Hay cuarto intermedio en Tariquía; Petrobras se retira

En una reunión sostenida ayer en la comunidad de Chiquiacá Norte, las partes en conflicto por la reserva de Tariquía lograron varios acuerdos, entre los que resaltan la declaratoria de un cuarto intermedio en los conflictos hasta el próximo 25 de marzo, el cese del bloqueo por parte de los comunarios y el retiro (al menos temporal) de Petrobras, junto con los policías que se hallaban en el lugar reguardando a los trabajadores.

La reunión, en la que participaron los dirigentes de los comunarios, contó con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de la Defensoría del Pueblo y de la misma Petrobras, según reportó el diario tarijeño El País.

Los conflictos comenzaron el martes pasado, cuando la petrolera brasileña ingresó a la zona de San Telmo Norte (en la reserva de Tariquía) escoltada por 19 efectivos policiales. En contrapartida, los comunarios de Chiquiacá Norte boquearon el camino de entrada impidiendo el ingreso de maquinaria.

Por el lado sud, YPFB Chaco hizo lo mismo e ingresó en la reserva por El Astillero. Ambas empresas pretenden realizar tareas de exploración y explotación hidrocarburífera, pero los comunarios se resisten al considerar que no fueron consultados para que se realicen estas obras. Tanto el Ministerio de Hidrocarburos como Petrobras alegan que las consultas sí se realizaron.

Ayer, además de los acuerdos de pausa y retiro de las fuerzas del orden, para evitar provocaciones, se acordó una nueva reunión en Chiquiacá Norte con personeros del Ministerio de Hidrocarburos, del Ministerio de Medio Ambiente, el director nacional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) y de Derechos Humanos.

Un día antes, la delegación defensorial de Tarija, por instrucción de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa, llegó hasta Tariquía para verificar y recoger información sobre la situación de los habitantes del lugar, tras el conflicto surgido por el ingreso de la petrolera Petrobras.

Durante la visita realizada, se observó la presencia de un contingente policial compuesto por al menos 18 uniformados, que no portaban armas de fuego ni bastones. Tampoco se reportó enfrentamientos.

Petrobras, por su parte, difundió, también el jueves, un comunicado en el que alega contar con las autorizaciones para realizar las tareas de exploración, tras la consulta realizada en septiembre del 2018, donde los pobladores del lugar aprobaron el proyecto. De esta forma, según la empresa, se logró la ficha ambiental que avaló los trabajos preliminares iniciados el 26 de febrero de este año.

Los policías que ingresaron a la reserva junto con Petrobras también deben retirarse.

“¿CONSULTAS PREVIAS? NO, CONSULTAS EXPRÉS”

“¿Consultas previas? No, consultas exprés”, afirma el investigador del Centro de Información y Documentación Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, sobre el proceso que habría realizado el Gobierno entre los habitantes de la reserva forestal de Tariquía.

Según el experto, aunque Petrobras puede alegar con que cuenta con dos consultas previas a su favor, este proceso adolece de muchas irregularidades y malas intenciones.

En primer lugar, las consultas (fueron dos en realidad), se realizaron en septiembre, pero la firma de contrato con Petrobras tuvo lugar en julio. “Por tanto, mal se podría decir que fue previa. Ya se ve mala intención”, explica Campanini. En segundo lugar, llama la atención la velocidad con que se hizo la consulta. Por ello, la denomina “exprés”.

No sólo eso, se calcula que de las 22 comunidades que hay en el interior de la reserva, sólo una fue consultada. La mayoría de comunidades visitadas está fuera de la reserva. Según Campanini, el Gobierno interpretó que las otras no serían afectadas por las obras, por tanto no había por qué consultarlas. “De allí se entiende la furia de los comunarios de Chiquiacá”, observa.

Una de las consultas es la llamada participativa (con los comunarios); la otra, es la pública, en la que se preguntó a propietarios privados y autoridades estatales, como alcaldías. “Es el Estado preguntándose a sí mismo”, explicó.