Bolivia se arriesga a sanciones en aviación

Publicado el 02/12/2016 a las 4h45
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Las condiciones en las que fue autorizada la salida del avión de LaMia del aeropuerto Viru Viru, que tenía varias observaciones técnicas, que el lunes se estrelló en Medellín dejando 71 muertos, apuntan a que hubo negligencia en funcionarios de Aasana y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Según varios especialistas, al haber obviado la normativa en aeronáutica internacional, Bolivia se arriesga a ser sancionada por la OACI y hasta perder la categoría 1, lo que impediría a líneas bolivianas ingresar a EEUU.

Para el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, ambas cosas no están relacionadas, pero ayer apartó de sus cargos a los ejecutivos de Aasana y la DGAC mientras duren las investigaciones y suspendió a LaMia como operador aéreo. Desde Colombia, se informó que las cajas negras del avión serán investigadas por expertos británicos.

En tanto, el director general de LaMia, Gustavo Vargas, optó por no dar declaraciones cuando surgen indicios de sus nexos con el Gobierno del presidente Evo Morales.

“No tiene nada que ver el aeropuerto con el accidente de una aeronave, las investigaciones a futuro demostrarán alguna falla técnica, alguna falla de coordinación, alguna falla en el avión, no lo sabemos en este momento, es precipitado hablar”, señaló ayer en conferencia de prensa el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.

Sin embargo, Omar Durán, abogado especialista en seguridad, defensa y desarrollo, aseguró ayer que cuando se difundan los informes finales de las causas del accidente aéreo del Chapecoense, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) harán investigaciones exhaustivas para identificar los protocolos vulnerados antes del despegue del avión siniestrado. Esto puede repercutir en fuertes sanciones para Bolivia.

Otro experto consultado, que pidió no revelar su nombre, explicó que la OACI, brazo operativo en aeronavegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), establece una serie de protocolos para resguardar los vuelos, que deben ser cumplidos por los países miembros de forma obligatoria.

“Por ejemplo, la OACI identifica elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional y son ocho. Cada Estado Miembro, en su esfuerzo por establecer e implantar un eficaz sistema de vigilancia de la seguridad operacional que refleje la responsabilidad que comparten el Estado y la comunidad aeronáutica, debería abordar todos los elementos críticos, los cuales abarcan todo el espectro de actividades de la aviación civil que van desde el otorgamiento de licencias al personal, las operaciones de aeronaves, la aeronavegabilidad, los servicios de navegación aérea, los aeródromos y la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves”, explicó.

Pero acotó que, según informes, hay dudas sobre la forma en la que LaMia obtuvo su certificado de operaciones después de conocerse que Gustavo Steven Vargas Villegas, que figuraba en la DGAC como su Director de Registro Aeronáutico Nacional, es hijo del director general de la aerolínea LaMia, Gustavo Vargas Gamboa.

Entre las atribuciones de la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional, según el Decreto Supremo 28478, está asignar matrículas nacionales a las aeronaves que reúnan las condiciones estipuladas en la Ley de Aeronáutica Civil de Bolivia.

Además, el periódico El Deber también difundió declaraciones de una funcionaria de Aasana que señaló que el plan de vuelo de la aeronave tenía cinco observaciones, a pesar de las cuales se autorizó el despegue.

Al respecto, Durán indicó que la única entidad con la potestad de dar autorizaciones a vuelos internacionales desde Bolivia es la DGAC. “La negligencia no ha sido en Aasana, ellos hicieron la observación pertinente y emitieron la recomendación para que no despegue ese avión. La negligencia es más por parte de la DGAC (…). Si la DGAC cumpliera lo que dice la ley, esto no hubiera pasado jamás”, afirmó.

Uno de los especialistas consultado por Los Tiempos afirmó que “Bolivia, como Estado, ha luchado mucho para tener esa Categoría 1. Por un error, un gran error, si es que han dado el permiso de operaciones sin seguir todos los procedimientos y mucho más si hubo injerencia política, puede llegar una comisión de la OACI para realizar una auditoría a los obrados de la DGAC y, si se comprueban irregularidades en la otorgación de permisos, pueden proceder con quitar la Categoría 1 al país”.

Por otra parte, también cuestionó la forma en que se aprobó el plan de vuelo, documento que es llenado por el despachador aéreo y por el piloto y que se entrega también a dependencias de Aasana.

Recordó que, según los datos que se conocen, el avión no tenía la autonomía de vuelo necesaria para llegar a su destino.

“El despachador es parte de la compañía (aérea), generalmente se queda en las oficina en que han despachado; pero en los vuelos chárter (el caso de LaMia) se embarca. Es corresponsable de lo que ha pasado, el despachador hace el cálculo de la distancia y ahí consigna cuánto de combustible va a necesitar, cuánto tiempo, a qué altitud, hasta su (aeropuerto) alterno.

Todo eso calcula el despachador, firma el plan de vuelo y firma el despacho en sí, también firma el capitán. Es como una declaración jurada y están garantizando que esa aeronave tiene combustible para ir de origen a destino más un (aeropuerto) alterno y (otros) 45 minutos más de combustible”, explicó.

Adicionalmente, el secretario de Seguridad Aérea de Colombia, Freddy Bonilla, precisó ayer que el trámite administrativo del vuelo que gestionó la empresa LaMia para ingresar al espacio aéreo colombiano tenía como origen "Cobija, al norte de Bolivia, y no el aeropuerto de Viru Viru, mucho más distante", según reportó Deportes Telam.

"No lo habíamos autorizado tal como se hizo —de Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a Medellín—", dijo Bonilla en declaraciones a AM 950 Radio Belgrano, sino de un aeropuerto que se ubica en Cobija, "mucho más al norte de Bolivia, en el límite con Perú y Brasil", lo que dejó entrever que el avión que trasladaba al equipo de fútbol Chapecoense y que al caer causó la muerte de 71 personas, no tenía la capacidad técnica operativa necesaria para cubrir más de 2.900 kilómetros, distancia que hay entre Viru Viru (Santa Cruz) y Río Negro, en cercanías con Medellín.

A su vez, el ministro Claros señaló que, debido a las observaciones surgidas, se instruyó la suspensión del certificado de operador aéreo a LaMia, también la investigación del permiso de autorización de esta empresa, si es que cumplió los requisitos necesarios.

Sobre posibles fallas en personal de tierra, sostuvo que el Gobierno tomará todas las acciones que amerite el caso, si los resultados arrojan responsabilidades técnicas, administrativas u operativas, se tomarán las acciones legales correspondientes.

“No es el primer vuelo internacional que ha realizado (LaMia), existen requisitos que ha debido cumplir la empresa para ser autorizados (sus vuelos), eso es lo que estamos investigando. Si ha habido una infracción o si se ha obviado lo que es la reglamentación, lo veremos en los resultados (…) y vamos a aplicar todo el peso de la ley en lo que corresponde a las responsabilidades siempre que se hayan incumplido o haya habido omisiones”, indicó.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de Colombia informó ayer, según reportes de la agencia AP, que las cajas negras, piezas claves para ofrecer pistas sobre lo que le ocurrió al avión BAE 146 Avro RJ85, se llevarán a Gran Bretaña en los próximos días para ser estudiadas.

Las cajas negras son los dispositivos que graban las conversaciones de cabina y los datos de vuelo de una aeronave.

Nexos políticos

A pocos días del accidente que se llevó a la mayoría de los miembros del club brasileño Chapecoense, que iba a jugar la Copa Sudamericana a Colombia, surgieron una serie de versiones sobre posibles vínculos de los asociados de LaMia y autoridades de Gobierno.

En la cuenta de Facebook del piloto fallecido, Miguel Quiroga Murakami, quien además era socio de la empresa junto a Marco Antonio Rocha Venegas, aparecen fotografías de servicios prestados al presidente Evo Morales; al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al gobernador de Beni, Alex Ferrier.

 

NEXOS CON GOBIERNO

El director general de la siniestrada aerolínea LaMia Bolivia y ahora general retirado, Gustavo Vargas Gamboa, fue ascendido al generalato con aprobación de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores en diciembre de 2009.

Vargas Gamboa era parte de una lista de siete solicitudes de ascenso, enviada por el Ejecutivo en octubre de ese año, de la que sólo se aprobaron dos ascensos.

Un antiguo camarada suyo, que pidió guardar su nombre en reserva, afirmó a este medio que durante los años 2008, 2009 y 2010, Vargas Gamboa fue piloto del presidente Evo Morales. En la red social Facebook circula una fotografía del ejecutivo de la aerolínea junto al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, ambos dentro de un avión, y un texto que señala a Vargas Gamboa como instructor del grupo aéreo presidencial.

Vargas Gamboa fue comandante de la I Brigada Aérea de El Alto y en 2007 estuvo involucrado en la compra de aviones chinos, cuestionada por “sobreprecio” y por “defectos técnicos”.

También se conoció que Gustavo Steven Vargas Villegas, hijo de Vargas Gamboa, era director del Registro Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cargo del que habría sido destituido ayer.

 

REPATRIACIÓN DE CUERPOS

Los restos de los cinco tripulantes bolivianos que perdieron la vida en el trágico accidente de la aeronave LaMia 2933, el pasado lunes a 30 kilómetros de Medellín (Colombia), llegarán esta tarde a las 14:00 al aeropuerto internacional de Viru Viru de Santa Cruz, informó ayer el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Javier Baldivieso, quien se encuentra desde ayer en esa ciudad colombiana para coadyuvar en las tareas de repatriación de cuerpos.

Informó que las cinco víctimas fatales, sus familiares y las autoridades nacionales que viajaron hasta Colombia, llegarán en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). No obstante, aclaró que dicho horario podría ser modificado; inicialmente, se tiene como hora de partida las 09:00 (hora boliviana).

Las cinco víctimas bolivianas son: Miguel Quiroga (piloto), Ovar Goytia (copiloto), Sissy Arias (copiloto), Rommel David Vacaflores (asistente) y Álex Quispe (asistente). Según Baldivieso, es probable que los supervivientes bolivianos, Ximena Suárez (azafata) y Erwin Tumiri (técnico de la aeronave) permanezcan en Medellín durante dos días más bajo observación médica.

Baldivieso arribó la mañana de ayer a Medellín  junto al viceministro de Régimen Interior, Julio Villa y a la viceministra de Salud, Carla Parada.

 

CAMBIOS EN AASANA, DGAC Y SUSPENSIÓN A LAMIA

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, determinó ayer suspender de sus funciones a los directivos de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para que “no contaminen” la investigación sobre la autorización del permiso de operación a la empresa LaMia, cuyo avión se siniestró el pasado lunes y segó la vida de 71 personas en Colombia.

“Se ha instruido el cambio del personal ejecutivo tanto de DGAC (Tito Gandarillas) como de Aasana (César Varela). Vamos a hacer un recambio mientras duren las investigaciones. Nosotros no estamos responsabilizando a ninguna persona, pero mientras duren las investigaciones vemos por conveniente que los ejecutivos puedan ser suspendidos”, afirmó Claros.

Explicó que la indagación será integral a Aasana y la DGAC por los permisos otorgados. “Se ha instruido a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas que realice un trabajo coordinado”, afirmó.

Sobre Gustavo Steven Vargas Villegas, hasta ayer director de Registro Aeronáutico de la DGAC, hijo del director de la empresa LaMia, Gustavo Vargas Gamboa, manifestó que fue destituido.

También informó que se llevará adelante otra investigación sobre los capitales y los accionistas de la empresa aérea. Según reportes internacionales, LaMia tiene capitales chino-venezolanos.

 

SI HAY FALLA HUMANA NO SE PAGA EL SEGURO

El pago del seguro a los familiares de las víctimas de la tragedia aérea de la empresa boliviana LaMia podría no hacerse efectivo si es que las investigaciones determinan que el siniestro fue ocasionado por falla o negligencia humana.

De acuerdo con informes, para obtener el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las operadoras aéreas tienen que presentar dos tipos de seguro: de casco y de daños a terceros.

Un especialista consultado por este medio explicó que el “seguro de casco” es el que cubre a la tripulación de la aeronave, los pasajeros y la carga. En tanto, el de daños a terceros da cobertura en caso de que una aeronave accidentada dañe, por ejemplo, alguna propiedad o a terceras personas. Para que se active la póliza o seguro, se tienen que esperar los resultados de la investigación. "Si en este caso se evidencia que la falla fue humana y que, además, hubo otros errores humanos, la aseguradora puede no pagar la póliza, porque una empresa de seguros nunca pierde”, sostuvo el especialista que pidió no ser identificado.

También explicó que los seguros de las empresas aéreas son reasegurados en el exterior, particularmente Inglaterra, como una especie de refuerzo porque se deben cubrir los daños sufridos por las personas transportadas, la responsabilidad civil derivada de daños causados a terceros a causa de un accidente, los daños producidos en las mercancías transportadas y los originados en el propio avión, entre otros riesgos que puedan surgir.

 

SU DIRECTOR GENERAL EVADIÓ A LA PRENSA

LaMia opta por callar ante presuntas irregularidades en la salida del vuelo

La empresa LaMia Corporation SRL, cuyo avión se precipitó a tierra el pasado lunes dejando como resultado 71 víctimas fatales, no emitió informe alguno respecto a las supuestas fallas técnicas y protocolares previas al vuelo. Este medio buscó la postura del director general de esta aerolínea, Gustavo Vargas, pero éste no respondió a los llamados telefónicos y en su oficina informaron que partió a Colombia a recoger los cuerpos de las víctimas bolivianas del accidente.

Ante la insistencia de los medios de comunicación de Santa Cruz, que permanecieron por varias horas en el exterior de las oficinas de LaMia, Antonio Bedregal, quien dijo ser el director de mantenimiento, se limitó a informar que la suspensión de la licencia de operaciones, anunciada la mañana de ayer por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, es un protocolo que se aplica en caso de accidentes, más aún cuando el hecho involucra víctimas humanas.

Consultado sobre las supuestas fallas técnicas de la aeronave o el insuficiente combustible utilizado para el viaje, aseguró no estar calificado para emitir un criterio responsable. Además, dijo que las investigaciones se iniciaron en Colombia, por lo que se debe aguardar los resultados.

Quedan flotando dudas sobre el origen de la empresa, sus propietarios (pues existen versiones que indican que no serían los que aparecen en los documentos), qué pólizas de seguro posee, por qué no recargó combustible en sus dos alternativas marcadas, y muchas otras.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la cartera de Obras Públicas está procesando la información y, posteriormente, determinará si amerita o no iniciar una investigación a nivel de Gobierno. No obstante, agregó que "nosotros recogemos la preocupación en sentido que todos los aspectos inherentes al vuelo deben ser esclarecidos".

Por su parte, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, indicó que hay que otorgarle el tiempo necesario para que Colombia realice las investigaciones y que, después, en caso de "encontrarse irregularidades en el ámbito de la competencia del Ministerio, vamos a actuar".

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