Piden 19 años de prisión para esposo de la Infanta
Madrid |
El fiscal del caso Nóos, en el que están imputados la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, y su marido, Iñaki Urdangarin, pidió ayer que se archiven los cargos contra la primera y se condene a 19,5 años de cárcel a su esposo.
“No comparto el criterio de la acusación popular y por tanto pido el archivo para ella”, declaró a la prensa el fiscal Pedro Horrach de Palma de Mallorca, en las mediterráneas islas Baleares, donde se instruye este caso por presunta corrupción.
Horrach retuvo sin embargo contra la hermana del Rey, implicada desde febrero de 2012, una responsabilidad civil por haber se beneficiado del dinero malversado por su marido, a título de la cual deberá pagar 727.500 dólares, según la Fiscalía.
El fiscal ya había pedido en junio un sobreseimiento para la infanta en este caso en que están imputadas 16 personas. Desde entonces, varias apelaciones retrasaron el cierre definitivo de la instrucción.
Investigaciones
El caso Nóos investiga a una fundación sin ánimo de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados unos 7,5 millones de dólares de fondos públicos entre 2004 y 2007.
El fiscal pide que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin, hasta la cuantía de 587.413 euros.
Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el Ministerio Público, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo al 50 por ciento y que destinaron a pagar gastos personales. Horrach sostiene que Urdangarin creó Aizoon y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal y pagar menos impuestos.
El fiscal considera que Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, “se benefició” porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.
En su escrito, Horrach considera que el juez Castro, de acuerdo con la ley española y su jurisprudencia, debe archivar la causa contra la infanta Cristina ante la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad”, criterio que coincide con el de la Abogacía del Estado.
