El Gobierno español y Podemos pactan presupuesto antiausteridad
El Gobierno socialista español alcanzó ayer un principio de acuerdo con su principal aliado, el partido de izquierda radical Podemos, para los presupuestos de 2019 que contemplan un notable aumento del salario mínimo e impuestos sobre las grandes fortunas.
El acuerdo entre los socialistas, en clara minoría parlamentaria con 84 diputados sobre 350, y Podemos será presentado en Bruselas la próxima semana, pero requerirá del apoyo en el Congreso de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes para ser aprobado.
“Es urgente revertir las cicatrices de la austeridad”, escriben en el preámbulo del acuerdo firmado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el jefe de Gobierno Pedro Sánchez, llegado al poder en junio tras remover del cargo con una moción de censura al conservador del Partido Popular, Mariano Rajoy.
El pacto prevé un aumento del 22,3 por ciento del salario mínimo mensual, de 736 euros a 900 euros medidos en 14 pagas (1.050 euros en 12 mensualidades).
La medida costará 340 millones de euros al Estado, según el texto difundido ayer.
El Gobierno y sus aliados también confirmaron su voluntad de indexar las pensiones con la inflación, lo que supondría 704 millones de euros más, una de las mayores partidas de gastos.
Los dos partidos se fijan también como objetivo luchar contra el incremento de los alquileres que sufren grandes ciudades, como Madrid y Barcelona.
Para proteger a los inquilinos, el Gobierno quiere otorgar a los ayuntamientos la potestad de limitar las subidas “abusivas” de los precios del alquiler en las zonas declaradas previamente bajo presión.
PREVÉN AUMENTAR LOS IMPUESTOS
En la parte de ingresos, los dos partidos quieren aumentar en dos puntos los impuestos a las rentas superiores a 130 mil euros y en cuatro puntos a las superiores a 300 mil.
También quieren subir un 1 por ciento el impuesto sobre patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros, y crear un impuesto sobre las transacciones financieras para las empresas con una capitalización bursátil superior a los mil millones de euros, que se elevará al 0,2 por ciento para las operaciones de compra de acciones españolas.
El Gobierno estima un déficit público del 1,8 por ciento en 2019 y cerrar este año con un 2,7 por ciento.
