Hay mucho en juego en las charlas sobre la deuda de Venezuela

Publicado el 29/11/2017 a las 6h18
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La semana pasada, por invitación del presidente Maduro, un grupo de financieros internacionales viajó a Caracas para comenzar “la reestructuración de deuda más complicada del mundo”, además de la más grande y la más extraña.

En una ciudad asolada por la tasa de homicidios más alta del mundo, los inversores se instalaron en un elegante edificio frente al Palacio. El Gobierno extendió una alfombra roja a sus invitados y colocó una guardia ceremonial.

El vicepresidente Tareck El Aissami dijo a los inversionistas que Venezuela busca una solución “beneficiosa” para todos, y que continuará pagando el servicio de la deuda externa de 150 mil millones de dólares, aunque las agencias calificadoras emitieron avisos de incumplimiento incluso mientras él hablaba. Los participantes se fueron cargados de regalos, pero sin información. El Gobierno, en tanto, dijo que la reunión fue un éxito.

La confusión surge por la complejidad de las deudas, emitidas por varias entidades, con cláusulas legales variadas, y a múltiples actores. Debe 64 mil millones de dólares a los tenedores de bonos, más de 20 mil millones a sus aliados en China y Rusia, 5 mil millones a prestamistas como el BID y decenas de miles de millones a importadores y compañías de servicios que mantienen la industria petrolera bombeando y el régimen a flote.

Caracas no inicia las típicas negociaciones de deuda soberana, que implican el reperfilamiento de la deuda y su sostenibilidad, sino un sombrío juego de póquer, sin límites de apuestas. Con excepción de los tenedores de bonos, para los otros cinco jugadores (el Gobierno, la oposición, Estados Unidos, Rusia y China) el premio va más allá del dinero: la supervivencia política de un Gobierno, el destino de 30 millones de venezolanos y los intereses geopolíticos de tres superpotencias.

El Gobierno sólo quiere sobrevivir. Teme que los tenedores embarguen sus exportaciones de cargas petroleras, lo que privaría a Caracas de su única fuente de ingresos.

Washington quiere restringir a un régimen cada vez más truhán, implicado en el tráfico mundial de drogas.

Moscú, en tanto, busca reducir la angustia de Caracas para lograr una mayor entrada en las Américas. Los intereses de China son más comerciales: tras haber prestado 60 mil millones de dólares a Caracas en la última década, quiere un acceso continuo a sus vastas reservas energéticas.

La falta de reglas incrementa la complejidad. Todos los bonos extranjeros se rigen por la ley de Nueva York, pero la presencia de Rusia y China complica aún más una reestructuración que se llevará a cabo fuera del FMI o del Club de Acreedores de París.

Luego está el hecho de que los dos venezolanos a cargo del proceso, El Aissami y el ministro de economía Simón Zerpa, están sancionados por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y abusos contra los derechos humanos. Su nombramiento es la señal más clara de que Caracas piensa que puede operar en un universo legal paralelo.

Una de las pocas cosas claras es que Venezuela ya no puede pagar sus deudas. Hace 10 años, en medio del auge de los precios de materias primas, disfrutó de una inesperada ganancia de petrodólares de un billón de dólares. Cuando Wall Street le ofreció la posibilidad de obtener aún más dinero, Caracas emitió más de 50 mil millones en bonos. Junto con los préstamos chinos, esto cuadruplicó la deuda externa en 10 años. Gran parte del dinero fue desperdiciada o robada, alcanzando los 300 mil millones de dólares, según exministros. Ahora Caracas se ha quedado sin fondos.

Las reservas extranjeras rondan los 10 mil millones de dólares, lo más bajo en 20 años. Las importaciones se desplomaron 85 por ciento en cinco años, mucho peor que el programa más austero del FMI. La tasa de cambio del mercado negro se disparó 7.000 veces la tasa oficial, y la producción diaria de petróleo se redujo en 20 por ciento respecto del año pasado.

Venezuela entró en hiperinflación el mes pasado, con los precios subiendo más de 50 por ciento. Ninguna economía puede sobrevivir así por mucho tiempo, y el cambio puede también llegar. Es lo que espera la oposición. A pesar de estar increíblemente dividida, tiene una carta fuerte. Las sanciones recientes impiden que las instituciones estadounidenses participen en negociaciones de refinanciación de la deuda venezolana, lo que hace que la reestructuración que Caracas busca sea imposible, a no ser que lo autorice la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición.

En teoría, esto abre la posibilidad de una negociación política que podría lograr un cambio más profundo. La oposición podría aprobar una refinanciación de la deuda. A cambio, el Gobierno permitiría elecciones presidenciales libres, justas y con observación internacional el próximo año, las cuales la oposición (junto con sus partidarios como Estados Unidos y la Unión Europea) espera ganar.

Aun así, el dominio de Maduro es orwelliano. Aparte de la AN, todas las instituciones están bajo su control, incluidos el Tribunal Supremo, los medios, la autoridad electoral y el ejército. La comida es escasa y la que está disponible se dispensa a través de un programa estatal subsidiado que Maduro puede usar para coaccionar al apoyo público. Además, la oposición está exhausta después de que las protestas masivas de este año no produjeron cambio alguno, pese a más de 100 muertes.

Incluso el incumplimiento no tiene por qué ser el final de Maduro. Podría usar los 9 mil millones de dólares de pagos de la deuda que de otro modo vencen en 2018 para duplicar los niveles de importación actual, lo que aumentaría sus posibilidades en las elecciones de 2018 y hacer maniobras legales para confundir los reclamos de los inversionistas en los tribunales.

Promete ser un juego de póquer agotador, pero habrá un ajuste de cuentas. La hiperinflación venezolana y la continua caída del petróleo se encargarán de eso. Moscú y Beijing tampoco reestructurarán indefinidamente sus deudas.

Maduro, quien la semana pasada fue acusado por su ex fiscal general de crímenes de lesa humanidad en La Haya, podría retirarse y escapar al exilio en Cuba. O, mientras desaparecen los ingresos de la exportación, mantenerse firme y reprimir el descontento social. El papel de los militares sería clave: siguen leales a Maduro, pero no siempre lo serán.

El juego será difícil, pero los resultados pueden ser enormes. Eso es especialmente cierto para los inversores dispuestos a librar la batalla que produjo ganancias desmesuradas para fondos buitre que adquirieron la deuda en la reestructuración de bonos de Argentina valuada 100 mil millones de dólares y a la par demandaron por el reembolso completo. Alguien hará la apuesta.

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