Las redes de la burocracia

Una computadora obedece instrucciones, no razona. Cumple estrictamente las reglas, es incorruptible. Para muchos, es el burócrata ideal.

Con esta idea, se han empezado a introducir las normas que regulan el funcionamiento de las oficinas públicas en “sistemas” que, además, permiten vigilar mejor a funcionarios y ciudadanos. Pero más que resolver problemas, se están añadiendo nuevos a los ya existentes.

Nuestra administración pública, en todos los niveles, se ha ido formando mediante la continua superposición de normas y reglas. En el intento de abarcar al conjunto heterogéneo de nuestra sociedad, a las primeras reglas formuladas por unas autoridades, se les fueron añadiendo otras, creadas por nuevos funcionarios, y otras más hasta tejer el entramado actual en el que resulta fácil perderse. Todas y cada una de estas normas resultaban siempre insuficiente para abarcar el ch’enko de racionalidades que componen nuestra sociedad. En un mundo heterogéneo, lo que sirve para unos puede resultar muy malo para otros.

Cuando las computadoras no lo dominaban todo, el ciudadano buscaba evitar el enredo burocrático recurriendo a algún funcionario flexible que pudiera, en un intercambio de “favores”, ayudarle a eludir algunas normas, permitiéndole el cumplimiento de otras. Al tomar esa decisión, el funcionario ejercía su capacidad de razonar: definía una prioridad en las normas —omitiendo algunas, pero asegurándose de que se cumplieran otras— y daba solución a los problemas.

Tal comportamiento no se observaba solamente en Bolivia, sino que resultaba una característica propia de los países subdesarrollados. Si mal no recuerdo, fue Tilman Evers, en su estudio sobre “el Estado en la periferia capitalista”, quien afirmó que la corrupción puede considerarse un mal necesario. Y es verdad, ella permite el funcionamiento regular del Estado allá donde las reglas son inadecuadas o inconsistentes para su medio, y donde la burocracia es ineficiente y carece de la formación adecuada para cumplir sus labores.

Como sabemos, la corrupción no es solamente un problema moral; mucho menos uno de vigilancias y castigos. Es decir, depende menos de las personas y más del entorno en que ellas desempeñan sus actividades.

La gran corrupción, aquella que desvía los recursos públicos hacia beneficios particulares, puede erradicarse reduciendo el papel del Estado de manera que no administre grandes proyectos, fábricas, inversiones millonarias.

La pequeña corrupción, que suele llevar sumas modestas de dinero de los bolsillos particulares a los de funcionarios, es más difícil de erradicar y es sobre todo a ella que me refiero acá. A ésa que en muchos casos surge de la necesidad de “aceitar” la maquinaria burocrática con coimas y regalos, pues de otro modo los trámites resultan muy lentos y hasta imposibles de realizar. En otras palabras, la pequeña corrupción lubrica la burocracia.

Comprender el papel de la corrupción no implica defenderla. Creo, como muchos, que es una práctica que debe ser erradicada porque genera daños profundos a las personas involucradas y a la sociedad en su conjunto. Los involucrados deben enfrentarse a su propia conciencia y al juicio de los demás, que les es desfavorable aun cuando no lo expresen; y la sociedad sufre los costos de la inseguridad y el debilitamiento de sus instituciones, y por tanto, de la convivencia social. Lo que quiero recordar acá es algo ya propuesto muchas veces: para erradicar la gran corrupción hay que reducir el gasto y los roles del Estado, y para erradicar la pequeña hay que cambiar las reglas y los procedimientos que rigen el funcionamiento del Estado y su relación con los ciudadanos.

No es eso lo que se está haciendo cuando se introducen computadoras en la administración pública sin haber cambiado antes los procedimientos.

En los hechos, con sistemas integrados en redes las normas se convierten en trampas, ya que es cada vez más difícil “aceitar” el sistema. Es necesario insistir en que, si se quiere resolver un problema sin crear otros, es necesario simplificar las normas y no seguir como hasta ahora, digitalizando las trampas.

La simplificación es difícil y necesitará de un enorme esfuerzo de las autoridades y de los mismos funcionarios, pero es fundamental hacerlo, puesto que al mismo tiempo se logrará un objetivo mayor: transformar al Estado para que sirva a los ciudadanos.

El autor es economista.

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