Tuto dice que juicio por Quiborax no le preocupa y denuncia persecución
El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que no tiene temor a que se le inicie un proceso de responsabilidades en el caso Quiborax porque la norma que dividió el salar de Uyuni no tiene relación directa con el Decreto Supremo 28579 del expresidente Carlos Mesa.
En entrevista con los Tiempos, Quiroga explicó que el Gobierno pretende “hacerse un autojuicio” porque el Decreto Supremo 26574 responde a la Ley 1854 que fue aprobada cuando el presidente Evo Morales fungía como diputado.
“Él (Evo Morales) votó por esa ley y ahora resulta que quiere criminalizar esa norma y lo que decía esa ley quiere volverlo materia criminal, pues va a tener que enjuiciarse a sí mismo”, dijo.
El pasado viernes, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció que se iniciará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Quiroga y contra exlegisladores de la Asamblea Legislativa que aprobaron una norma para dividir el salar de Uyuni, lo que permitió la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.
Según Quiroga, el anuncio que realizó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, es una respuesta a la conferencia de prensa que brindó en apoyo al expresidente Mesa. “En lugar de procesar a los piratas chilenos (…) están distrayendo a la opinión pública con esta criminalización de la oposición porque no pueden explicar el manejo doloso que han tenido en toda esta materia”, sostuvo.
Afirmó que después de varios casos en los que se le acusa, el juicio de responsabilidades “no me causa ninguna preocupación porque ya tengo años que vengo deambulando y enfrentando esta persecución política”.
Después de que la Fiscalía General presentara una proposición acusatoria en contra del expresidente Carlos Mesa, el MAS ahora apunta al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga con otro juicio de responsabilidades por el caso Quiborax.
Mesa solicitó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) anular el desistimiento de acusación contra un grupo de trabajadores de Quiborax por la falsificación de documentos, como una medida más para intentar revertir la proposición acusatoria presentada por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Además, el expresidente, a través de una carta —difundida también en su blog personal—, objetó que la AEMP retirara el desistimiento de la acusación particular contra Fosck y otros representantes de Quiborax, como también lo hizo la Fiscalía de La Paz, posibilitando así la absolución por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa.
El caso Quiborax estalló tras un laudo que Bolivia perdió ante el Ciadi por lo que debe cumplir con un pago de 42,6 millones de dólares a la firma chilena.
ANÁLISIS
Jurista apunta a funcionarios
El abogado constitucionalista Williams Bascopé responsabilizó a los funcionarios públicos, que llevaron la causa, por el fracaso en el arbitraje que obligó a pagar al Estado 42,6 millones de dólares de indemnización a favor de la empresa Quiborax, pese a que habían elementos que podían favorecer a Bolivia.
Bascopé dijo que en términos políticos “esto sería una alta traición a la patria” que hicieron los funcionarios en contra del país. “Y ante este supuesto hecho cobarde de traición, existen sospechosos que son funcionarios públicos y no podemos callar, porque al último el dinero salió de nuestros bolsillos para pagar esa suma millonaria”, escribió el jurista en su cuenta de Facebook.
