Los playones de río están en la mira de loteadores
Las playas de río de los valles, que en el pasado contenían las crecidas en temporada de lluvia y funcionaban como áreas de recarga hídrica; ahora, están en la mira de los loteadores en los siete municipios de la región de la metropolitana.
Los pobladores ven con impotencia como esos lugares aparecen con mojones y surgen supuestos dueños que llevan maquinaria para comenzar a urbanizar. Sólo a través de movilizaciones han logrado frenar los intentos de avasallamiento.
Por lo menos, el 40 por ciento de los playones de río, 1.000 de 2.971 hectáreas, del eje metropolitano corre el riesgo de ser cubierto por construcciones, informó el coordinador del Consejo Metropolitano Kanata de la Gobernación, Omar Fernández.
Vinto es la zona con mayor extensión de lechos. Cuenta con 678 hectáreas en los afluentes de Falsuri-Potrero, Tuituri-Iscay Pata, Linde-Kora I y II, y Charinco. Sigue, Sipe Sipe con 660 hectáreas del Viloma-Pankuruma y Aransaya-Urinsaya.
Entretanto, Sacaba tiene 607 hectáreas en los ríos Curabamba Tacoloma, Chimboco, San Jacinto, Huayllani, Distrito 4 y Arocagua. Quillacollo cuenta con 446 en los afluentes Chijllawiri, Chocaya y el Playón.
En Tiquipaya, los ríos Taquiña, Kora-Chutacahua y Angela Mayu-Cotu tienen una extensión de 367 hectáreas. Mientras que en Cercado los afluentes Queru- Queru, Tirani-Colón y Mayorazgo abarcan 211 hectáreas.
El municipio de Vinto
Uno de los casos más críticos de loteamiento de lecho de río está en el área de recarga hídrica de Charinco, en Vinto, donde 170 hectáreas están en riesgo.
Fernández informó que desde 2011 clanes familiares de La Paz (Humberto B. y Mario M.) empezaron con el avasallamiento, quemaron vegetación nativa, pusieron mojones y fraccionaron la tierra en lotes de 300 metros para su venta. Pese a ello, el INRA inició el saneamiento a solicitud de los presuntos loteadores.
Tras la intervención de la Gobernación y la Subcentral Campesina de Thiomoko, el INRA anuló obrados con la Resolución Administrativa 65/2015 y reconoció que el lugar es un bien municipal de dominio público.
A petición de la Subcentral Thiomoko y el Control Social del Distrito Machajmarca III, el Concejo Municipal de Vinto declaró las playas del río Charinco, en la cuenca Huallaquea, un bien municipal de dominio público.
Sin embargo, en una inspección se verificó que en la zona hay un cementerio, construcciones, granjas avícolas y hasta talleres de carrocerías.
El exdirigente del sector y parte del Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas del Agua y la Madre Tierra, Juan Montesinos, informó que los loteadores “cerraron” el cauce de río Charinco para asentarse.
El loteamiento afecta a las comunidades de San Jorge, Coachaca, Charinco, Vinto Chico, Vinto, Sipe Sipe y Waña Kawa que utilizan sus aguas para el cultivo de alimentos. Además, impacta en la reducción de reservas de agua en los pozos de los que se provee la ciudad.
La comunidad pidió forestar la zona para mejorar la precipitación pluvial. Montesinos indicó que la población definió en una asamblea en Coachaca Grande defender el área y “hacer respetar el área de recarga hídrica”.
A ello se suma que río abajo se levantaron construcciones y se cerró el río. El avasallamiento comenzó en 2011 y abarca seis hectáreas. “El loteador cerró más de la mitad del río, eso lo utiliza para el camino de la urbanización que realizó en esta comunidad”, declaró Montesinos. Lamentó que “las autoridades en vez de hacer procesos a los loteadores procesan a las personas que defienden” los predios.
Quillacollo
El presidente del Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas del Agua y la Madre Tierra, Manuel Castro, dijo que a este caso se suma el Playón de Marquina donde cerca de 100 hectáreas están en riesgo desde hace 20 años.
El primer intento de loteamiento de la zona se dio en 2006, cuando cerca de 4 mil personas se asentaron en el lugar. Entonces, la Alcaldía derrumbó 2 mil viviendas irregulares.
La zona, considerada de recarga hídrica y pastoreo, ahora soporta la extracción de agregados. A ello se suma que el INRA reconoció 90 hectáreas como propiedad de la familia Campos.
La Alcaldía de Quillacollo revirtió la resolución del INRA al incluir al Playón de Marquina en la mancha urbana, según un comunicado institucional. Definió dos tipos de áreas: la primera destinada a las viviendas que existen en el sector y la segunda exclusivamente para la zona de recarga hídrica y protección.
Mérida anunció que más de 70.000 familias comenzarán a realizar las planimetrías y, además, se titulará “a la gente pobre que ahora contará con derecho propietario”. Castro lamentó que a la fecha la justicia no haya procesado a “ningún loteador”. La sanción es de seis años de cárcel.
ACCIONES PARA URBANIZAR NUEVAS ÁREAS
Hacienda Falsuri y cerro de Cota
Un grupo de pobladores de Vinto se organizó para evitar la urbanización de 120 hectáreas de tierras productivas que están en el área de influencia del proyecto de riego del Proyecto Múltiple Misicuni, en la Hacienda Falsuri.
El dirigente del Sindicato Agrario Falsuri, Roberto García, informó que un presunto loteador, Abrahan Ch., inició en 2013 el apoderamiento de los terrenos que pertenecían a la familia Grossberger.
Dijo que colocó mojones y quemó la vegetación nativa. Después, fraccionó 1.800 lotes de 300 metros con fines de urbanizar con apoyo de mineros y fabriles de La Paz y Oruro a quienes les vendió los predios. El 20 por ciento de estos lotes está en el límite urbanizable del Parque Nacional Tunari, en la cota 2.750 metros sobre el nivel del mar.
García pidió que los terrenos abandonados por la familia Grossberger retornen a las 213 familias agricultoras que viven en Falsuri. Fernández indicó que varios fueron los intentos fallidos por defender los predios.
En 2014, la Gobernación presentó la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la quema de molles y otras especies. Sin embargo, esta instancia rechazó la investigación. Entretanto, Fernández aseguró que los incendios continúan al igual que la extracción de molles con maquinaria pesada.
A ello se suma que la Gobernación inició un proceso ante el INRA para la reversión de estas tierras al Estado, en 2015. En respuesta, señaló que hay una pausa sobre el cumplimiento de la función económica social por cinco años.
La Gobernación pidió continuar el proceso de reversión e iniciar otro por “tráfico” de tierras. “Hasta la fecha no tenemos resultados, es un proceso muy lento. Podemos ver que las autoridades actúan con mucha lentitud y burocracia”, lamentó Fernández. Este medio buscó al supuesto propietario en su domicilio; sin embargo, éste no estaba.
EL CERRO DE COTA (QUILLACOLLO)
De las 2.100 hectáreas que comprende el cerro de Cota, ubicado entre Vinto, Sipe Sipe y Quillacollo, al menos 80 están en riesgo. Entretanto, los incendios y la deforestación continúan. Ambas alcaldías pretenden que se incluya dentro la mancha urbana.
La regularización es elaborada por el Ministerio de Culturas, las OTB, la Alcaldía de Quillacollo y la Brigada Parlamentaria sin intervención de la Gobernación, como resultado de una resolución del Tribunal Constitucional.
Los playones de río están en la mira de loteadores
RECHAZAN AVASALLAMIENTOS
OMAR FERNÁNDEZ, COORDINADOR DEL CONSEJO DE LA GOBERNACIÓN METROPOLITANO KANATA
“Hay complicidad e impunidad”
En el caso de Falsuri estamos viendo que hay toda una relación de beneficio a los loteadores. Además, debe haber complicidad de las instancias judiciales y de las reparticiones del INRA Nacional que hasta ahora no se pronuncian.
Esto nos muestra que existen autoridades, jueces y fiscales que al final de cuentas dan carta blanca a los loteadores. Tienen bastante influencia y complicidad con estas instancias (...) Son dos años que hacemos seguimiento.
MANUEL CASTRO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DEFENSA DE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS DEL AGUA Y LA MADRE TIERRA
“El 60 por ciento de tierra está en riesgo”
Se ha perdido un 60 por ciento de las tierras a nivel departamental en el mercado inmobiliario. Estamos hablando que de 10 mil hectáreas cultivables, el 60 por ciento está perdido en los últimos 20 años (…) Hay un negocio aproximado de 10 a 20 millones de dólares en estos loteos, es mucho más rentable que cultivar la tierra. En contraposición el Gobierno saca políticas de seguridad y soberanía alimentaria. La política es clara, defendemos cada metro de tierra cultivable.
JUAN MONTESINOS, EXDIRIGENTE DE CHARINCO Y MIEMBRO DEL COMITÉ DE DEFENSA
“Charinco todavía está en peligro”
Hemos rescatado estos predios que han pasado a bien municipal de dominio público (…) Sin embargo, todavía están en riesgo, pero nosotros como beneficiarios de estas playas de río tenemos que proteger (…). Ahora están queriendo usarlo como cementerio general; pero, sin autorización del municipio ni Gobernación. No estamos de acuerdo porque corremos el riesgo que nuestras aguas sean contaminadas y nos enfermemos.
FELICIANO VÁSQUEZ, COMUNARIO FALSURI, EN VINTO
“Defenderemos Falsuri con la vida”
Un loteador está viniendo acá y nos está haciendo pelear entre la comunidad. Eso nosotros no queremos. Los anteriores dirigentes eran cómplices de ellos, se han hecho comprar con Chipana. Vamos a defender estos terrenos. No vamos a dejar que ni un metro cuadrado loteen. Pedimos a las autoridades que hagan justicia y hagan desaparecer a los loteadores. Hasta lo último vamos a luchar para defender estas tierras, si tenemos que morir vamos a morir nomás.
