EEUU presionó a España para frenar críticas a invasión de Irak
MADRID |
Estados Unidos dedicó esfuerzos diplomáticos significativos para intentar frenar las críticas del gobierno socialista español a la invasión de Irak en 2003 y conocer de primera manos algunos procesos judiciales abiertos en España en contra de funcionarios o militares estadounidenses, según figura en documentos filtrados el martes por Wikileaks.
El embajador de Estados Unidos en España, Alan D. Solomont, afirmó que no podía confirmar si estos informes son documentos del Departamento de Estado y subrayó en rueda de prensa que las filtraciones "no dañarán las excelentes relaciones" entre los dos países.
Según los documentos, la embajada de Estados Unidos en Madrid expresó a Washington su preocupación por el clima existente en España contra la guerra de Irak.
Y, como ejemplo, subrayó que el juez Baltasar Garzón estudiaba "si se debe imputar responsabilidad criminal a (el presidente español José María) Aznar, el primer ministro (británico Tony) Blair y el presidente (estadounidense George W.) Bush". Así lo reflejan dos informes sucesivos con fecha 21 y 23 de marzo de 2007 divulgados por el diario El País.
La guerra de Irak enfrió las relaciones entre España y Estados Unidos durante la administración de Bush. Sobre todo a partir de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero asumió la presidencia de España y como primera decisión ordenó la retirada de las tropas españolas desplegadas en Irak.
En el segundo documento, la embajada aseguró que Zapatero se había comprometido a moderar su mensaje y "no echar más leña al fuego" en relación a Irak.
En otro de los informes de 2007 sobre las relaciones entre España y Estados Unidos, se analiza el proceso contra varios militares estadounidense por su presunta implicación en la muerte del camarógrafo español José Couso, fallecido en Baghdad en el año 2003 tras recibir varios disparos en el hotel donde se alojaba. En ese sentido, la embajada señaló que había hablado con los fiscales y el juez de la causa y que todo indicaba que sería archivada.
La Audiencia Nacional archivó el caso de Couso, pero el pasado julio el Tribunal Supremo revocó esta decisión al apreciar indicios claros de delito y devolvió el sumario al magistrado de la Audiencia Santiago Pedraz, quien sigue adelante con la investigación.
En respuesta a esta información, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que asegura que atiende con frecuencia a funcionarios estadounidenses y de otros países, "limitándose a trasladar la posición jurídica que el Ministerio Público mantiene" en cada procedimiento.
En 2009, y ya con Barack Obama en la presidencia estadounidense, la embajada tilda de "irritantes" los intentos de algunos magistrados de invocar la "justicia universal" para investigar posibles torturas en la prisión de Guantánamo.
A pesar de sus intentos por disponer de más información sobre las causas judiciales españolas que pudieran afectar a Estados Unidos, un informe reconoce que no es sencillo.
"El poder judicial español guarda con celo su bien ganada independencia y eso significa que no tienen miedo a elaborar resoluciones judiciales que puedan afectar al gobierno español o al estadounidense", se puede leer en una de las comunicaciones.
Solomont, por su parte, defendió la labor de la diplomacia estadounidense y señaló que trabaja habitualmente con líderes españoles a través de una relación basada en el respeto.