Dos alcaldes acumulan 30 procesos en dos años

Cochabamba
Publicado el 25/09/2017 a las 0h00

Los alcaldes de Cercado y Quillacollo, José María Leyes y Eduardo Mérida, respectivamente, suman 30 procesos penales en su contra en dos años de gestión. Las acciones son promovidas por concejales y particulares. 

A diferencia de los procesos iniciados contra oficialistas, en   el caso de opositores las denuncias se admiten y tramitan con celeridad. Por ejemplo, casos de obras como la del Hospital del Niño y el puente colapsado en la avenida Independencia se tramitan con lentitud.

“Creo que el funcionario público que no maneja de manera transparente los recursos económicos tiene que someterse a la justicia. Ahora, es otra cosa, que a algunos casos particulares se les esté dando principal interés y atención a ciertos alcaldes que son de la oposición, como Quillacollo y Cercado, que ya tienen varios procesos”, señaló el concejal Edwin Jiménez (Único).

El asambleísta departamental Eduardo Sarmiento (Demócrata) afirmó que se tratan de procesos políticos, pero que por algún motivo avanzan más rápido que otros donde se tiene la evidencia clara, como el del puente colapsado.

 

Quillacollo

El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida (FVP), cuenta con 15 denuncias, cuatro pasaron a la imputación y una a la acusación (ver infografía).

La autoridad pagó a la fecha 150.000 bolivianos por dos fianzas y tuvo arresto domiciliario con cuatro policías como custodia. En numerosas oportunidades, aseguró que se trata de una persecución política.

“El MAS quiere verme preso para entregar el municipio a manos de dos concejales. Es una persecución política. Me perjudica, porque tengo que estar dando de mi tiempo para defenderme de estos procesos cuando podría estar dedicándome a la gestión”, afirmó Mérida.

Sin embargo, los concejales quillacolleños afirman que sólo cumplen con su deber de denunciar las irregularidades que observan dentro de su labor de fiscalización. Aseguran que Mérida debe responder por sus actos.

 

Cochabamba

La mayoría de los procesos contra el alcalde José María Leyes (Demócratas) no son por acciones realizadas de forma directa. Por esto, algunos de sus funcionarios también enfrentan denuncias.

“Creo que son 16 o 17 los procesos que me inició el MAS. Estoy defendiéndome, porque no tengo nada que ocultar. Además, sabemos que hay una intención política detrás de todo esto, de amedrentar, asustar e intentar callar”, afirmó Leyes.   

Ninguna de las denuncias llegó a la fase de imputación, pero el Alcalde se ha presentado a declarar en la Fiscalía en varias oportunidades.

“Tengo que presentarme en La Paz para que me notifiquen. Estoy viajando a mediodía para volver en la noche. Eso representa perder toda una tarde de trabajo”, agregó la autoridad.

El concejal Sergio Rodríguez (MAS) aseguró que el principal problema es el incumplimiento de procedimientos.

“Creo que el que nada hace, nada teme. Quienes obraron correctamente sólo tienen que dejar que la justicia obre. Las denuncias contra alcaldes no sólo son porque se robaron plata, sino porque no cumplieron procedimientos, esto es tipificado como corrupción pública”, dijo.

 

Perciben parcialización de la justicia con oficialismo

Los procesos iniciados contra alcaldes y funcionarios generan diversas opiniones, una de ellas que la justicia no actúa con imparcialidad.

“Creo que se dan (los procesos), porque estos alcaldes de oposición han salido en los medios en reiteradas oportunidades y han atacado la gestión del MAS por diferentes aspectos”, afirmó un ciudadano, Christian Burdeos.

Siguió: “También se debe al control parcializado que tiene el Gobierno masista sobre la justicia, es algo evidente sino no habrían tantos perseguidos políticos, muchos en la cárcel y otros fuera del país con asilo político. Pero, eso no quita que haya corrupción por parte de la oposición”.    

Por otro lado, existen otros procesos que avanzan con lentitud. En Quillacollo, seis exalcaldes fueron denunciados por el incumplimiento del plan maestro de saneamiento básico. En Cochabamba, el hecho del puente colapsado en la avenida Independencia y 6 de Agosto, además, del Hospital del Niño aún no encuentran justicia ni una solución al problema. En el primer caso, resta por recuperar 11 millones de bolivianos y en el segundo, 6.

 

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FUENTE: Alcaldías de: Cochabamba, Quillacollo, Sacaba, Vinto, Sipe Sipe, Tiquipaya y Colcapirhua.
Los Tiempos/Ramiro Moncada A.

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FUENTE: Alcaldías de: Cochabamba, Quillacollo, Sacaba, Vinto, Sipe Sipe, Tiquipaya y Colcapirhua.
Los Tiempos/Ramiro Moncada A.

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FUENTE: Alcaldías de: Cochabamba, Quillacollo, Sacaba, Vinto, Sipe Sipe, Tiquipaya y Colcapirhua.
Los Tiempos/Ramiro Moncada A.

 

OPINIONES

JOSÉ MARÍA LEYES

ALCALDE COCHABAMBA

Creo que son 16 o 17 los procesos que me inició el MAS. Estoy defendiéndome, porque no tengo nada que ocultar. Además, sabemos que hay una intención política detrás de todo esto, de amedrentar, asustar e intentar callar.

Tengo a la Contraloría metida, porque todos los días me piden información, me sacan documentos y lo que hacen en muchos casos es amedrentar a los funcionarios con cartas. No estamos en contra de que fiscalicen, pero ojalá trabajaran con la misma celeridad en otros casos como el del puente colapsado, del que el informe final tiene un año de retraso.

 

EDUARDO MÉRIDA

ALCALDE QUILLACOLLO

Es una persecución política, es un golpe municipal. Intentan meterme a la cárcel para entregar la Alcaldía a dos concejales. Cómo es posible que me inicien un proceso a mí, por acciones que realizó mi jefe de Personal.     

Se me acusa de falsificar mi libreta militar cuando fue el mismo Ministerio de Defensa que me envió una acreditación de haber realizado el servicio militar.

Pero, es muy extraño que en el caso del plan maestro, donde hay pruebas de daño económico, no se tengan avances. No vamos a permitir este amedrentamiento, quieren perjudicar la gestión. Tengo que estar dedicando tiempo de trabajo para defenderme.

 

EDUARDO SARMIENTO

ASAMBLEÍSTA

Como asambleísta presenté varias denuncias a la Fiscalía que fueron rechazadas y también a la Contraloría, pero también fueron rechazadas. Pero, cuando se denuncian a autoridades opositoras son aceptadas en 48 horas.   

A mí me dicen que no hay suficientes pruebas, pero cuando se trata de opositores se acepta sin importar si tienen o no pruebas.

Eso demuestra que la justicia no estaría operando de forma imparcial. Lo que nos gustaría ver es que se juzgue a todos de la misma manera y si hay algo que realmente amerite investigarse que se lo haga, pero no otras que son absurdas.

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