Lucha contra corrupción en Brasil suscita enfrentamiento constitucional

Joe Leahy

Cuando el presidente de Brasil, Michel Temer, fue acusado de corrupción la semana pasada por presuntamente discutir sobornos con Joesley Batista, el expresidente de JBS, la mayor empacadora de carne del país, no tomó las acusaciones cruzado de brazos.

Tras convocar a sus partidarios, Temer pronunció un discurso insinuando que su principal verdugo, el Procurador General independiente de Brasil Rodrigo Janot, recibió un soborno a cambio de presentar cargos penales contra él.

En un giro que el propio presidente admitió que era digno de la trama de una de las melodramáticas telenovelas del país, alegó que Batista pagó a Janot a través de un contacto mutuo para que aceptara una negociación de condena detallando las acusaciones contra el mandatario brasileño. Esto fue a cambio de que Batista no pisara la cárcel. Janot ha negado las acusaciones.

"De hecho, esto es un ataque contra nuestro país", dijo Temer sobre la acusación en el tribunal supremo, la cual representa la primera vez que un presidente en funciones ha enfrentado un proceso penal.

Las tensiones entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y un poder judicial independiente y la oficina del ministerio público es una parte normal de cualquier democracia.

Pero después de más de tres años de profundas investigaciones por corrupción en Brasil conocidas como Lava Jato que han descubierto irregularidades a los más altos niveles, el enfrentamiento Temer-Janot muestra cómo la batalla se está convirtiendo en un enfrentamiento entre los distintos poderes del estado.

Es un conflicto que algunos alaban como una muestra de la fortaleza de las instituciones del país más grande de América Latina, pero otros temen que se esté saliendo de las manos y que esté evitando que el país salga de la recesión.

"Conforme avanzan las investigaciones, podría surgir en Brasil un malestar en relación con ciertos abusos o decisiones precipitadas adoptadas por los fiscales o los tribunales inferiores", dijo Fernando Schüler, un politólogo de Insper, una universidad de negocios en Sao Paulo.

Comenzando con la petrolera estatal Petrobras, los fiscales independientes y la policía federal de Brasil han descubierto una serie de esquemas en los cuales los empresarios sobornaban a los políticos a cambio de favores.

Su labor ha sido respaldada por jueces como Sêrgio Moro (de la corte federal de primera instancia en la ciudad meridional de Curitiba), conocido por sus duros fallos.

Los investigadores ganaron una victoria de alto perfil al condenar este año al expresidente de la cámara baja Eduardo Cunha por corrupción. Luego vino la negociación de condena de JBS, que también implicó a Aécio Neves, el presidente del partido PSDB, el principal socio de la coalición de Temer, quien fue suspendido del Senado.

Las investigaciones han demostrado ser políticamente populares y se han ganado elogios incluso de líderes empresariales por ser buenas para el fortalecimiento de las instituciones.

"La crisis es compleja, pero saludable", dijo Raul Padilla, director ejecutivo de Bunge Brasil, la compañía de agronegocios.

Sin embargo, en las últimas semanas ha habido señales de retrocesos. En primer lugar, el tribunal electoral del país rechazó una solicitud para cancelar el mandato de Temer bajo la presunta razón de que su campaña de 2014 había sido financiada con dinero de la corrupción. Luego, la semana pasada, Neves fue liberado para regresar al Senado, mientras que una de las condenas anteriores de Moro, que ordenaba encarcelar al extesorero del exgobernante Partido de los Trabajadores, João Vaccari Neto, fue anulada.

Además, el congreso ha estado tratando de limitar las atribuciones del poder judicial, incluso a través de un proyecto de ley de "abuso de poder" para castigar a los fiscales y a los jueces que se consideren estar actuando "excesivamente" y un proyecto de ley para conceder una amnistía a las donaciones ilegales a las campañas.

Schüler, de Insper, dijo que también había conflictos dentro de las instituciones, tales como el poder judicial. Los tribunales superiores de Brasil siguen una forma más tradicional de la ley muy preocupada con el procedimiento y la evidencia, conocida como "garantista", dijo. A ésta a menudo se la critica por ser demasiado lenta y pedante, permitiendo a los sospechosos salir libres por motivos técnicos.

Moro y los jóvenes fiscales independientes, por su parte, emitieron juicios sacando conclusiones lógicas de sus pruebas. Esto es más decisivo, pero a veces demasiado subjetivo, dicen los críticos.

Incluso en momentos en que el enfrentamiento Janot-Temer alcanza su punto crítico, la mayoría de los analistas cree que el presidente va a sobrevivir a la acusación debido a su fuerte apoyo en el congreso, el cual, según la constitución, debe dar la aprobación de dos tercios de sus miembros para que proceda un juicio.

En el ínterin, Janot será sustituido por una nueva procuradora general, Raquel Dodge, cuando su mandato expire en septiembre próximo. Nominada de una preselección hecha por Temer, hasta ahora ha señalado su amplio apoyo a las investigaciones por corrupción.

"Ahora estamos en medio de una transición", dijo Thomaz Pereira de FGV Direito Rio, una escuela de derecho.

Sin embargo, aunque Lava Jato puede haber sufrido algunos reveses, el gobierno sabe que sería un suicidio político intentar detener las investigaciones totalmente dada su popularidad entre los votantes ordinarios, dicen los analistas.

"La investigación está mostrando la realidad de lo que pasa en Brasil, lo cual es muy importante", dice César Augusto Wosny, un analista de sistemas en Sao Paulo.