Populismo jurídico

Columna
Publicado el 11/01/2017

En enero del año pasado escribí un artículo titulado “La desconstitucionalización legitimada”, donde advertía con preocupación sobre la instrumentalización del referendo del 21 de febrero de 2015, cuyo objetivo era la aprobación o rechazo del proyecto constitucional para permitir al Presidente y Vicepresidente del Estado boliviano a postularse nuevamente a una elección. Los motivos los rastreaba desde la promulgación misma de la constitución de 2009: “Nadie puede negar el origen espurio de la Constitución Política, cuyo nacimiento fue proyectado en Sucre para luego trasladarse a La Glorieta y finalmente a Oruro, decenas de violaciones procedimentales empezando por la aprobación por dos tercios hasta su inédita aprobación en ‘detalle’ con un ejercicio de levantar las manos impresionante en tan poco tiempo, obviamente desde el ejecutivo se daban las directrices que esas marionetas debían recitar. Para convalidar estos extremos, los opositores cayeron en la ‘estrategia envolvente’ preparada en cuanto a la reelección del presidente”.

Para que entre en vigencia esa constitución fue aprobada en elecciones, legitimando de esta manera un mamotreto que dispone que quienes ejerzan las funciones correspondientes a la Presidencia y a la Vicepresidencia pueden ser reelectos una sola vez de manera continua (artículo 168) y que los mandatos anteriores a la vigencia de dicha Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones (Disposición Transitoria Primera, Numeral II), con lo que el tercer y actual mandato presidencial es inconstitucional y prorroguista, pero el nuevo mandato también fue legitimado mediante elecciones.

Así los ciudadanos legitimaron lo ilegal con su voto, convalidando aberraciones jurídicas, haciéndole el juego al Gobierno, siendo presas de nuevas estrategias envolventes que prepara el Gobierno aprovechando la democracia plebiscitaria instrumental que fue viabilizada por Carlos D. Mesa.

En un posterior artículo titulado: “Descomposición constitucional” de febrero de 2016, mencionaba como: “En 11 años de Gobierno del Movimiento Al Socialismo hemos tenido 10 procesos electorales, la última consulta electoral ha costado aproximadamente 153 millones de bolivianos, dinero de los impuestos de los ciudadanos invertidos para resolver una duda del presidente Evo Morales: ¿Bolivia lo ama?”

Explicaba que la desconstitucionalización o descomposición constitucional: “Se trata de un método eficaz donde se violan las leyes y la misma constitución para que luego los abogados traten de legalizar y termine siendo legitimado mediante el voto de la mayoría, un modus operandi que desconstitucionaliza el Estado, nos referimos a instigar o encubrir reformas inconstitucionales violando las reglas y procedimientos previamente aprobados, destruyendo la esencia de la Constitución con interpretaciones forzadas con la legitimidad de una votación que aparentemente involucra la voluntad o soberanía del pueblo, pero en realidad solo corresponde a un sector de la población que se impone sobre los demás, de esta manera se suprimen de forma implícita o explícita los derechos y libertades de los afectados y se desobedece el ordenamiento constitucional vigente”.

Ahora somos testigos de una nueva amenaza de instrumentalidad de la constitución y la democracia plebiscitaria porque no existe la cultura de respeto del imperio del Derecho, peor aún, sí existen intelectuales orgánicos y políticos que siguen la matriz ideológica del Estado plurinacional, lo defienden, avalan e impulsan, ya sea de manera consciente o de forma ingenua, dadas así las cosas, el Gobierno tiene garantizado el mantenimiento y conservación del poder.

 

El autor es representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE).

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