El caso Odebrecht genera detenciones y agitación política en Ecuador
QUITO |
El traspaso de la información brasileña a Ecuador sobre la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht generó, casi inmediatamente, una serie de allanamientos y detenciones ordenadas por la Fiscalía, pero, de paso, también agitó el ambiente político en el país andino.
Cinco personas fueron detenidas en tres distintas ciudades de Ecuador, en el marco de una serie de allanamientos relacionados con el caso Odebrecht, según informó la fiscal general subrogante, Thania Moreno, que prefirió no identificar a ninguno de los sospechosos por respeto al "debido proceso".
Sin embargo, el diario El Comercio informó en su web de que durante la madrugada la Policía allanó el departamento de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente del país, Jorge Glas, en un barrio del norte de Guayaquil.
"Hay un familiar, tío, que está siendo sujeto de investigaciones. Una vez más, como he actuado toda mi vida, que se investigue", añadió el segundo mandatario al exigir "que la justicia actúe" y "que investigue todo".
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, aseguró que, al parecer, "hay muchos más involucrados" y afirmó que las acciones de la justicia para esclarecer este caso "continúan".
Los primeros allanamientos y detenciones se dieron pocas horas después de que la Procuraduría brasileña revelara, a condición de sigilo, los resultados de una indagación del caso a varios fiscales latinoamericanos, entre ellos el ecuatoriano, Carlos Baca.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que la constructora brasileña Odebrecht había supuestamente pagado unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Ecuador.
El informe del Departamento de Justicia indicó que en ese país, entre 2007 y 2016, la constructora presuntamente pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a "funcionarios del Gobierno", lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
El fiscal Baca aseguró que "los detenidos y las empresas allanadas formaron parte de una trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht".
Admitió que algunos de los involucrados son altas autoridades del Estado, que gozan de "fuero de Corte Nacional de Justicia", por lo que volverá a Brasil "para continuar la recepción de versiones y recolección de evidencias", en un trabajo coordinado con la Procuraduría General de Brasil.
"Vamos detrás de todos los que cometieron actos de corrupción e iremos a todos los lugares que sean necesarios para llevar y perseguir estos actos de corrupción, y llevar a los responsables de estos actos ante la justicia", apuntó el fiscal ecuatoriano.
Pero, el escándalo no dejó de agitar también al entorno político nacional, con voces que exigen que se revele todo, incluso tramas de corrupción relacionadas con Odebrecht desde hace varias décadas.
El líder opositor Guillermo Lasso expresó su esperanza de que las primeras acciones desarrolladas sobre este caso sean solo el "inicio" de otras "concretas y efectivas". Lasso consideró que los ecuatorianos ven "con mucha expectativa las primeras detenciones" en torno al caso Odebrecht, pero insistió en que, para él, es "indispensable" que se revele la lista de todos los supuestos sobornados por la firma brasileña.
El exbanquero exigió que se agilicen las investigaciones, "ya que estos actos de corrupción tienen años perpetrándose a costa del bolsillo de los ecuatorianos".
"Tolerancia cero, caiga quien caiga", subrayó el también excandidato presidencial y adelantó que su grupo político "CREO" apoyará desde la oposición toda iniciativa que garantice la lucha contra la corrupción.
De su lado, el expresidente Rafael Correa, correligionario de Lenín Moreno, dijo que sería ingenuo pensar que las últimas acciones judiciales en torno a este caso se las realizó en las últimas horas.
"Muchos de los involucrados estaban vigilados desde hace semanas", escribió Correa en su cuenta de Twitter y aseguró que el oficialismo no permitirá "que ningún caso de corrupción quede en la impunidad".
