Quillacollo, pronto a cumplir 113 años con reto de dotar servicios
El crecimiento de la mancha urbana hizo que la imagen de Quillacollo, como un pueblo tranquilo donde se podía comprar verduras frescas los fines de semana, quede sólo en el recuerdo para abrir paso a una imponente ciudad marcada por una crisis municipal. La urbe cumple 113 años el 14 de septiembre.
El cambio constante de alcaldes —10 en 14 años— generó que el déficit en acceso a servicios básicos se agrave.
“El desordenando progreso estructural inició en 1985 con la promulgación del Decreto Supremo 21060, que obligó a miles de mineros a trasladarse a diferentes regiones del país. Muchos eligieron Quillacollo”, señaló el investigador e historiador Carlos Vargas.
La migración de personas, principalmente de Tapacarí y Cocapata, hace 20 años, es otro aspecto que contribuyó a la expansión del área urbana, sostuvo Vargas.
Actualmente, el municipio tiene más de 158 mil habitantes, según datos publicados en 2017, por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ahora, en vísperas de festejar su 113 aniversario de creación, vecinos, dirigentes y autoridades municipales reconocen la existencia de demandas postergadas. La principal es la implementación de una red de agua potable y alcantarillado.
Martín Saavedra, dirigente del Distrito 2, recordó que en el afán de atender estos reclamos en 2006 el municipio comenzó como la ejecución de Plan Maestro, un proyecto ambicioso que terminó decepcionando a los vecinos del casco viejo, debido a que con el paso del tiempo generó más problemas.
“Recuerdo que la Comunidad Europea nos dio 5,5 millones de dólares para que se ejecute el proyecto. La Alcaldía invirtió una contraparte de más de 2,5. Hubo serias observaciones al diseño y a la solvencia del Consorcio Cochabamba, que fue la empresa que ejecutó la obra”, relató.
El fracaso de la anhelada obra agudizó más el problema en el sector de la actual terminal de buses y en calles adyacentes a la plaza Bolívar, que terminan inundadas por aguas residuales constantemente, especialmente en época de lluvias, debido a que las tuberías no soportan la cantidad. Esto se debe al crecimiento de comunidades y urbanizaciones de los distritos 4 y 7, dijo el dirigente del Distrito 1, Gerald Quintanilla.
El plan maestro de Quillacollo fue proyectado para los distritos 1, 2 y 3, por lo que, a largo plazo, se convertiría en un inconveniente más, según el exalcalde Charles Becerra.
En su gestión, se concluyó con una consultoría para hacer el cierre técnico por las deficiencias que presentó desde que se firmó el contrato con la empresa en octubre de 2006.
“No pagué ningún cheque, no firmé planillas. Cuando entré, el proyecto ya está paralizado dos años. Cada quien debe asumir su responsabilidad”, afirmó Becerra.
Entre 2006 y 2013, la Alcaldía pagó 50 millones de bolivianos de los 66 millones que se tenían previstos por la instalación de tubos que no conectan a ningún lado.
Juicio
En junio de 2017, el alcalde suspendido Eduardo Mérida inició un juicio contra los exalcaldes Ricardo Mercado, Hugo Miguel Candia, Orlando Espinoza, Marcelo Galindo, Carla Lorena Pinto y Charles Becerra, los cinco primeros del MAS y el último UNE, por conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.
OPINIONES
"El plan maestro fue el gran engaño que le hicieron a Quillacollo. Vamos a solicitar que se realice una auditoría técnica transparente para saber si se puede rescatar algo de este proyecto, porque vemos que los tubos no cuentan con conexiones". Gerald Quintanilla. Dirigente Distrito 1
"Los quillacolleños necesitamos agua porque tenemos déficit. El problema es que no hay infraestructura. Si decidimos traer agua de Misicuni, el primer inconveniente es que no tenemos un depósito para almacenar y tampoco tenemos una red para distribuirlo". Martín Saavedra. Dirigente Distrito 2
EL PROCESO CONTRA SEIS EXALCALDES SE ESTANCA
El asesor legal de la Alcaldía, Milton Escobar, indicó que analiza la documentación del juicio iniciado contra seis exalcaldes por plan maestro porque, según su punto de vista, el proceso fue manejado con fines políticos por el alcalde suspendido Eduardo Mérida.
“En la gestión de Zacarías Jayta, esperamos darle una solución definitiva a este problema. Queremos saber si se pueden utilizar o no las tuberías instaladas”, acotó. Sin embargo, no precisó una fecha en la que asumirán acciones.
Situación
Actualmente, el proceso contra las exautoridades se estancó. Charles Becerra y Carla Lorena Pinto pagaron una fianza de 100 mil bolivianos y tienen arraigo. En tanto que los cuatro exalcaldes sólo tienen arraigo.
“A Jayta le corresponde hacer una auditoría legal técnica para identificar a los responsables, para evitar que se debiten recursos del municipio”, concluyó Becerra.
