Maduro endurece la represión tras asalto a una base militar
Caracas |
El asalto de ayer a una base militar en el estado de Carabobo, en el norte de Venezuela, que dejó dos muertos, un herido y 10 detenidos, llevó al presidente Nicolás Maduro a ordenar que se extreme la seguridad en las instalaciones castrenses de todo el país ante lo que calificó de “ataque terrorista”.
“He ordenado que se revisen y se eleven todas las medidas de prevención y seguridad de todas las unidades militares del país”, dijo Maduro durante su programa dominical en la televisión pública, que comenzó tarde ya que el mandatario estaba atento a los sucesos de Carabobo.
Un grupo de unos 20 hombres vestidos de militares y portando armas largas reivindicó en un video una sublevación “contra la tiranía asesina de Nicolás Maduro” que fue reducida por el Ejército en el mismo Fuerte Paramacay, donde habían asaltado la base de la 41 brigada blindada.
El portavoz rebelde se identificaba como el “capitán Juan Caguaripano”, que decía ser “comandante de la operación David Carabobo” y estar acompañado de oficiales, tropas activas y en reserva de “todos los componentes” de las Fuerzas Armadas y de policías dispuestos a devolver “la libertad” a Venezuela.
Según informaron fuentes militares, una parte de los asaltantes consiguió huir con un centenar de fusiles y varios lanzagranadas que hasta el momento no han podido ser recuperados.
Los muertos y detenidos son, según el Presidente, nueve civiles y un “teniente desertor”.
Otra fuente militar indicó que entre los detenidos hay tres oficiales de tropa de bajo rango —un sargento de la reserva de paracaidistas, un teniente que desertó hace tres meses de la FANB y un miembro de la Milicia (civiles armados)— y cinco civiles.
Juan Caguaripano fue apartado de la Guardia Nacional (GNB, Policía militarizada) en 2014 por renegar, en un video, de la revolución bolivariana y denunciar “la violación de la soberanía nacional” por parte de “agentes cubanos y grupos narcoterroristas extranjeros” en “la administración pública y militar”.
Desde entonces, había permanecido en la clandestinidad —según las Fuerzas Armadas venezolanas, recibió protección en Miami— y ha sido implicado por el Gobierno en un plan golpista y asesinar a Maduro en 2015.
Tras los hechos de ayer, las Fuerzas Armadas expresaron su lealtad a Maduro y aseguraron que los apresados han confesado haber sido “contratados” por la “extrema derecha venezolana” para ejecutar su acción de ayer.
La asonada fue respaldada cerca del Fuerte Paramacay por una manifestación que fue dispersada por las fuerzas de seguridad.
El dirigente local del partido opositor Avanzada Progresista (AD) Ramón Rivas murió por herida de bala durante la concentración, confirmaron compañeros de filas.
El asalto ocurre tras la instalación el viernes pasado de la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el chavismo gobernante para que cambie la Carta Magna y reordene, con la obediencia de todos los poderes constituidos, la estructura del Estado venezolano.
Para la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, lo sucedido en la base “refleja la división y el quiebre institucional” que la Constituyente y los abusos y la mala gestión que le recriminan a Maduro han creado en las Fuerzas Armadas, uno de los pilares de la revolución chavista.
El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió al Gobierno la verdad sobre lo que sucedió con la sublevación y le instó a que no culpe a la oposición de lo ocurrido.
CONSTITUYENTE NO SE REUNIÓ
La Asamblea Constituyente de Venezuela suspendió la sesión que tenía prevista para ayer, en la que se esperaba que fuera instalada la llamada “Comisión de la Verdad” para empezar a establecer responsabilidades por hechos violentos en las manifestaciones antigubernamentales, de los que el Gobierno acusa a la oposición.
La suspensión de la segunda sesión de la Asamblea Constituyente conformada sólo por chavistas se dio luego de que un grupo de militares rebeldes tomó la base militar Fuerte Paramacay, un levantamiento que ya fue controlado, según el Gobierno.
La medida fue confirmada a Efe por fuentes de la Asamblea, que tomó posesión el viernes en el Palacio Federal Legislativo y empezó a trabajar este sábado destituyendo a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que había denunciado la Constituyente como un intento de instaurar “un sistema totalitario”.
Según han adelantado el presidente Nicolás Maduro y varios integrantes de esta Asamblea —elegida el 30 de julio con el rechazo de la oposición y de la mayoría de países occidentales y de la región—, la comisión debe poner fin a la “impunidad” de quienes, según el oficialismo, han promovido el “terrorismo” en el país.
El propio presidente Maduro ha amenazado con la cárcel a algunos líderes opositores por haber convocado las manifestaciones contra su Gobierno y la Constituyente que ha vivido el país caribeño desde el pasado 1 de abril.
VUELVE LA TENSIÓN
Sobrevuelo de helicópteros, barricadas, tanquetas, detonaciones: la tensión se apoderó de la ciudad venezolana de Valencia (norte), donde el Gobierno denunció que fue atacada ayer una base militar, con saldo de dos muertos.
“Hace una semana les ganamos con votos, y hoy hubo que ganarle con balas al terrorismo”, afirmó el Presidente, aludiendo a las elecciones de la Asamblea Constituyente.
Maduro negó que fuera una “rebelión” militar y remarcó que se trató de un “ataque terrorista”, según él, financiado desde Bogotá y Miami.
“Toda Venezuela ha estado en paz, hay un incidente allá que lo atendimos bien”, afirmó el gobernante.
Sin embargo, según la agencia AFP, en Valencia la situación fue tensa. Los alrededores de la base, sede de la 41 brigada del Ejército, fueron sobrevolados por helicópteros y custodiados por uniformados en tanquetas y con armas largas.
“SIGO SIENDO FISCAL”
Caracas | AFP
La abogada Luisa Ortega desconoció nuevamente ayer su destitución como fiscal general de Venezuela por parte de la Asamblea Constituyente, la que, según dijo, es el “poder de facto” que ahora gobierna el país.
“Yo desconozco esa remoción, yo sigo siendo la fiscal general de este país”, dijo Ortega un día después de ser destituida por la Constituyente del mandatario Nicolás Maduro, con quien rompió hace cuatro meses tras años de línea oficialista.
La exfuncionaria insistió en que dicha asamblea, que el lunes se estrenó cobrándose su cabeza, es “ilegítima e inconstitucional”.
“Estamos ante un poder de facto, aquí no hay Gobierno. Quien ocupa ilegalmente el poder es esa Asamblea Nacional Constituyente presidencial”, indicó Ortega, quien se declara chavista.
Añadió que la decisión de destituirla, que tuvo alto rechazo internacional, fue una “orden del Ejecutivo”
Procuradores de los países del Mercosur respaldan a Ortega.
LÓPEZ REGRESA A SU CASA EN TOTAL SILENCIO
Caracas | EFE
El líder opositor venezolano Leopoldo López se encuentra de nuevo desde el sábado en su vivienda bajo la medida de arresto domiciliario, a menos de una semana de que fuera encarcelado en un penal militar, bajo elevadas medidas de seguridad.
Pese a que han pasado más de 19 horas desde el traslado de López, ninguna autoridad venezolana se ha pronunciado sobre la medida otorgada al político, y aunque su partido no ha ofrecido detalles, su abogado Juan Carlos Gutiérrez dijo que la vuelta de su defendido fue por presión internacional.
“Acaban de trasladar a Leopoldo a la casa. Seguimos con más convicción y firmeza para lograr la paz y la libertad de Venezuela!”, escribió Lilian Tintori, esposa del fundador del partido político Voluntad Popular en la red social Twitter poco antes de la medianoche del sábado.
La noticia del traslado de López a su casa fue recibida de forma positiva por dirigentes de la oposición.
GOBIERNO DE BOLIVIA RECHAZA SUSPENSIÓN DE VENEZUELA
El Gobierno de Bolivia rechazó ayer la suspensión indefinida de Venezuela del Mercosur y pidió a los Estados miembro del bloque preservar la institucionalidad de la organización y actuar en el marco del derecho internacional.
El Ministerio de Exteriores expresó esa posición en un comunicado, tras la decisión asumida por los cuatro fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— de aplicar la “cláusula democrática” a la nación caribeña y ampliar su suspensión por carácter indefinido del bloque.
“Bolivia rechaza la suspensión de Venezuela del Mercosur y llama a los Estados Parte del Protocolo de Ushuaia a preservar la institucionalidad de los organismos de integración de la región, enmarcando sus acciones en el Derecho Internacional y la normativa vigente”, indicó la Cancillería boliviana.
También rechazó el argumento de los fundadores del Mercosur de que exista en Venezuela una “ruptura del orden democrático” y defendió que la Asamblea Constituyente en ese país es “la más clara prueba del espíritu democrático del pueblo venezolano”.
En una entrevista publicada ayer por El Deber, el presidente Evo Morales reconoció que está solo en Sudamérica en su defensa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y aseguró que la “derecha” busca que haya “muertos para desprestigiar a un Gobierno antiimperialista”.
