Jhasmani redactaba resoluciones judiciales y los jueces sólo firmaban

Siete personas ligadas al consorcio de jueces, fiscales y policías de Jhasmani T. L. fueron aprehendidas por la Policía y el Ministerio Público a pocas horas de que éste fuera transferido a la cárcel de Chonchocoro desde El Abra.

Se trata de la vocal de la Sala Penal Segunda, María Anawella T. P., y su esposo Cliver Yuri T. Q.; el teniente Carlos Armando P. R. del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), el subteniente Hugo M. D. (Iitcup), el sargento Adolfo S. B. de Laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo y el sargento José Armando T. T. de Laboratorio de la Felcc de Cercado.

Además, fueron detenidos el fiscal de materia Óscar Mauricio O. G. y, un día antes, su hijo de profesión abogado, Mauricio O. También existe una orden de captura contra el vocal de la Sala Penal César Nelson P. A.

La fiscal que lleva adelante el caso y que fue amenazada de muerte por ello, Faridy Arnez, explicó los nexos de Jhasmani T. usando de ejemplo sólo dos casos de los muchos en los que habría influido el bufete de abogados Lecrere y Asociados.

Mencionó el caso de las hermanas Adriázola, cuya sentencia de 30 años a los dos implicados fue anulada sólo por un error de transcripción. Resulta que Jhasmani fue abogado de uno de los sentenciados, y los vocales que conocieron el caso en la etapa de apelación fueron Anawella T.P. y César Nelson P. A., quienes se encargaron de anular la sentencia.

Producto de un allanamiento, se secuestraron varias memorias flash y CPU. “Ahí se encontraron proyectos de la resolución de autos de vista del caso Adriázola, donde está todo el proyecto de resolución que data del mes de enero de 2018, que fue entregada a los vocales, con la que se deja sin efecto la sentencia”, dijo la fiscal Arnez.

Hay “jueces que respondían (a Jhasmani) y sus resoluciones se hacían en el bufete de este abogado con plata de por medio. (Por tanto) estamos hablando de un ‘gran consorcio’ de jueces, fiscales, policías y abogados”, complementó el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.

Jhasmani y su grupo de colaboradores no sólo se dedicaban a intimidar y torturar a litigantes y otras personas para hacer cobros de deudas, sino que negociaban fallos judiciales a cambio de montos elevados de dinero y, para tener éxito en sus actos delincuenciales, conformaron una “gran” organización criminal.

Jiménez dijo que este consorcio también estuvo involucrado en el caso de un teniente de la Policía que fue encarcelado por el delito de feminicidio y posteriormente salió de la cárcel con medidas sustitutivas. Se presume que Jhasmani negoció la medida con la misma vocal Anawella.

Traslado del abogado

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, agregó que el traslado de Jhasmani del penal de El Abra, en Cochabamba, a la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, se debió a que seguía operando desde la prisión para amenazar a operadores de justicia.

Hay “unos audios dirigidos contra la fiscal que investiga (al abogado) y se la amenaza de muerte indicando que se aparte de este proceso. Estos audios han sido producidos justamente desde el penal de El Abra, incluso policías han sido amenazados”, apuntó Quiroga.

Por otro lado, un informe de Inteligencia reveló que el abogado torturador pretendía darse a la fuga, mientras el Ministerio Público dispuso la conformación de una comisión de fiscales superiores para que coadyuve en las investigaciones.

En tanto que el comandante general de la Policía, Rómulo Delgado, aseguró que los cuatro efectivos policiales que fueron detenidos serán sometidos a un proceso interno disciplinario y que, de acuerdo al grado de responsabilidad de los mismos, se los daría de baja.

EL LOGO DEL BUFETE ERA LA MARCA

El representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, dijo que varios integrantes del consorcio tienen un tatuaje en alguna parte del cuerpo que los identifica. Se trataría de una especie de pirámide que es parte del logotipo del bufet Lecrere y Asociados.

“Llama la atención, a decir del propio implicado (Jhasmani T.), varias de las personas que pertenecen a esta organización tendrían un tatuaje con el cual identifican a las personas que pertenecen al grupo”, señaló Veizaga.

ESPOSO DE VOCAL ERA EL TÍO DE JHASMANI

Según la fiscal Faridy Arnez, Jhasmani T. L. llamaba a la vocal María Anawella T. P. “tía” y a su esposo Cliver Yuri T. Q., “tío” porque este último era el que intervenía en las negociaciones para llevar adelante algún caso.

Cliver Yuri T. Q. fue aprehendido en la Alcaldía de Quillacollo, donde trabaja como funcionario público; incluso aún llevaba su credencial.

“En un audio telefónico que se recuperó (…) él (Jhasmani) se refería como tíos a estos operadores de justicia y negociaba por montos de dinero, se habla de varios miles de dólares”, dijo, desde La Paz, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.

DECLARACIONES

"Lamentablemente, esa organización criminal creció tanto  que llegó a introducirse a instituciones". Faridy Arnez. Fiscal de Materia

"Hay otros consorcios que están funcionando (…) y va para ellos este mensaje: No vamos a permitir que haya esa injerencia ilícita en la sana administración de justicia". Juan de la Cruz Vargas. Fiscal Departamental de Cochabamba

"Este abogado estaba aprovechándose de la situación para tener privilegios y estructurar una organización en El Abra". José Luis Quiroga. Viceministro de Régimen Interior

"Se ha determinado que el señor Jhasmani T., desde su oficina, dirigía procesos judiciales". Diego Jimenez. Viceministro de Justicia

HIJO DE FISCAL ERA EL NEXO CON EL MINISTERIO PÚBLICO

El jurista Mauricio O., miembro del bufete Lecrere y Asociados e hijo del fiscal aprehendido ayer Óscar Mauricio O. G, fue enviado ayer al penal San Pablo de Quillacollo tras la audiencia de medidas cautelares.

Según el fiscal asignado al caso, se demostró a que existen elementos que involucran directamente a estas personas con el consorcio liderado por Jhasmani, pero además se evidenció que existen riesgos procesales.

La fiscal Faridy Arnez señaló que Mauricio O. era el “nexo” entre el bufete de abogados y el Ministerio Público.

“(En el caso del) fiscal de materia (involucrado), el nexo era el hijo. Él era el que manejaba casos en calidad de tramitador, él (fiscal Mauricio O.) llevaba los casos y era quien firmaba como fiscal, y quienes firmaban como abogado era Jhasmani”, dijo.

La fiscal explicó que existe mucha más información sobre el consorcio, que en su momento se dará a conocer. “Para que se den cuenta, esos son los nexos y vínculos que se ha podido ir descubriendo. Hay mucha más documentación, información que no puede ser difundida”.