Temer encara días difíciles acorralado por la Fiscalía
Sao Paulo |
El presidente de Brasil, Michel Temer, afronta sus horas más bajas, acorralado por acusaciones de corrupción sobre las que la Fiscalía brasileña debe pronunciarse antes del martes y blanco de una nueva huelga general convocada por los sindicatos para el viernes.
El primer “round” de la semana deberá ser antes del martes, cuando vence el plazo para que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, presente ante el Supremo Tribunal Federal (STF) la denuncia por corrupción pasiva contra Temer.
El jefe de Estado es investigado por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, y, al menos en el primero de los casos, la Policía Federal ya ha informado de que ha encontrado “serios indicios” que comprometen al gobernante.
Las sospechas de que Temer participó “con vigor” en asuntos de corrupción se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, uno de los mayores productores y exportadores de carnes del mundo, que en un acuerdo de cooperación judicial detallaron una serie de irregularidades en las que estaría incurso el presidente.
Las grabaciones entregadas como prueba por el empresario Joesley Batista de su diálogo con Temer fueron sometidas a pericia por la Policía Federal, que según el diario Folha de Sao Paulo, constató “interrupciones técnicas” del audio, pero descartó que el material hubiera sido editado, como apuntó la defensa del gobernante.
El resultado de la pericia deberá ser encaminado a la Corte Suprema hoy.
El mismo martes, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) tendrá una asamblea extraordinaria para analizar el informe de gestión del Ejecutivo en 2016, incluyendo el período final de Dilma Rousseff, y el de Temer, que asumió el poder el 12 de mayo y fue ratificado en el cargo el 31 de agosto de ese año.
La otra “batalla” de Temer en la semana será el impacto y repercusiones de la huelga general promovida para el viernes por las centras sindicales contra las reformas laboral y de pensiones.
CONVOCÓ A NÚCLEO POLÍTICO
El mandatario brasileño, que retornó el sábado de una gira por Rusia y Noruega plagada de desencuentros donde cumplió una agenda oficial durante una semana, se reunió anoche en Brasilia con el núcleo político de su Gobierno: los ministros Moreira Franco, Antonio Imbassahy (Secretaría de Gobierno), Eliseu Padilha (Casa Civil), Sérgio Etchegoyen (GSI) e Aloysio Nunes (Relaciones Exteriores), los líderes de gobierno en la Cámara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), y en el Congreso, André Moura (PSC-SE) para ver cómo deberá lidiar esta semana el impacto judicial ante la amenaza de una erosión mayor en su base oficialista.
La Constitución brasileña establece que, cuando un presidente es denunciado, dos tercios de los diputados deben validar esa denuncia para que el Supremo Tribunal Federal (STF) lo pueda procesar. Si eso ocurre, el jefe de Estado quedaría formalmente imputado y debería apartarse del cargo durante un máximo de 180 días, mientras la Corte Suprema trata el caso.
