Ancianos reclaman justicia para su nieta Camila
Dos ancianos, Julia Hergueta y Hugo Brañez, hace más de 10 años buscan justicia en los tribunales de La Paz para su nieta Camila, que murió a sus cinco años. Ellos se enfrentaron a su propia hija Claudia y a su pareja, Víctor Hugo R.Z., ambos investigados por este caso.
“Me motiva el amor que le tenemos a mi nieta, por ella voy a seguir. Estoy a punto de caer, pero voy a continuar”, dice doña Julia. Pese a todo el esfuerzo realizado para conseguir testigos e invertir tiempo y dinero en el juicio, éste al final quedó prácticamente anulado por una “negligencia” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz .
El caso se remonta al 26 de abril de 2009 en La Paz, cuando Camila fue encontrada muerta en la casa de Vítor Hugo R. Z., su padrastro. La versión que él y la madre de la niña manejan es que ella se lanzó por la ventana del segundo piso. “Yo estaba en Cochabamba, Sipe Sipe, recibí una llamada de mi hija, me dijo que mi Camilita se lanzó por la ventana y que estaba muerta”, recuerda don Hugo con pesar.
Después de recibir la llamada, viajo a La Paz. “Según el asesino y mi hija dicen que se lanzó del segundo piso, pero las pruebas demuestran lo contrario, ella fue victimada en la habitación donde durmió esa noche. La necropsia demuestra que existen lesiones en ambos lados del cráneo, esto significa que le pisaron la cabeza hasta matarla. Estos informes también revelan que mi nieta fue violada antes de ser asesinada”, añade el anciano.
Aida Camacho, abogada de los acusados, dice que se hicieron diferentes pericias que desvirtúan la participación de sus defendidos. “No existieron situaciones anómalas en las que la niña habría sufrido un hecho violento, las pruebas testificales dan cuenta de aquello. Los testigos de la parte acusadora en ningún momento pudieron atestar que hubo una situación de esa naturaleza”, señala.
Sin embargo, Camacho reconoce que el primer certificado forense determina de manera preliminar que sí hubo violación, pero fueron exámenes complementarios los que, según la profesional, desvirtuaron esta situación.
Ante esto el abuelo de Camila denunció que el acusado utilizó algunas “maniobras” con las autoridades judiciales y los médicos forenses para manipular los resultados, porque “las fotografías muestran claramente el hundimiento en ambos lados del cráneo, no es como ellos dicen que se lanzó por la ventana”.
La abuela dice que en una de las audiencias fue amenazada por los familiares del sindicado, quien en la actualidad es docente de la Universidad Pública de El Alto. “El hermano mayor me amenazó de muerte. En una oportunidad al salir de una audiencia mi hija me empujó contra la pared y me exigió que quite la denuncia”, recordó Julia.
Don Hugo lamenta que sean 10 años que no habla con su hija porque para él es la única que puede decir qué es lo que ha pasado con su nieta. “Yo inicié el proceso contra ella porque sabe la verdad de todo lo que pasó, pero no quiere decir nada por proteger a su pareja, con quien ahora tienen una hija”, cuenta.
La Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio y Delitos contra la Niñez hace el seguimiento y apoya a los abuelos de Camila en este caso. Una de las representantes de la institución, Melisa Ibarra, denunció que existe un “encubrimiento” porque además de que en 10 años la justicia no ha resuelto la muerte de la niña, los acusados viven casi de manera normal porque gozan de medidas sustitutivas.
“Víctor Hugo R. Z. es docente de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). El rector dice que no puede suspenderlo hasta que exista una sentencia”, señaló.
Según Ibarra, Claudia B. llevaba a su hija donde su pareja, pese a la negativa de los abuelos, “dentro de la hipótesis que se maneja, se sabe que la niña era violada delante de la madre, es decir, que ella tenía conocimiento y no hizo nada”.
FOJA CERO
Cambio de vocales afecta el juicio
El 28 de marzo de 2019, la abogada de los abuelos de Camila, Paola Barriga, denunció que a causa del cambio de vocales del Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal de Justicia de La Paz el juicio quedó anulado.
Barriga mencionó que a consecuencia de este cambio todo el proceso del juicio oral vuelve a foja cero, lo que implica que nuevamente se debe convocar a los testigos de ambas partes para que presten su declaración.
“Habíamos avanzado bastante con el juicio, se terminó con la declaración de todos los testigos. Costó tanto a los abuelos traer a los testigos, vemos negligencia por parte del Consejo de la Magistratura”, declaró.
“Tenemos dos jueces nuevos y el otro sacó baja médica”, informó Aida Camacho, abogada de los acusados.
“No hay un seguimiento, no hay control y no hay una sanción”
Rocío Corrales
Los Tiempos
En Bolivia todos los días se reportan noticias sobre violencia sexual a menores o infanticidios. Cada vez los casos son más crueles.
La diputada y por varios años jefa de la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia en Cochabamba, Cira Castro, señaló que “más del 90 por ciento de las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes se dan en el entorno familiar, (…) los agresores son padres, padrastros o algún familiar que convive con la víctima”.
Aseguró que el principal problema luego de una denuncia es que no existen mecanismos para apoyar a la víctima y el entorno familiar y esto termina en el desistimiento.
Según el informe del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, en 2018 se registró 2.141 denuncias de violación, de las cuales 1.214 son a mujeres mayores de edad y 927 a niñas y adolescentes.
Por su parte, Rodrigo Gazauhi, experto en derechos humanos y acceso a la justicia, alega que más allá de las cifras oficiales de denuncias existentes hay datos ocultos, que son todos aquellos hechos de violencia sexual contra la niñez encubiertos o no denunciados.
Aunque existen leyes que defienden a la población infantil, éstas -según Castro- no están acompañadas por recursos económicos, humanos e infraestructura suficiente.
A esto Gazauhi suma que es urgente asignar recursos humanos, económicos y materiales adecuados para el tema de acceso a la justicia en casos de violencia contra la niñez.
Castro en la misma línea dice que la mayoría de las instituciones no cuenta con recursos humanos idóneos que tengan la capacidad de manejar e interpretar esta problemática.
“Tiene que haber más responsabilidad por parte de los funcionarios que trabajan en el tema, de los responsables del nivel central, desde el Ministerio de Justicia no hay un seguimiento, no hay control y no hay una sanción para los funcionarios que no cumplen con su deber”, añadió.
