A 3 años del colapso del puente, las argucias dominan y evitan juicios

Cochabamba
Publicado el 21/10/2018 a las 0h00

 La noche del 22 de octubre de 2015 aún permanece grabada en la memoria de los vecinos de la avenida 6 de Agosto e Independencia, al igual, que en la de muchos cochabambinos. El colapso del puente marcó el inicio de un largo proceso legal.

Después de tres años hay siete acusados por el desplome de la plataforma, pero no hay fecha para el juicio.  

La caída ocurrió cuando una flota pasaba por el puente, un ruido fuerte alertó a quienes se encontraban por el lugar. De pronto, la plataforma de concreto se hundió y la flota tuvo que acelerar su paso. De manera inmediata se cerró el tránsito y el puente no volvió a habilitarse hasta la fecha.

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El paso a desnivel permaneció cerrado durante siete meses. El 19 de mayo se demolió la plataforma, pero se dejaron los arcos y accesos. “Se ve muy mal que haya quedado así. Está abandonado y desluce a la zona”, manifestó una vendedora, Leticia Daga. 

A esto se suma que un grupo de personas en situación de calle viven bajo uno de los accesos. Generan inseguridad y temor en los transeúntes. “No se puede caminar por ahí cuando cae la noche, porque hay asaltos. Es  un riesgo y nadie hace nada”, indicó un vecino, Javier Llanos.

Los negocios cerraron, los comerciantes tienen menos ventas y el lugar aún es caótico. Mientras, se lleva a cabo un proceso penal en medio de irregularidades y sin que nadie haya devuelto nada de los 11,7 millones de bolivianos que costó la construcción. 

Proceso penal

El 5 de noviembre de 2015, el exasambleísta Henry Paredes presentó una denuncia y recién 11 días después lo hizo la Alcaldía contra el exalcalde Edwin Castellanos y los exoficiales mayores de Infraestructura y Finanzas, Sergio Rodríguez y Oswaldo Delgadillo, respectivamente. Además del consultor que hizo el diseño y luego supervisó la obra, Nelson Vega, y al representante de la empresa constructora Álvarez Ltda. (Ver infografía).

Un procesado y actual concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Sergio Rodríguez, expresó que hay deficiencias desde la denuncia, pues no se convocó a los responsables directos. 

“Yo no revisé y firmé los planos fue otro funcionario que nunca fue investigado. El responsable del proceso de contratación tampoco. Se señaló que la contratación del supervisor como diseñador era contraria a la ley, pero nunca se llamó a quien hizo ese contrato. Es más, fue premiado por la actual gestión como subalcalde”, explicó. 

Siguió: “Hubo dos oficiales mayores de infraestructura después de mí que no se convocaron. Además, la persona que hizo el acta de recepción y liberó todas las garantías a la empresa, tampoco fue investigada y sigue en la Alcaldía”. 

El exalcalde Castellanos considera que la denuncia fue política. “Yo nunca hubiera hecho una denuncia penal. Le habría exigido a la empresa que reponga el daño lo antes posible y a lo sumo un proceso civil administrativo, pero no penal”, manifestó. 

Se preveía que una vez finalizada la etapa preliminar de investigación, de seis meses, se tuviera algún responsable. No fue así. La imputación se amplió dos veces el día que venció el plazo. Entonces, se investigó durante 18 meses. 

En este tiempo se convocó a ocho audiencias para recopilar pruebas, pero se suspendieron, cuatro por la ausencia de abogados de la Alcaldía. 
Además, se tuvieron siete audiencias de anticipo de prueba, que se suspendieron hasta que la jueza anticorrupción dijo que no tenía competencia para admitirlas. 

El proceso está a dos semanas de cumplir tres años, en noviembre. Uno de los hechos más controversiales fue la difusión de un audio en el que se escuchaba al fiscal departamental Óscar Vera dar órdenes para ampliar la imputación, en lugar de acusar. 

De ser así el proceso llegaría a los tres años y se corre el riesgo de que se extinga. Los fiscales decidieron acusar, pero fueron removidos y después tres nuevos fiscales ampliaron la imputación y ahora se subsana este hecho para abrir el juicio.

DATOS

Colapsó luego de ocho meses 

El puente de la avenida Independencia se inauguró en diciembre de 2014. Según el concejal Sergio Rodríguez, se hizo de manera anticipada por lo que se habría apresurado el trabajo. 

Ocho meses después, la obra que costó 11,7 millones de bolivianos colapsó de manera parcial. Según las pericias, el error estuvo en el sistema de anclaje que no fue correctamente tensado ni correspondía a la funcionalidad del desnivel.

OPOSICIÓN VECINAL

Vecinos exigen demolición total

Los vecinos de la zona no quieren un nuevo puente. Exigen que el resto de la infraestructura se demuela y no se vuelva a construir una nueva plataforma. 

En reiteradas oportunidades, recordaron que se opusieron a la obra, pues consideraban que generaría perjuicio. 

Además, aseguran que desde que se construyó el puente se dañó el sistema de alcantarillado y siempre se inunda en lluvias. 

Ya no hay barreras legales,  la Alcaldía puede reponer plataforma e ir a juicio

Después de tres años y de la demolición del puente, los restos de la estructura están abandonados. La Alcaldía aún no tomó ninguna decisión sobre la reconstrucción a pesar de que ya no existe ningún impedimento judicial. 

Luego, del hundimiento la plataforma permaneció en el lugar por siete meses hasta que se tomaron las pruebas para presentar un anticipo de prueba para el juicio. Es decir, se tomaron muestras para determinar la causa del colapso.

Una vez que se tomaron muestras de los materiales para el juicio se entregó la infraestructura al municipio. El alcalde José María Leyes inició la demolición en mayo de 2016 con la frase: “Las malas obras deben ser demolidas y la corrupción también”. 

El municipio decidió derribar la infraestructura principalmente por razones de seguridad, porque se corría el riesgo de que la plataforma se desplome y afecte a las viviendas de la OTB Kanata. 

Una vez que se terminó de retirar la plataforma de concreto los vecinos se movilizaron en rechazo de que ésta se reconstruya. Las últimas pericias técnicas establecieron que los accesos y el arco del paso a desnivel están en buenas condiciones y el destruirlos implicaría un daño económico. 

La última propuesta de la empresa Álvarez Ltda., presentada en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, es reponer la plataforma del puente con todos los involucrados. Sin embargo, los principales implicados rechazaron el plan. 

PROCESO PENAL

1. Pericias

Existen siete informes técnicos y administrativos

A lo largo del proceso se realizaron siete pericias. Dos  de ellas corresponden a los peritos del Instituto de Investigación Forense (IDIF) de la Fiscalía. Otras son de las universidades Mayor de San Andrés y Policial, además de peritos solicitados por las partes. 

Igualmente, existía un informe de la Alcaldía, sin embargo, no llega a ninguna conclusión específica y finalmente fue descartada, supuestamente los técnicos de la empresa son extranjeros y no contaban con la certificación correspondiente en Bolivia. 

La principal conclusión a la que llegaron la mayoría de los informes es que la falla estuvo en la elección del sistema de sujeción, además de los cálculos para su instalación y que no correspondían con la carga dinámica que debía soportar la infraestructura. 

2. Procesados

Los siete imputados tienen medidas sustitutivas vigentes

El proceso comenzó con cinco personas denunciadas y posteriormente imputadas. Luego, se incluyó a dos personas más. En la actualidad son siete los que fueron sometidos a audiencias de medidas cautelares. 

Ninguno de los procesados fue aprehendido o arrestado, en el peor de los casos se llegó a detención domiciliaria. Se trataba del supervisor y diseñador de la obra, quien tramitó el permiso para trabajar como docente en la universidad y finalizar los contratos de supervisión que tenía vigentes en el país.

El resto de los imputados debe presentarse cada 15 días para firmar el libro de la Fiscalía. En el caso del exalcalde Edwin Castellanos se levantó el arraigo para que pudiera viajar por su trabajo como cantante del grupo Tupay. 

3. Gemelo

Puente de la Panamericana tuvo cambio de sistema de sujeción

El colapso del puente en la avenida Independencia despertó una alarma inmediata en el municipio. Esto debido a que el puente gemelo, en la avenida Panamericana, había sido construido por la misma empresa, diseñado y supervisado por la misma persona y con el mismo sistema de sujeción. 

Por este motivo, se cerró el tráfico vehicular casi a la par que el colapsado. Una vez que las pericias determinaron que la falla se encontraba en los anclajes, se decidió realizar el cambio. 

Se tuvo que esperar hasta mayo de 2017, es decir, un año y siete meses para que se adjudicara y cambiara el sistema por uno de rosca. El proceso demoró algunos meses y recién se volvió a habilitar el tránsito por este paso a desnivel a fines de 2016.

En la actualidad permanece en pie. 

4. Audio

Presiones en la Fiscalía para dilatar juicio por el puente 

A mediados de abril de este año salió a la luz un audio donde presuntamente se escucha al fiscal departamental, Óscar Vera, hablando con los tres fiscales anticorrupción. 

En el audio se escucha a la autoridad departamental persuadir a los fiscales para que en la fecha plazo de acusación presenten una ampliación de imputación. De este modo, se ampliaría la investigación por seis meses adicionales. Se hubiera llegado a los tres años sin acusar y eso generaba la extinción del proceso. 

El Fiscal admitió que era su voz en el audio. Él y los fiscales que luego presentaron la ampliación fueron procesados por la vía administrativa. Pero, no se les dio ninguna sanción disciplinaria. 

Los fiscales que no acataron la orden y acusaron fueron removidos, otros presentaron la imputación. 

Frases

"Da un mal aspecto y es un nido de malvivientes que no dejan tranquila a la gente. Para mí sería mejor que lo demuelan todo. Nunca se debió hacer este puente. Las trancaderas son iguales. No cambió nada".

Javier Llanos
Vecino

 

"Durante mucho tiempo dejé de vender, era época de escasez. Cuando ambulo por las flotas, la gente dice: Mira aquí se cayó el puente, porque quedaron estos restos bastante feos".  

Leticia Daga
Vendedora

 

"Hemos visto irregularidades. Pareciera que hay hechos para beneficiar a alguien, porque en otros casos a los 20 días ya hay detenidos y los procesos avanzan rápidamente". 

Sergio Rodríguez
Imputado

 

"No sé qué está esperando la Contraloría. Hace tres años sacó un informe preliminar y hasta ahora no está el informe final. Afecta mucho estar tres años con un proceso penal”. 

Edwin Castellanos
Exalcalde (MAS)


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