Políticas contra la criminalidad

“Política Criminal y Justicia Penal” es la denominación con que figura en la Agenda respectiva el quinto tema a tratarse en la reunión convocada para los fines de reforma del sistema de administración de justicia. El análisis respectivo, en el marco de una política general contra la criminalidad, debe hacer referencia a los ámbitos criminológico, legislativo, judicial y penitenciario.

En Política Criminológica, con una visión global de la sociedad, cuyo propósito es detectar para luego atacar los factores de índole social, económica y psíquica que son causa de delitos, se deben evaluar las consecuencias del delito en razón del elevado costo que ocasiona el crimen en lo social y en lo económico. Para los fines de una defensa social, corresponde iniciar programas de prevención tomando en cuenta los aspectos humanos y los factores de cambio de un modo tal que se asegure una auténtica justicia social.

En lo concerniente a la Política Legislativa, se debe proceder a un estudio cuidadoso de la legislación, y emitir luego nuevas normas con las modificaciones pertinentes. Desde hace tiempo, quebrantando el principio de unidad, con incremento en los últimos años, figuran fuera del Código Penal disposiciones especiales como la ley de imprenta, el tráfico de estupefacientes, la corrupción, el tráfico de influencias, el racismo. Por ello, es necesario concentrar todas ellas en un solo cuerpo. Respecto a casos que no guardan relación con la levedad del daño causado, existen exageradas decisiones en cuanto al tiempo de duración de las penas de privación de libertad. Corresponde además despenalizar las faltas de bagatela. En la actualidad, la legislación penal repercute seriamente en lo judicial, pues recarga el trabajo de los tribunales, dando lugar al aumento de los presos sin condena.

La Política Judicial se tiene que iniciar con una nueva modalidad de elección de magistrados y jueces, asunto que por una parte está previsto en el primer tema de la agenda y por otro en el último. El mal comportamiento de los jueces tiene el carácter de factor criminógeno. Ese hecho influye en la pérdida de confianza en la justicia por parte de los ciudadanos, a lo cual contribuyen también las disposiciones legales apreciadas como inadecuadas; el actual Código de Procedimiento Penal, pese a las excelentes innovaciones que en él se introdujeron en 1999, todavía se caracteriza por excesivo ritualismo y es aún causa de lentitud en el trámite procesal. El estudio respectivo entra en el marco de la Política Legislativa.

La Política Penitenciaria tiene por objeto establecer los medios necesarios para que, en marco de respeto a los derechos humanos, se cumplan las penas impuestas a los autores de hechos delictivos por decisión a ejecutoriarse al término de una sentencia justa emitida dentro del plazo fijado por ley. Carecen de eficacia las leyes dictadas a ese efecto, si no están respaldadas por un adecuado presupuesto, edificios especiales y distintos para condenados y procesados con detención preventiva, y personal de vigilancia capacitado y seleccionado. Urge una nueva Ley de Régimen Penitenciarios La actual Ley, denominada de “Régimen Penitenciario y Supervisión” no es mala, pero no se cumple. Pocas son las modificaciones a introducirse al respecto, que entran en el marco de la Política Legislativa.

El Ministro de Gobierno anunció que para la lucha contra el crimen, se aplicará pronto un cuantioso financiamiento jamás visto anteriormente. Ojalá que tal ofrecimiento no quede como simple promesa.

El autor es abogado.