Colcapirhua, otra víctima de los loteadores de nuestro valle
El Gobierno Municipal de Colcapirhua ha remitido al Viceministerio de Autonomías Departamentales y Municipales el proyecto de ampliación de su mancha urbana que permitirá el cambio de uso de suelo agrícola en urbano, en merito a lo establecido por los procedimientos y la nueva normativa. Este proyecto ha merecido una serie de observaciones de carácter técnico y jurídico, por lo que el mismo ha sido rechazado.
El proyecto presentado por el ejecutivo de Colcapirhua incorpora como área de expansión urbana extensiones de suelo dedicadas casi en su totalidad a la producción agrícola que caracteriza a esta zona y que es parte emblemática de la productividad en el valle central de Cochabamba. Todo esto en franca contradicción a las prédicas gubernamentales de protección de la Madre Tierra y de la ya deteriorada seguridad alimentaria, que en nuestro caso se ha reducido a la capacidad de los comerciantes e intermediarios de aprovisionar los mercados locales.
Aspectos técnicos vinculados a la demografía, en ningún caso justifican la necesidad de ampliar la mancha urbana como resultado de la demanda de los habitantes para construir sus viviendas. Esto es, no existe población o migración alguna que justifique la construcción extensiva de viviendas y servicios en el área. Se trata simplemente de una demanda meramente especulativa vinculada al tráfico de tierras.
La consulta previa que establece la norma para la expansión urbana, no se ha implementado respondiendo a básicos parámetros de respeto a los derechos ciudadanos, colectivos e individuales, ya que la metodología de socialización del proyecto sólo ha consistido en reuniones casi particulares entre algunos dirigentes y técnicos de la alcaldía, quienes, además, ejercieron presiones y amenazas con los que osaban cuestionar algún aspecto de su proceder.
Los recursos naturales como son los acuíferos, corren serio peligro por la acción de loteadores profesionales, que ofertan el líquido elemento como parte del valor de parcelas o lotes en desmedro de su ancestral aprovechamiento para la producción agrícola.
Más aun, la vorágine de avasallamientos sobre las tierras productivas se manifiesta de manera brutal sobre las vidas de miles de colcapirhuences, sacabeños, quillacolleños, etc., ya que técnicos de los municipios imponen planimetrías arbitrarias y anteladas, para favorecer a los especuladores, sin tener ningún reparo en “dibujar” avenidas y calles por encima de cuanto terreno se les pone en frente, mucho menos siguiendo normas básicas de viabilidad o emplazamiento de áreas verdes y de equipamiento.
La planificación territorial en manos de los municipios, promovida por asambleístas del oficialismo, ha fortalecido el entramado interinstitucional loteador, en el que el INRA, Derechos Reales, Federaciones Campesinas, Sernap, juegan un papel coordinado desde el poder político amparado por la Dirección del Eje Metropolitano, e incluso la Secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación.
El autor es comunicador social
Columnas de JAIME PONCE BLANCO
