en la construcción de la represa, informaron sus abogados Orlando Vargas de Bolivia y Marlon Díaz de Colombia.
El pedido busca la nulidad parcial del proceso para que Espinel se pueda defender y designar un abogado de su confianza. Hasta la fecha, fue juzgado en rebeldía y representado por un defensor público, designado por el Estado.
Tanto Espinel como los demás representantes del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, que en mayo de 2009 firmó el contrato para la construcción de la represa por 84 millones de dólares con el Gobierno boliviano, fueron condenados el 23 de mayo de 2017 por incumplimiento y asociaciones ficticias.
Los representantes del consorcio: Martín Rovira Rada, Eduardo Gómez Vásquez, Raúl Nemtala Caballero y Julio Hernán Espinel Martín tienen una sentencia en primera instancia de ocho años dictada por el Tribunal Séptima de Sentencia. En tanto, los italianos Raúl Maggioni y Francisco Senis, siete y tres, respectivamente.
Aunque ninguno de los procesados asumió su defensa, el abogado Marlon Díaz explicó que su cliente se desvinculó del contrato en 2010 al ceder su participación a Gerencia G.C.C. de Colombia.
“Pedimos que Julio Espinel tenga la posibilidad de defenderse, no que sea absuelto o que se dé por sentado que porque él hizo la cesión no tiene responsabilidad, sino que tenga un defensor libremente escogido, que se decrete la nulida parcial”. dijo.
Díaz explicó que, de acuerdo al contrato de cesión, el representante de la empresa colombiana Gerencia GCC, Eduardo Gómez Vásquez, tenía la misión de comunicar a la Empresa Misicuni y al Estado boliviano, como contratistas, que Obresca se había apartado del proyecto.
Sin embargo, el representante de esta empresa no cumplió con esa parte del acuerdo y, de esa forma, Julio Espinel quedó entre los enjuiciados por los dos delitos mencionados.
Los abogados de Espinel tampoco están de acuerdo con que su defendido sea juzgado con la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque es posterior a la firma del contrato.
La solicitud de nulidad parcial se da cuando la Sala Penal Primera está por pronunciarse sobre la apelación, después de haber escuchado a defensa pública y la Empresa Misicuni el 9 de agosto. El caso planteado a la CIDH, el 23 de abril, aún se halla en estudio.
MÁS DATOS
Consorcio y el contradocumento
El Consorcio Hidroeléctrico Misicuni estaba integrado por CCI de Bolivia, Obresca y Vialpa de Venezuela, Change Consulting Group y Gerencia G.C.C. de Colombia y nominalmente por la italiana Grandi Lavori.
La Empresa Misicuni resolvió el contrato con el consorcio en 2013 por falta de solvencia. Luego, se reveló un contradocumento que las empresas usaron para cambiar su participación y pagar a Grandi Lavori por la presentación de su currículo en la licitación.
