Juez español ordena la suspensión de Puigdemont como diputado en Cataluña
El Tribunal Supremo español ordenó hoy la suspensión del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cinco independentistas de sus cargos de diputados regionales, al dar por concluida la instrucción de la causa por la tentativa de secesión de 2017.
"El juez Pablo Llarena acuerda la conclusión del sumario de la causa del proceso de secesión" y "comunica la suspensión en funciones y cargos de Carles Puigdemont y de los otros cinco diputados procesados por delito de rebelión", informó el Tribunal Supremo en un comunicado.
Con el cierre de la instrucción, la causa contra la cúpula del movimiento independentista se queda a las puertas del juicio que, según la prensa española, debería empezar el próximo octubre.
Un total de 25 líderes independentistas están procesados en esta causa por su implicación en el intento de secesión de esta región cuyo Parlamento declaró fallidamente la independencia el 27 de octubre.
De ellos, trece están acusados del grave delito de rebelión y se arriesgan a penas de hasta 25 años de cárcel.
Nueve de ellos ya están en prisión preventiva, mientras que otros cuatro marcharon al extranjero y están reclamados por la justicia española como es el caso del expresidente Puigdemont, objeto de un proceso de extradición en Alemania.
A pesar de que no podían asistir a las sesiones parlamentarias, algunos mantenían su cargo de diputado tras haber sido elegidos en las elecciones regionales del 21 de diciembre, y delegaban su voto a compañeros de partido.
Con la suspensión cautelar ordenada por Llarena al cerrar el sumario de la instrucción, los independentistas deberán reemplazarlos por otros colegas si quieren mantener la justa mayoría absoluta en el Parlamento regional (70 sobre 135 escaños).
"Esta decisión describe el nivel de calidad democrática del Estado. Los votos de los ciudadanos, quebrantados por una 'justicia' que continúa haciendo política", tuiteó Puigdemont, a quien Llarena declara "en rebeldía" junto al resto de líderes que están en el extranjero.
La decisión judicial llega un día después de la primera reunión oficial entre el nuevo jefe de gobierno Pedro Sánchez y el presidente regional Quim Torra, en la que se comprometieron a intentar normalizar las relaciones entre ambas administraciones a pesar de sus discrepancias sobre el derecho a la autodeterminación de la región.
