Una red de “amigos y empresarios” vulneró reglas de contrataciones
Hay indicios de irregularidades en al menos cuatro contratos por más de 100 millones de bolivianos en el municipio de Cochabamba, entre 2015 y 2018. En tanto, que los casos denunciados en la anterior gestión por más de 40 millones de bolivianos no se investigaron con rigurosidad.
Las primeras sospechas sobre los arreglos en las contrataciones comenzaron con las denuncias de sobreprecio en la contratación del seguro para el municipio, donde los proponentes fueron descalificados inadecuadamente para favorecer a la oferta más cara.
Luego, surgieron observaciones al desayuno escolar que se adjudicó a empresas sin registro sanitario. En tanto, que en abril se destapó el caso mochilas por indicios de sobreprecios y direccionamiento en la contratación. La denuncia marcó la salida del alcalde José María Leyes, quien en 2015 ganó las elecciones con los Demócratas con el 56 por ciento frente al 35 del MAS.
Los contratos que están bajo la lupa son cuestionados por haber vulnerado normas y principios de transparencia y economía de las licitaciones. Leyes guarda detención domiciliaria desde el 21 de abril por denuncias de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros delitos.
También se investiga a los representantes de las empresas que presuntamente se favorecieron con contratos.
Entre ellas están MSPC y Mame Comp por el caso Mochilas I por la adjudicación de 12,4 millones de bolivianos y Mochilas II por 12,7.
También se rastrea su participación en 15 ocasiones en la provisión de cemento asfáltico en 2015 por más de 20 millones. (Ver infografía)
En el proyecto Ciudad Segura se indaga la compra con presunto sobreprecio de equipos adquiridos de Huawei y Hansa, sin que los recursos estuviesen previstos en el POA 2016.
Análisis
Según algunos analistas, este tipo de adjudicaciones muestra la existencia de una aparente red de “amigos y empresarios”, que direccionaban los procesos para descalificar a la “competencia” y dejar el camino libre para determinados proponentes.
Para que esta red funcione se ubicaron a personas en puestos estratégicos en Finanzas, Atención al Ciudadano, Desarrollo Humano y Seguridad. Además, se filtró información privilegiada.
La red operaba con la comisión encargada de revisar las propuestas de las empresas para descalificar a los proponentes serios y anular las licitaciones para llegar a una contratación directa.
Los proponentes que no formaban parte de los acuerdos fueron descalificados por pequeñas observaciones como la falta de “una firma, un correo electrónico, el número de contacto telefónico o el Número de Identificación Tributaria (NIT) en sus formularios de propuestas”, según la documentación revisada.
“Estos cargos deben ser ocupados por técnicos que no respondan a los intereses personales de una autoridad o un funcionario”, dijo la asambleísta Lizeth Beramendi.
La anterior gestión
La representación de Transparencia denunció en 2013 la adjudicación de la escuela Juancito Pinto, en Villa Flores por K’ara K’ara, por 5,9 millones a la constructora Puchens. Además de observarse su parentesco con un concejal, se cuestionó que el alcalde Edwin Castellanos haya enviado el contrato al Concejo Municipal antes de lanzarse la convocatoria. El caso fue cerrado por la Fiscalía. Tras el colapso del puente Independencia, la primera comisión de fiscales que investigó el hecho observó el proceso de contratación, porque la Alcaldía le dio dos obras simultáneas a la empresa Álvarez. (Ver infografía)
ANÁLISIS
Las invitaciones directas hacen que se rompa la institucionalidad
Fernando Salazar, Sociólogo
La institucionalidad legal ha sido mermada y está siendo cada vez más desconocida y totalmente vulnerada por la institucionalidad subterránea, que ha logrado que se creen mecanismos desde el Estado que permiten desconocer y acortar los procedimientos y hacer frágil las instancias de regulación.
Las contrataciones directas son una de las formas que desde el Gobierno de Evo Morales se ha ido consolidando cada vez más. Y hacer caer una licitación pública es lo más sencillo, porque luego de las tres convocatorias viene la invitación directa. En este sentido, lo único que hace cada gobierno municipal es es hacer lo que hace el Gobierno, sólo que cuando se trata de un partido político diferente al nacional, el Estado hace un seguimiento diferente.
Sugieren realizar auditoría forense
La institucionalidad legal ha sido mermada y está siendo cada vez más desconocida y totalmente vulnerada por la institucionalidad subterránea, que ha logrado que se creen mecanismos desde el Estado que permiten desconocer y acortar los procedimientos y hacer frágil las instancias de regulación.
Las contrataciones directas son una de las formas que desde el Gobierno de Evo Morales se ha ido consolidando cada vez más. Y hacer caer una licitación pública es lo más sencillo, porque luego de las tres convocatorias viene la invitación directa. En este sentido, lo único que hace cada gobierno municipal es es hacer lo que hace el Gobierno, sólo que cuando se trata de un partido político diferente al nacional, el Estado hace un seguimiento diferente.
Identifican tres acciones contra los gobiernos municipales de “oposición”
Redacción central
Los Tiempos
Según la asambleísta Lizeth Beramendi existen tres factores que hicieron que la gestión del alcalde suspendido José María Leyes atraviese por esta crisis institucional en la cual se detectaron presuntos actos de corrupción.
El primer factor, señala Beramendi, es la asfixia económica del Gobierno central contra los gobiernos municipales “de oposición” recordando las palabras del Vicepresidente, quien en 2015 señaló que “solamente en los municipios donde el MAS gane ahí vamos trabajar con el proyecto Evo Cumple”.
El segundo, apuntó al mal asesoramiento que tuvo Leyes del entorno de sus “amistades”, quienes ocuparon cargos importantes en el municipio y estos aprovecharon “la oportunidad” para sus intereses económicos.
Y el tercer factor es la justicia del lado del Gobierno central al indicar que sólo en los gobiernos municipales de oposición existe esa “eficiencia en los procesos de investigación”.
“El tercer elemento es el brazo operador del actual Gobierno, el aparato judicial que responde a los mandatos políticos del MAS, en ese sentido ha empezado a hacer procesos de fiscalización, que son correctos, pero esos procesos han avanzado tan rápido con la oposición y no ocurre lo mismo en los gobiernos (municipales) del oficialismo donde se estancan las investigaciones”, lamentó.
Se espera el informe final de la Unidad Financiera
Redacción central
Los Tiempos
El informe preliminar de movimientos financieros sospechosos que elaboró la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sólo reveló la primera parte de la investigación si se considera que ésta sólo se enfocó en las transacciones que hizo el alcalde José María Leyes, suspendido en abril por el caso mochilas. Además, de los exsecretarios de Finanzas, Diego Moreno, y de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla, entre otros funcionarios.
En el informe ampliatorio que realiza la UIF recién se investigará al entorno familiar y no familiar de los funcionarios y exfuncionarios investigados por los supuestos actos de corrupción del caso Mochilas I y II.
Además de la compra de cemento asfáltico, las cámaras C-4, entre otros proyectos se detectaron presunto sobreprecio.
