Chutos

Mientras el MAS y sus líderes buscan mecanismos para que el actual presidente, Evo Morales Ayma, pueda repostularse en contra de lo establecido en la Constitución Política del Estado, se deja de lado el análisis de importantes cuestiones que deberían merecer la atención de las autoridades ya que dejarlas sin soluciones agravará las consecuencias; y el coste de esa actitud nos saldrá caro.

En esta oportunidad me referiré a la decisión de los ejecutivos de la empresa estatal de seguros, UNIVida, por la cual la venta del Seguro Obligatorio de Tránsito (SOAT) será a todo aquel que posea un vehículo aunque éste haya ingresado de contrabando o sea robado.

El argumento del gerente, Roberto Ewel, se basa en el derecho que tienen las víctimas de accidentes de recibir una adecuada atención médica en los hospitales a los que fueran derivados los heridos. Es una posición humanitaria y la vida de las personas está privilegiada. Nadie debería oponerse a ello.

Pero esa decisión tiene otras connotaciones que hacen a la vida institucional de Bolivia en todos los niveles de gobierno. Se rompe la legalidad y se abre la puerta para que el esfuerzo realizado en el pasado quede en nada. Me refiero a la prohibición de que circulen esos vehículos ilegales y también tira por la borda la regulación de que no habría más amnistía para los infractores.

El acceso al SOAT es la primera medida que permite a los ilegales a recobrar la fuerza y poner de rodillas al Ejecutivo, o si usted es menos ingenuo que este escritor, a darle el justificativo para que las autoridades borren con el codo lo firmado con la mano en favor de afines.

Al prohibirse la legalización de los llamados autos “chutos” nuestras ciudades importantes ganaron mucho. Se pudo circular con mayor tranquilidad y la calidad del aire mejoró. Las empresas legales pudieron vender su mercadería y con ello ingresaron recursos al Tesoro General de la Nación, dinero que en esta época de crisis no le viene mal al Gobierno, que por la desaceleración de la economía verá disminuida la captación de recursos por impuestos.

Esos vehículos fueron llevados a zonas del país donde no hay un control estricto, donde la ley no es la del Estado, sino de las mafias ligadas al contrabando, al narcotráfico, que en muchos casos paga con automóviles, con vehículos ingresados en forma ilegal.

Gracias a la permisividad circulan muchos “chutos” haciendo transporte público, y ponen en riesgo la vida de sus usuarios y de los que usan las carreteras. Y ahora gracias a UNIVida tendrán la oportunidad de legalizarse aunque no pasen por la revisión técnica a la que estamos obligados todos los ciudadanos que poseemos un motorizado como manda la ley.

Por captar dinero, por crear una forma de demostrar eficiencia con relación al universo de usuarios con respecto al que cubrían las privadas en el pasado, se da una señal más de que mejor es hacer lo que nos conviene por encima de la ley. Total, después los abogados lo arreglan.

Aquí hay que ser cautos, pues todo seguro tiene un reaseguro que le permite cubrir contingencias. Y ellos no sólo pedirán la póliza del SOAT, exigirán el número de placa, los papeles que demuestren la legalidad del derecho propietario. Sin ello no habrá pago. La pregunta es: ¿Quién cubrirá el costo? ¿Será el Estado?

Lo moderno que nos dicen que será el sistema que UNIVida implantará, es poca cosa respecto a lo que trae consigo la decisión comentada. Una de ellas es el incremento del narcotráfico que ve en los “chutos” una forma de legalizar las ganancias ilícitas.

El autor es periodista.