Líder catalán niega violencia en proceso independentista
El exvicepresidente regional de Cataluña Oriol Junqueras negó ayer con vehemencia que el Gobierno de esa comunidad autónoma española recurriera a la violencia para llevar a cabo el proceso independentista inconstitucional de 2017, y aseguró que ninguno de los doce encausados por ello cometió delito alguno.
El Tribunal Supremo (TS) celebró ayer la tercera sesión del juicio a los líderes soberanistas catalanes con la declaración de Junqueras, el acusado principal, que cumple prisión provisional y se enfrenta a peticiones de penas de cárcel por delitos de rebelión, sedición y malversación.
Por el contrario, Junqueras subrayó que “nada” de lo que hicieron los procesados fue delito y que el referéndum ilegal de “autodeterminación” del 1 de octubre de 2017 no supuso “ningún gasto ni coste para los contribuyentes ni para nadie”.
Los recursos financieros de la administración autonómica catalana estaban “totalmente controlados” entonces por el Ministerio español de Hacienda, según argumentó para intentar rebatir la acusación de uso indebido de fondos públicos.
Junqueras, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravado con malversación, se opuso a contestar a las acusaciones y respondió sólo a las preguntas de su abogado.
Explicó que se siente perseguido y en situación de “indefensión” porque se le acusa por sus ideas independentistas, no por sus hechos, según opinó, así que se considera un “preso político” en un “juicio político”.
“Votar no es un delito porque no está en el Código Penal”, alegó Junqueras, pero “impedirlo por la fuerza sí lo es”, dijo en alusión al referendo citado, que las fuerzas de seguridad intentaron evitar por orden judicial.
El TS y el Consejo General del Poder Judicial de España han rechazado reiteradamente en los últimos meses los argumentos de los independentistas procesados que aseguran que son presos políticos por estar encarcelados preventivamente.
LLAMADO AL REFERENDO
El Gobierno regional catalán que presidía Carles Puigdemont (huido de la Justicia española) en septiembre de 2017, con Junqueras de vicepresidente, firmó la convocatoria de esa votación de “autodeterminación” justo después de que el Parlamento autonómico, de mayoría independentista, aprobase una ley inconstitucional de consultas el día 6 de ese mes.
