Según Albarracín, en Pando hubo masacre
Agencias
En la denominada masacre de Pando se determinó que hubo participación directa de funcionarios de la Prefectura pandina, se produjeron violaciones a los derechos humanos y la Policía incumplió con su deber de resguardar el orden público. Después del 11 de septiembre, el Gobierno incurrió en un excesivo uso de la fuerza, por parte de militares encapuchados, que allanaron viviendas en Cobija y detuvieron a personas en horas de la madrugada.
Esas afirmaciones forman parte del informe que presentó ayer en La Paz el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, que calificó como una masacre los hechos ocurridos el 11 de septiembre en las localidades de Tres Barracas y Porvenir, en las que, según él, hubo 19 personas muertas y 53 heridas.
El Defensor del Pueblo aclaró que este informe está concebido para evidenciar que durante la crisis se produjeron casos de violación a los derechos humanos y no para establecer delitos penales. No obstante, advirtió que la documentación puede servir como elemento de prueba al Ministerio Público, que imputó al entonces prefecto Leopoldo Fernández y a otros cuatro ex funcionarios del gobierno departamental pandino por la muerte de las personas.
Según Albarracín, en la investigación se evidenció la participación directa de funcionarios y la utilización de recursos prefecturales. De acuerdo con el informe, los hechos se iniciaron el 10 de septiembre con la apertura de zanjas, a la altura de Cachuelita y Tres Barracas, con máquinas del Servicio Departamental de Caminos y el uso de vehículos para el traslado de personal de la Prefectura y cívicos pandinos con la finalidad de obstaculizar el paso de los campesinos que tenían previsto llegar a Cobija para tomar la sede del INRA. Además, el informe señala que se dio uso desproporcionado de armas de fuego no convencionales en el lugar frente a la indefensión de los campesinos, con la agravante de la persecución casa por casa y la cacería de personas que huían por el río Tahuamanu.
De acuerdo con reportes de agencias de noticias, Albarracín no hizo alusión a que los campesinos fueron enviados a Pando por personas afines al gobiernista Movimiento Al Socialismo. Esta omisión provocó la reacción de los senadores pandinos Róger Pinto y Paulo Bravo, que consideran que el Defensor del Pueblo hizo buena letra con el Gobierno , al recordar que Albarracín no presentó informes durante los enfrentamientos mineros en Huanuni, en 2006, ni en los hechos de La Calancha, cuando tres personas murieron cuando protestaban contra la aprobación del proyecto de CPE.
