¿Reforma cosmética?
El problema es estructural, necesitamos una drástica cirugía institucional y no reformas cosméticas
¿Por qué el interés por modernizar y agilizar el funcionamiento de justicia procesal termina siempre en fracaso? El Ejecutivo y el Legislativo buscan controlar el órgano judicial porque así evitan el control. Asumen que la justicia es una cuestión del Gobierno de turno y no del Estado.
Los principales problemas a resolver son:
1. El irrespeto a la independencia Judicial y a su imparcialidad. ¿Cómo abordar la despolitización de la justicia si lo que hace falta es voluntad política para que ya no sea un instrumento de los otros dos poderes del Estado? Si la Constitución ordena la independencia del Órgano Judicial ¿Porque el Ejecutivo se reserva las competencias más importantes como el diseño de la política judicial, el presupuesto y ahora quiere nombrar a sus miembros?
El deterioro del sistema judicial no tiene su raíz en el texto constitucional, sino en la apropiación de esta institución. Lo que el Procurador propone es precisamente mantener el actual sistema de obsecuencia política judicial, es decir, que la justicia siga al servicio de la política y no la política al servicio de la justicia.
La Constitución establece que “Los magistrados de los Tribunales Superiores del Poder Judicial, del Ministerio Publico y del Tribunal Constitucional serán elegidos mediante sufragio universal”. La ALP lo único que hace es la preselección de candidatos y remite esa lista al TSE. Sin necesidad de reformar la Constitución, sólo hace falta emitir una Ley que especifique y/o modifique el cómo se debería efectuar esa preselección. Quienes deben proponer a los candidatos deben ser los Tribunales y los Jueces y que el sistema de selección en sede legislativa no sea desvirtuado haciéndoles excesivamente dependientes del poder. Así se garantizaría que los nombramientos y promociones se hagan en base a criterios de capacidad, experiencia y por méritos académicos.
2. La falta de inversión en Justicia. El presupuesto actual del poder Judicial no llega al 1 por ciento del presupuesto general, cuando la mayoría de países asignan el 3 por ciento. Es urgente un pacto de Estado que conceda al órgano judicial autonomía financiera y para fijar sus políticas judiciales; así, sus recursos no dependerán de lo que los Gobiernos le quieran dar.
3. Los jueces están atrapados en una organización ineficaz. La eficiencia del sistema judicial se mide por indicadores de su eficacia tanto a nivel resolutorio como ejecutorio. Entre otros indicadores se emplea la duración media de los asuntos judiciales en los Juzgados, así como la medición de la “Tasa de Pendencia” o porcentaje entre los asuntos pendientes a final de un año y los asuntos ingresados en ese año. Hoy, la carga procesal y la congestión en lugar de disminuir aumentan anualmente. Ante el crecimiento demográfico del país, la demanda creciente de Jueces no es satisfecha. El presupuesto y su número no aumentan proporcionalmente al aumento de la tasa de causas ingresadas. Es necesario el incremento del número de jueces hasta alcanzar el promedio internacional recomendado de 21 jueces por 100.000 habitantes. En Bolivia tenemos 865 juzgados radicados en su mayoría en la troncal, y deberíamos tener 2.200, el déficit es general en todo el país y muchos municipios no cuentan con juzgados, es decir, no existe Estado.
Como se aprecia, el problema es estructural, necesitamos una drástica cirugía institucional y no reformas cosméticas.
El autor es abogado constitucionalista
Columnas de WALDO RONALD TORRES ARMAS
