Tensión por toma de tierras fiscales
Desde hace tres días, las comunidades de Qollpa Mayu y Sarco Cucho están a punto de enfrentarse por la dotación de 258 hectáreas de tierras fiscales, ubicadas a tres kilómetros del municipio de Capinota. En tanto que dos familias que reclaman la propiedad de 30 hectáreas del sector son hostigadas para que dejen de lado los procesos legales.
Unos 100 pobladores de Sarco Cucho se asentaron el miércoles en las tierras fiscales armados con petardos, palos, piedras y machetes. El grupo instaló su vigilia cerca del río Samancha e intenta tomar posesión con el argumento de que el lugar es una zona comunitaria. Sin embargo, los pobladores de Qollpa Mayu se declaran propietarios.
“Esto se está manejando políticamente porque es el cuñado de una asambleísta que está avasallando y por eso nos quedamos impotentes porque no hay nadie que nos defienda”, aseveró una de las afectadas que guardó su nombre en reserva porque sería víctima de amenazas.
En tanto que los comunarios de Sarco Cucho acusaron a la familia Cristi y Salazar por apropiarse de estos terrenos cuando desaparecieron por varios años y retornaron de Estados Unidos para hacerse del espacio de tierra sin ayudar en los trabajos comunitarios.
De las 258 hectáreas, 60 son cultivables porque lo demás es parte del cerro. Comunarios denunciaron que las dos familias vendieron su territorio y recientemente quitaron 30 hectáreas de árboles de algarrobo. Sarco Cucho pretenden construir en el lugar colegios, canchas y parques.
El secretario de Hacienda de la comunidad, Teófilo Rivera, aseguró que para que esta sociedad no desaparezca se hicieron muros de contención de agua en el río Samancha y cada comunario colaboró, pero que las dos familias no lo hicieron, por lo que no pueden decir ser propietarios “si no trabajaron”.
El conflicto comenzó hace dos años cuando se iniciaron amparos constitucionales por la protección de la propiedad privada contra dirigentes de Sarco Cucho y la Alcaldía de Capinota. La familia Salazar salió con la tutela a nivel departamental, pero las acciones fueron rechazadas en Sucre. Hace un mes, el INRA declaró como tierras fiscales las 258 hectáreas.
El asesor de la Región Metropolitana de la Gobernación, Omar Fernández, dijo que según la Ley INRA cuando se declara tierra fiscal de carácter disponible, esta instancia puede dotar primero a la comunidad los terrenos, pero si no existiera esto podría pasar a terceros.
ASENTAMIENTOS IRREGULARES AFECTAN LOS LECHOS DE LOS RÍOS
Los municipios de la región metropolitana, los del área de influencia y del valle alto soportan constantes avasallamiento de tierras. Por lo menos el 40 por ciento de los playones de río, 1.000 de 2.971 hectáreas están en riesgo de desaparecer por asentamientos.
En Vinto, Quillacollo, Sipe Sipe y ahora Capinota los lechos de los ríos están en riesgo, según datos del Consejo Metropolitano.
Los Tiempos evidenció a través de un ciclo de reportajes, publicados entre junio y julio de 2016, la situación de cada municipio de la región metropolitana desde Sipe Sipe hasta Sacaba. Los asentamientos irregulares casi siempre destruyen la vegetación e intentan darle un uso a los lechos de los ríos.
En el valle alto, el avasallamiento de tierras afecta a por lo menos 10 de 15 municipios y sólo en Cliza existen 6.590 hectáreas con vocación agrícola que corren el riesgo de ser loteadas por redes de traficantes de tierra.
Ante esta situación caótica, especialistas recomendaron a la población trabajar en la reforestación, bajar el nivel de contaminación en las cuencas y trabajar en la elaboración de planes integrales y estratégicos. Pero, también regularizar los asentamientos en las zonas vulnerables, como las franjas de ríos.
