El centralismo y otros demonios

Las condiciones históricas que convirtieron la Audiencia de Charcas en la República de Bolivia, devienen de las aspiraciones de una casta criolla en su voluntad expresa de gobernarse. Claro está que la concepción de gobernarse, pasaba por una miserable toma de poder y de la explotación de la mayoría indígena, por lo que esta casta nunca entendió la geografía de su suelo patrio, ni estableció vinculación entre las regiones del enorme territorio. Para ellos, como mencionó Zavaleta, el país era solo tierra vendible, permutable y negociable y el Estado poder y prestigio.

Para que este poder sea eficiente, pasaba por establecer un Gobierno central fuerte, que se constituiría como una forma de Estado Aparente, ya que sería incapaz de articular las agendas sociales de la geografía, teniendo en la exclusión de la mayoría indígena la solución del desarrollo de la naciente república. Pero ¿hasta qué punto el centralismo político fue lapidario para las aspiraciones de Bolivia como país? La respuesta a esto parte en su mismo proceso de materialización que debilitó y destruyó las instituciones y gobiernos locales, desde la desarticulación del sistema de administración burocrático heredado de la colonia. Por otra parte, los sucesivos Gobiernos fueron incapaces de mantenerse económicamente, cargando sobre el indígena, los vicios políticos del cuartelazo y el juego del poder.  Otra hubiera sido la realidad si esta casta hubiera decidido desarrollar las regiones mediante el fortalecimiento de las capacidades administrativas regionales.

Entonces, no es de extrañar que la propuesta federal paceña a finales de 1900 haya logrado imponerse en los diferentes departamentos que, sin embargo, no modificó para nada el orden de administración política, simplemente el cambio geográfico del poder, bajo un centralismo moderno que logró expandir su ámbito de acción con la consolidación del nacionalismo revolucionario en 1952 que dio forma al Estado actual. Centralismo político que se presenta como una traba a las aspiraciones de desarrollo regional que subordina las decisiones y el desarrollo a los designios de los altos burócratas establecidos en La Paz.

No por nada, los primeros años del siglo XXI aparecieron fuertes movimientos y respaldos a favor de otorgar una mayor autonomía política que no se limitaba a los departamentos, sino que también, a municipios y Territorios Indígenas, Campesinos y Originarios (Ticos) . Hecho normado mediante la Ley Andrés Ibáñez y la CPE, que no resolvió el problema  del desarrollo regional fuera de la tutela del Estado central, ya que esta nueva autonomía limitó las competencias reales de desarrollo y convirtió a los gobiernos regionales en meros acompañantes del Estado, sin capacidad financiera real para grandes proyectos, ni independencia legislativa. De esta forma, el conflicto del Comité Cívico de Potosí (Comcipo) a inicios de año y la marcha de un sector de personas con capacidades diferentes permite observar la falta de espacios para plantear demandas políticas que solucionen las diversas problemáticas fuera del tutelaje estatal. En otros términos, los gobiernos departamentales y municipales no puedan solucionar las graves inequidades sociales porque no tienen el poder ni los recursos suficientes, hecho que no debería pasar en un Estado que presume ser autonómico, mostrando que el centralismo como forma política es un fuerte enemigo para el desarrollo pleno de nuestro país, el centralismo y otros demonios.

El autor es sociólogo.