Seis alcaldes están bajo sospecha en Quillacollo

Cochabamba
Publicado el 15/05/2016 a las 0h00
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Quillacollo continúa con la seguidilla de procesos contra exalcaldes que marcó su ciclo de ingobernabilidad entre 2005 y 2012, ahora es el turno de seis exautoridades: Ricardo Mercado Mercado, Hugo Miguel Candia, Orlando Espinoza Cotari, Marcelo Galindo Gómez, Carla Lorena Pinto Bustamante y Charles Becerra Sejas.

Los seis están imputados por la Fiscalía por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por no concluir el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Quillacollo.

El proyecto fue adjudicado en 2006 al Consorcio Cochabamba por 66 millones de bolivianos, en la gestión del exalcalde Hugo Miguel Candia. La orden de proceder se entregó el 25 de noviembre y la obra debía terminarse en 649 días. Sin embargo, ésta no fue concluida en nueve años por seis autoridades, dijo el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida.

El plan comprendía instalar redes de alcantarillado y agua potable, construcción de una planta de tratamiento para las aguas servidas en la zona sur y la perforación de pozos de agua en Chojñacollo.

Sin embargo, la empresa sólo realizó la conexión del 97 por ciento de la red de agua potable y del 96 por ciento de alcantarillado, por lo que cobró 50 millones de bolivianos. Pero no perforó pozos y construyó la planta de tratamiento, que tenía un presupuesto de 16 millones.

Mérida dijo que los seis alcaldes tienen responsabilidades porque ampliaron los plazos de la empresa y pagaron planillas. Explicó que el exalcalde Ricardo Mercado adjudicó la obra al Consorcio Cochabamba a pesar de que el Concejo Municipal le recomendó no hacerlo, en 2006.

El Ministerio Público sostiene que el 24 de octubre de 2006 Mercado autorizó de forma escrita 002/2006 la firma del contrato con el Consorcio Cochabamba, a pesar de que el Concejo Municipal rechazó la suscripción con la Resolución 94/2006.

Las comisiones primera y cuarta plantearon 14 observaciones técnicas y legales que vulneran el Decreto Supremo 27328 de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

En respuesta, Mercado explicó que después de que el Concejo rechazó la firma del contrato, el municipio mandó otra nota de reconsideración que no llegó en el plazo de 15 días, por lo que se determinó rubricar el contrato porque el financiamiento se podía perder.

“El Vipfe me estaba presionando para que yo adjudique el proyecto. Me amparé en el artículo 12 de la Ley 2028 que determina la pérdida de competencia por no emitir una resolución en el plazo”, dijo.

Mercado firmó el contrato con el Consorcio Cochabamba el 25 de octubre y dejó el cargo el 20 de diciembre. Explicó que Orlando Espinoza y Marcelo Tito Galindo, en su gestión de concejales, rechazaron la firma de contrato pero no lo observaron cuando asumieron esa función. “Si tenía problemas ellos podían haber resuelto el contrato o realizar los ajustes pero no hicieron nada”, indicó.

El exalcalde Charles Becerra aseguró que cuando asumió el cargo el Vipfe había cerrado el proyecto y reasignó 16 millones de bolivianos. Dijo que en su gestión realizó la auditoría de corte del proyecto.

El estudio técnico determinó responsabilidades, por lo que la Contraloría recomendó validar está auditoría con un informe jurídico legal.

“He sido el único Alcalde que ha llevado adelante las auditorías, dejamos la gestión antes que se termine el informe jurídico por lo que la alcaldesa que me sucedió, Danitza Mercado, inició el proceso penal”, dijo.

 

Seis alcaldes están bajo sospecha en Quillacollo

El terreno donde se planificó la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas.
José Rocha

SI LA RED DE TUBERÍAS ESTÁ OBSOLETA

Viceministerio puede descontar POA 2016 

El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, informó que existe el riesgo de que el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe) devengue los 50 millones de bolivianos que se invirtieron en el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, del presupuesto del Plan Operativo Anual (POA) 2016, si se verifica que las redes instaladas no pueden ser utilizadas para continuar con el proyecto.

Dijo que se gestiona la llegada de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para que realicen pruebas hidráulicas que determinarán si las tuberías que se han instalado en el municipio pueden usarse o no. De lo contrario, los 50 millones serán debitados del presupuesto del municipio de este año.

Mérida explicó que si eso sucede el municipio sería seriamente afectado en su POA de esta gestión, debido a que muchas obras serían postergadas. “Si esto acontece yo voy a pedir la detención preventiva de todos estos acusados, porque el daño económico a Quillacollo se elevará a 100 millones de bolivianos y la población es la más perjudicada”, dijo.

Mérida informó que los 66 millones de bolivianos para el proyecto provenían de un financiamiento a fondo perdido. Ahora los 16 millones de bolivianos restantes ya no están disponibles para el municipio, debido a que el Vipfe cerró el mismo y ha dispuesto este dinero para otras obras. Por lo sucedido, la Alcaldía de Quillacollo ya no puede acceder a créditos del Banco Interamericano de Desarrollo por no concluir la obra.

El exalcalde de Quillacollo, Charles Becerra, indicó que es muy difícil que en seis años de uso las tuberías no hayan sufrido algún deterioro.

 

 

BECERRA: “NO HE PAGADO UNA SOLA PLANILLA”

“En mi gestión se realizó la auditoría en la que se ha basado el proceso”

CHARLES BECERRA, EXALCALDE DE QUILLACOLLO

Cuando yo inicié mi gestión, en febrero del 2012, el proyecto del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado estaba paralizado hace 15 meses. Me convocó el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe) y me solicitó cerrar el proyecto con una auditoría de corte, necesaria para el cierre técnico ante el Vipfe.

La auditoría concluyó ese año y determinó  cerrar el proyecto. Halló errores sobre el manejo y el rol que jugaron alcaldes y el Concejo Municipal, por lo que el Viceministerio lo cerró.

Esta auditoría no fue final y la Contraloría nos recomendó remitir a la Unidad Jurídica para que haga la valoración, validación y seguir los procesos penales correspondientes. En ese sentido, remití el informe a los funcionarios del área jurídica para que sigan los procesos.

Hasta ahí yo he tenido participación, porque dejé la gestión en diciembre de 2014 y hasta esa fecha los abogados no habían hecho la denuncia. Es en la gestión de Danitza López que el área jurídica terminó su trabajo y en 2015 se instaló el proceso penal.

A mí me tocó lo más difícil: la auditoría. Posteriormente, he derivado la instalación de indicios de responsabilidad. Mi persona no estaba contemplada en este proceso, fue el alcalde Eduardo Mérida que solicitó que se amplié a mi persona.

Se trata de chicanearías jurídicas, nosotros tenemos todos los descargos e instructivos correspondientes, además yo no he pagado ni una sola planilla al Consorcio Cochabamba.

Hasta la fecha no se ha resuelto el contrato con el Consorcio Cochabamba, ningún Alcalde lo ha hecho, porque es una situación complicada. Este proyecto del plan maestro de servicios básicos fue firmado sin que el municipio de Quillacollo haya garantizado el sitio para la planta de tratamiento de aguas servidas, que hasta la fecha no se construyó.

 

 

GALINDO: “LA SITUACIÓN ERA MUY COMPLICADA”

“Sólo se responsabiliza al Alcalde y no al supervisor y fiscal de obra”

MARCELO GALINDO LÓPEZ, EXALCALDE DE QUILLACOLLO

Yo asumí mi cargo en julio de 2009 en medio de una crisis en el municipio y dejé la administración en mayo de 2010. En mi gestión sólo se pagó una planilla y una recepción. Pero el municipio tampoco pagaba a la empresa; era el Vipfe, previo informe de la Alcaldía, nosotros nunca manejamos ese dinero.

Se trató de dar continuidad al proyecto. Si  es que no avanzaba, Quillacollo debía devolver el dinero, entonces era muy complicado. También el problema fue social porque para emplazar la planta en Cotapachi los pobladores se opusieron, lo que demoró su construcción que no era culpa de nadie.

Esta demanda se extralimita, porque se determina indicios de responsabilidad contra la primera autoridad y no se responsabiliza al supervisor y al fiscal de obra, eso es lo absurdo de la demanda que sólo sanciona al Alcalde.

El fiscal junto con el supervisor de la obra son los responsables de valorar la calidad y analizar si  corresponde o no el pago de planillas. Esos informes eran validados por otros funcionarios y llegaban a mi persona. Confiaba en su trabajo y posteriormente remitían los informes al Vipfe. Si una autoridad ejecutiva va a ser responsable por las omisiones de los errores de sus subalternos todas las autoridades serían sujetas a procesos.

La auditoría realizada por el municipio debería ir a la Contraloría para ser cotejada, no se siguió el procedimiento en la auditoría que ha realizado la Alcaldía jamás se nos ha notificado. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de explicar o demostrar nuestros descargos. Así quizá, hasta subsanado algunos errores de este proceso que no ha tomado en cuenta varios factores.

Como concejal observé el proceso de contratación, porque no tenía boleta de garantía y había un desfase en los plazos de recepción de documentos. Todas estas observaciones se remitieron a la Contraloría General del Estado.

 

MERCADO: “EL VIPFE ME ESTABA PRESIONANDO”

“Se designó al Consorcio Cochabamba porque cumplía requisitos”

RICARDO MERCADO MERCADO, EXALCALDE DE QUILLACOLLO

Firmé el contrato con el Consorcio Cochabamba el 25 de octubre del 2006 y se entregó  la orden de proceder en 15 de noviembre, pero dejé mi cargo como Alcalde el 20 de diciembre del 2006.

Para la licitación se presentaron cinco empresas, pero el Consorcio Cochabamba cumplió a cabalidad todos los requisitos por eso se ha adjudicó la obra. Si hubiera habido un error las empresas nos hubieran iniciado algún proceso; no hubo nada de eso.

Como el Concejo rechazó firmar el contrato con esta empresa por ciertas observaciones, nosotros enviamos una nota de reconsideración al Concejo Municipal haciendo todas las aclaraciones necesarias. Ellos tenían un plazo de 15 días para responder, pero no lo hicieron, ya habían pasado 25 días, entonces saqué una resolución administrativa autorizando la firma de contrato el 25 de octubre.

Esto fue porque el Vipfe me estaba presionando para que yo adjudique el proyecto, debido a que el financiamiento se podía perder si demorábamos más en la firma. Me amparé en el artículo 12 de la Ley de Municipalidades 2028 que determina la pérdida de competencia por no emitir una resolución en el plazo de 15 días, lo hice debido al silencio administrativo.

Si yo hice mal en firmar, por qué los alcaldes que me sucedieron, Hugo Miguel Candía y Orlando Espinoza, no rechazaron el proyecto, podían rescindir el contrato y no hacerse cargo, por qué han continuado.

Yo he realizado el proceso de contratación, pero no he administrado el proyecto y la falla principal está ahí. Ese plan podía haberse subsanado, pero no se ha hecho nada y Quillacollo continúa sin redes de agua potable y alcantarillado.

Me parece que el proceso penal se trata sólo de una persecución política. La obra debía ser terminada en un plazo de 649 días pero no fue así, los otros alcaldes ampliaron el plazo de entrega y realizaron el pago de planillas.

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