CIDH aún no notificó a Misicuni con recurso de empresario procesado
La Empresa Misicuni informó ayer que no fue notificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la solicitud de medidas cautelares que hizo uno de los seis representantes del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), Julio Espinel Martínez.
El empresario se adjudicó la ejecución de la represa en 2009 y en 2017 fue condenado a ocho años por dos delitos.
Los representantes de Espinel, Orlando Vargas de Bolivia y Marlon Díaz de Colombia, explicaron que su mandante recurrió a la CIDH para pedir una medida cautelar para lograr la nulidad parcial del juicio, en fase de apelación, con el argumento de que su participación en el consorcio acabó en 2010 y la resolución del contrato se dio en 2013.
Al respecto, el presidente de Misicuni, Jorge Alvarado, expresó que si el representante de Obresca, de Venezuela, comunicaba su salida del CHM, en 2010, luego de hacer la sucesión a Gerencia, de Colombia, se podía aplicar una multa de casi 20 millones de dólares y resolver el contrato, según lo previsto en el artículo 21 del contrato.
“Él no puede argumentar que está siendo enjuiciado injustamente, porque vendió sus acciones a Gerencia. Más bien esa acción ha sido ilegal y violó el contrato, hubiese significado (si nos hacía conocer) la resolución del contrato sin requerimiento judicial”, declaró.
Los representantes de Espinel argumentaron que la empresa Gerencia G.C.C., de Eduardo Gómez Vásquez, tenía que comunicar la salida de Obresca a Misicuni. Sin embargo, no lo hizo y Espinel acabó entre los seis enjuiciados por conformación de sociedades ficticias e incumplimiento de deberes.
El CHM fue contratado mediante licitación para la construcción de la represa por casi 80 millones de dólares, en 2009.
Díaz dijo: “Espinel nunca se enteró que había un juicio, porque hizo una cesión en 2010 (…)”. Continuó: “Es importante saber por qué la supervisión siguió y por qué los miembros de la Empresa Misicuni no han sido llamados a dar explicaciones”.
Alvarado reiteró que ninguna instancia internacional los notificó y explicó que el representante de Obresca cometió delitos en Bolivia, el principal la conformación de una sociedad ficticia por la firma de un contradocumento que cambió la constitución del consorcio, en 2009, al reducir de 51 por ciento a cero la participación de la empresa italiana Grandi Lavori Fincosit.
Díaz dijo que ayer presentaron en la Sala Penal Primera el eje de la solicitud en la CIDH para que Espinel pueda asumir su defensa en el juicio, que se halla en fase de apelación. Agregó que la solicitud está en estudio en la CIDH y que ésta ha pedido información a Bolivia.
“La resolución del contrato provocó un daño económico de 32 millones de dólares por alza de precios”, Alvarado.
SEIS EMPRESAS INVESTIGADAS
El Consorcio Hidroeléctrico Misicuni estaba integrado por CCI de Bolivia, Obresca y Vialpa de Venezuela, Change Consulting Group y Gerencia G.C.C. de Colombia y por la italiana Grandi Lavori Fincosit.
La Empresa Misicuni resolvió el contrato con el consorcio en 2013 por falta de solvencia financiera. Luego, se reveló un contradocumento (Anexo 16) que las empresas usaron para cambiar su participación en la constitución de la soecidad y pagarle a Grandi Lavori por prestar su currículo para la licitación del megaproyecto.
La Empresa Misicuni procesó a los seis representantes del consorcio por incumplimiento de contrato y la conformación de sociedades ficticias.
