El Gobierno acusa a un vocal de justicia de enriquecimiento ilícito
El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, informó ayer que se ha presentado una denuncia penal contra el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Haider Echalar Justiniano, por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La denuncia se basa en la investigación que se realiza en el Gobierno Municipal de Riberalta, que fue intervenida por una comisión interinstitucional compuesta para indagar casos de corrupción.
Según Jiménez, Echalar fungía entre 2015 y 2016 como asesor general de despacho del alcalde de Riberalta.
En ese periodo, se licitó la obra de mantenimiento para una avenida por casi 2 millones de bolivianos. La irregularidad está en que Echalar, siendo funcionario municipal, financió las boletas de garantía para que la empresa Dianita gane el contrato, lo que, según el Viceministro, implica también que se direccionó la licitación.
Declaraciones juradas
Además, llamó la atención los bienes que declaró el vocal. Según el Ministerio de Justicia, Echalar tuvo ingresos de un millón de bolivianos en promedio durante los últimos tres años, cuando sólo ganaba un sueldo de 10 mil bolivianos.
El Viceministro indicó también que Echalar en 2015 declaró un patrimonio de 1.862.835 bolivianos, pero, cuando ingresó al cargo de vocal, ya tenía bienes por 4.731.467 bolivianos.
El denunciado asumió el cargo judicial en enero de este año.
Jiménez señaló que esas cifras son un indicio de enriquecimiento ilícito, pero que además se encontraron varias inconsistencias en la declaración jurada de bienes del vocal que deben ser investigadas.
La denuncia en este caso es por los delitos de uso indebido de bienes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas.
El Viceministro indicó que en total se presentó tres denuncias por presunta corrupción en la Alcaldía de Riberalta.
DOS DENUNCIAS MÁS
La segunda denuncia es una enajenación ilegal de bienes públicos. Terrenos del municipio de Riberalta aparecieron como propiedad privada y con papeles. Esos trámites se hicieron con documentos falsos, y estarían implicados funcionarios de Catastro, Derechos Reales y hasta notarios.
La tercera denuncia se refiere a dos obras de mantenimiento. La Alcaldía de Riberalta pagó cerca a 100 mil bolivianos por la refacción de dos plazas, pero no se hicieron trabajos ni de pintado. Tras la verificación, la empresa encargada intentó disimular contra una mano de pintura superficial.
