Fiscalía venezolana imputa a general por violar DDHH
Caracas y Bogotá | AFP y EFE
La Fiscalía venezolana imputó a un general de la Fuerza Armada por supuestas violaciones de derechos humanos durante casi tres meses de protestas opositoras contra el presidente Nicolás Maduro, informó el organismo ayer.
El general Antonio Benavides Torres, quien hasta el 20 de junio fue comandante de la Guardia Nacional, enfrenta cargos por “graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”, según un boletín del Ministerio Público.
Se trata del militar de más alto rango que es sindicado por presuntos abusos durante manifestaciones en las cuales, según el Ministerio Público, murieron 23 personas presuntamente a manos de policías y militares.
Benavides Torres fue relevado del cargo por Maduro un día después de la muerte de Fabián Urbina, un manifestante de 17 años a quien un militar disparó a quemarropa en medio de una protesta cerca de la base aérea La Carlota, en Caracas.
La Guardia Nacional, uno de los componentes de la Fuerza Armada, y la Policía Nacional son las dos instituciones encargadas de contener las protestas que dejan 80 muertos y cientos de heridos y detenidos.
La oposición señala a Benavides Torres y al ministro de Interior, general Néstor Reverol, de ser los mayores “represores” en las movilizaciones que exigen la salida de Maduro mediante elecciones generales.
El mandatario socialista puso a Benavides Torres al frente de una entidad pública de la capital.
Al anunciar su imputación, la Fiscalía informó que realiza 450 investigaciones por violaciones de derechos fundamentales, incluidas lesiones causadas por las fuerzas de seguridad a 853 personas.
El miércoles, la fiscal general, Luisa Ortega, denunció que en Venezuela hay “terrorismo de Estado”, en una de sus más duras afirmaciones en medio de un enfrentamiento con el Gobierno, del que se alejó tras años de línea oficialista.
Ortega asegura que Maduro rompió el orden constitucional al convocar una Asamblea Constituyente sin previa consulta en referendo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —acusado de servir al Gobierno— citó a la funcionaria el próximo martes a una audiencia que decidirá si autoriza enjuiciarla por faltas en el cargo, como sostiene el Gobierno.
Exhorto
La fiscal Ortega pidió ayer a la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, ratificar al vicefiscal Rafael González, luego de que su designación, hecha por la funcionaria, fuera considerada nula por el TSJ.
“Acabo de solicitar ante la Asamblea Nacional la ratificación de la designación del Vicefiscal General, Rafael González Arias”, indicó Ortega sin más detalles a través de Twitter.
Detenciones
Policías detuvieron a decenas de jóvenes venezolanos en una marcha opositora que intentó llegar a la sede del poder electoral en Caracas, pero que fue dispersada con gases lacrimógenos y perdigones.
“Se llevaron como a 20 o 30 personas, y se los llevaron a un (camión) que no tenía placa ni nada”, dijo llorando una mujer en la zona del operativo.
PROMETEN APOYO
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó ayer que seguirá trabajando para apoyar el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, enfrentados desde hace meses en unas protestas violentas que ya causaron al menos 79 fallecidos.
“Hemos mantenido desde el principio una política muy clara que es buscar el diálogo para que la solución a la crisis venezolana sea una solución negociada, ojalá democrática y sin violencia, eso hemos querido estimular”, señaló el mandatario en una entrevista con Blu Radio.
“Nos entristece mucho lo que está sucediendo en Venezuela, nos preocupa mucho, todo lo que sucede en Venezuela nos afecta”, agregó Santos, quien manifestó además que su Gobierno ha mantenido “una política muy clara” a favor del diálogo en el país vecino.
DIPLOMÁTICOS VISITAN EL TSJ
El cuerpo diplomático acreditado en Venezuela visitó ayer las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el oeste de Caracas para ser informado sobre el “ataque terrorista” que sufrió la instalación de la corte el pasado martes por parte de un agente policial a bordo de un helicóptero.
Embajadores y otros diplomáticos recibieron información en el lugar por parte del presidente del TSJ, Maikel Moreno, así como por el canciller venezolano, Samuel Moncada, sobre este “ataque” en el que el agente del cuerpo de la policía científica Óscar Pérez habría lanzado, según el Gobierno, cuatro granadas y disparado al edificio del Supremo y a la sede del Ministerio del Interior.
“Embajadores y representantes diplomáticos del mundo, que ustedes sean multiplicadores o testigos de lo que realmente sucedió acá, del ataque terrorista del cual hemos sido víctimas una institución como el TSJ el día martes 27 y que por supuesto no vuelva a pasar”, dijo Moreno.
HELICÓPTERO
Piden capturar a policía
El presidente Maduro pidió ayer a los ciudadanos de su país ayudar en la localización y captura del policía Óscar Pérez que atacó el martes desde un helicóptero la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Interior.
“Es un criminal, es un asesino, y le pido la colaboración a todo el pueblo de Venezuela, si aún se encuentra en territorio nacional, que el pueblo de Venezuela, al identificarlo, lo capture donde esté, a ese terrorista y criminal”, dijo Maduro durante un acto político.
En ese sentido, el Presidente pidió a las organizaciones sociales y políticas afines a su Gobierno colaborar con los cuerpos de seguridad del Estado con cualquier información de interés sobre Pérez, por quien la cartera de Interior emitió orden de captura internacional.
“Es un criminal y debe ir a la cárcel y pagar”, agregó.
El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunció el miércoles que Venezuela libró orden de captura contra el policía y su difusión roja internacional a través de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal)”, mientras “fuerzas especiales” continúan tras su pista dentro de la geografía nacional.
Entretanto, el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, informó que la aeronave usada para dichos ataques fue localizada por las autoridades en una localidad del estado de Vargas, cercano a Caracas, sin que hasta el momento haya ningún detenido.
La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han abierto investigaciones e instado a hacer averiguaciones, respectivamente, sobre un asunto que el ombudsman venezolano, Tarek William Saab, ha ponderado como un “llamado a golpe militar” y un intento de “desestabilización”.
