La verdad incómoda de la Segunda Reforma Agraria
En febrero pasado la Fundación Tierra presentó el libro “2da reforma agraria, una historia que incomoda”, en éste, se afirma que Bolivia ha tenido dos reformas agrarias. Se analiza las mismas en función directa a la normativa que las puso en marcha. Así, la 1ra reforma inicia el 2 de agosto de 1953, con el Decreto 3464, y concluye en 1992 signada por: la corrupción, la discrecional distribución de tierras del Estado, y la reconformación de una injusta estructura de tenencia de la tierra, con extensos latifundios improductivos en el oriente y un intenso minifundio empobrecedor en el occidente. Este análisis, salvando diferencias de datos entre el INRA y la Fundación, es correcto.
Los autores señalan que la 2da reforma agraria empezó en octubre de 1996, con la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria. En su desarrollo distinguen dos momentos: el primero, en función del plazo de vigencia de la Ley 1715 (1996-2006) y, el segundo, que empieza con la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, vigente desde noviembre de 2006, hasta el presente.
A mi entender, una reforma agraria es, ante todo, una medida de carácter y voluntad política, donde la norma puede ser el instrumento que la haga posible. Pero no al revés, como propone el libro. Al contrario, si se mira la historia con el criterio de que la voluntad política hace la reforma, el análisis tiene más sentido y bajo éste, coincido que han habido dos reformas agrarias, la de 1953, y la segunda, y aquí difiero con los autores, inicia en 2006 –bajo el actual Gobierno–. El período entre 1996 y 2005, que según la Fundación es parte de la 2da reforma, es sólo un interregno donde “la falta de voluntad política” es la marca de los gobiernos de turno para con ésta y su ley, dando lugar a lo que yo llamo “la reforma agraria intrascendente”.
El libro menciona que con la Ley 1715 se titularon 12,5 millones de hectáreas (M Ha). El dilema es que entre 1996 y 2005, los gobiernos en funciones titularon algo más de 9 M Ha, y el 2006, en la gestión de Evo Morales, se titularon 3,5 M Ha. Luego, al mirar el proceso desde el plazo legal de esta ley se mezclan dos momentos políticos diferentes, y por obra y gracia de esta interpretación de la realidad (que tienen todo el derecho de hacerla) la “reforma intrascendente” incrementa sus logros en más de 25 por ciento. Empero confirma lo dicho “la voluntad política hace la reforma”. En 2006, con la Ley 1715, se tituló tres veces más que la media de los nueve años anteriores.
La Fundación para analizar el siguiente momento (2007-2014) lo subdivide en dos espacios: a) el “revolucionario” (2007-2009), donde se titula mucha tierra para pueblos indígenas y comunidades campesinas, en franco enfrentamiento con la oligarquía agraria y, b) el “punto de quiebre” (2010 al presente) donde los principios revolucionarios de la reforma se pierden, tornándose funcional a los intereses del poder agrario de Santa Cruz, reconformando latifundios y dejando de lado las demandas indígenas y campesinas. Finalmente, vaticinan que la 2da reforma no cambiará la estructura de tenencia de la tierra heredada de la 1ra reforma.
Desde el INRA, la historia es simple: la 2da reforma inicia en enero de 2006 con el mandato de acelerar ésta, tarea que se cumple con la Ley 3545 que, entre otras cosas, simplifica los procedimientos para la titulación de tierras, elimina la participación de empresas en este proceso, y delega todo la competencia al INRA. También desde ese tiempo se trabaja para consolidar la institucionalidad agraria, inicialmente en escenarios políticos adversos, como en 2008, cuando grupos opositores al Gobierno y su política agraria, tomaron oficinas del INRA en Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, y asesinaron en Porvenir, Pando, a campesinos e indígenas que marchaban defendiendo su derecho a la tierra otorgada por el INRA. La batalla política termina en abril de 2009, en Alto Parapetí, Santa Cruz, cuando se revierte tierra a empresarios que empleaban población guaraní en condiciones de servidumbre.
Y desde 2006, el INRA construye sus capacidades. Por la experiencia acumulada, comenzó titulando Tierras Comunitarias de Origen e identificando tierras fiscales (parques, reservas y otras), y se continuó en áreas de propiedad comunitaria y minifundio, innovando metodologías de trabajo, que desde 2010 permiten la titulación masiva en esas zonas.
Desde ese tiempo y hasta hoy se han titulado 69 M Ha (en promedio 7 M Ha por año), emitiendo 784 mil títulos agrarios. La propiedad consolidada al sector indígena es de 18,3 M Ha, y no hay nuevas demandas de ese sector, excepto de resolver áreas con conflictos. La pequeña propiedad y la propiedad comunitaria suman 18,1 M Ha. Las tierras fiscales son 25,8 M Ha y el sector empresarial ha consolidado 6,8 M Ha hasta la fecha, después de recortes de casi 4 M Ha en sus demandas. La seguridad jurídica otorgada abarca al 65 por ciento de la superficie del país y, como nunca, las mujeres son propietarias de la tierra (46% de los beneficiarios), además 2,6 M Ha se han redistribuido a 33 mil familias campesinas e indígenas que no la poseían, En resumen, sí hay una nueva estructura de tenencia de la tierra, que es democrática, inclusiva y equitativa en su acceso.
Al comparar las dos lecturas de la historia de la 2da reforma, y considerando que el proceso no ha concluido, me pregunto: ¿por qué se intenta desmerecer los logros de este proceso y se augura su fracaso, más aún, cuando lo logrado por el INRA le hacen acreedor, al menos, al beneficio de la duda? Y vuelvo al inicio: ¿a quién incomoda la historia de la 2da reforma agraria? Y mi respuesta es simple: incomoda a quienes, por las circunstancias, no son parte de esta historia.
El autor es funcionario del INRA.
