Acceso a la justicia

Cuando las personas se quejan de la justicia en nuestro país, no hacen referencia solamente a la actuación de jueces y magistrados, sino que abarcan con esa expresión al desenvolvimiento de la administración pública en general, con especial mención a la Policía y Ministerio Público

El segundo tema de la agenda preparada por el Órgano Ejecutivo para el evento que se realizará en junio del presente año con destino a la reforma del sistema de administración de justicia, es el del acceso a ella.

Es evidente que tiene fuerte influencia en la crisis que es motivo de esa reunión la dificultad de acceso a la justicia por parte de un considerable número de habitantes del país. Un factor que entorpece y a veces impide el acceso a la justicia es el originado en la demarcación territorial jurisdiccional, que tiene como característica el que cada Distrito Judicial coincide en cuanto a espacio con el del departamento respectivo. Como consecuencia de esa situación, unos asientos judiciales asignados a un determinado distrito están más cerca de la sede central de otro que del que les corresponde. Esa realidad hace que quienes residen en zonas fronterizas interdepartamentales, pese a la poca distancia que los separa de asientos judiciales ubicados en el vecino departamento, están obligados a trasladarse  a asientos judiciales alejados de su entorno. Una situación semejante es la que afecta en cada uno de los departamentos a pobladores de comarcas fronterizas interprovinciales.

Unos casos están originados en el hecho de que existen sectores de la población que no intentan luchar por sus derechos sencillamente porque ignoran que los tienen. Respecto a otros casos,  ello se debe a la carencia de recursos económicos para obtener el patrocinio de abogados, circunstancia que hace que también se considere como una ficción el principio que indica que la justicia es gratuito.

Otra de las causas que incide en el factor de dificultad para el acceso a la justicia es el de los recursos económicos asignados por el Estado al Órgano Judicial. Ese aspecto es también endémico, porque desde los inicios de nuestra vida republicana el Poder Judicial ha sido tratado como pariente pobre mendicante por quienes tienen a su cargo el manejo del Tesoro Público. Es sumamente exiguo el porcentaje que anualmente se otorga al Poder Judicial en comparación con todas y cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo y de las entidades descentralizadas. Es debido a esas falencias que el número de jueces y magistrados, y la existencia de servicios judiciales, no es suficiente para abarcar los requerimientos de todo el país, lo cual ha dado lugar a que extensas regiones carezcan totalmente de servicios judiciales. Es absolutamente necesario fijar para el Poder Judicial un porcentaje razonable del presupuesto nacional con facultad de organizar y distribuir sus servicios en forma autónoma.

Entre los motivos que impiden un cabal acceso a la justicia es el concerniente a pérdida de confianza en el sistema. Respecto a determinadas circunstancias esa apreciación es inadecuada hasta el punto de que puede ser calificada como injusta, pues sucede que, cuando las personas se quejan de la justicia en nuestro país, no hacen referencia solamente a la actuación de jueces y magistrados, sino que abarcan con esa expresión al desenvolvimiento de la administración pública en general, con especial mención a la Policía y Ministerio Público. Es evidente la necesidad de incluir a esos órganos en el análisis respectivo. Si no hay otra posibilidad, el tratamiento de esos puntos puede efectuarse en el asignado con la denominación de “Acceso a la Justicia”.

  El autor es abogado.