Desorientación defensorial
Como era previsible, el copamiento por parte del Órgano Ejecutivo y el MAS de la Defensoría del Pueblo ha provocado que esta entidad creada para defender al ciudadano de los desmanes del Estado y promover la defensa de los derechos humanos pierda su norte. Ahora, el titular de esa repartición comenta sobre la inconstitucional propuesta de habilitar al Primer Mandatario para una nueva postulación o sobre una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, difunde un ranking de violaciones a derechos ciudadanos colocando en los primeros puestos, qué casualidad, a instituciones administradas por la oposición gracias al voto ciudadano, critica la legalidad de una entidad bancaria avalada por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y un largo etcétera que, en los hechos, significa ensalzar la arbitrariedad en desmedro de la institucionalidad, olvidando su deber de cumplir las atribuciones constitucionalmente asignadas. Es decir, el ciudadano está a punto de perder una otra institución creada para defenderlo del abuso.
Se trata, en verdad, de un objetivo largamente acariciado por el oficialismo, bajo el argumento de que para qué mantener una defensoría del pueblo si es “el pueblo” el que desde 2006 gobierna. Es decir, una entidad de esta naturaleza tenía validez hasta el momento en que el MAS ascendió al gobierno. De ahí que los dos titulares de la Defensoría del Pueblo anteriores al actual, siendo originalmente muy cercanos al MAS y al proceso político impulsado por éste, terminaron enfrentados por la voracidad de las autoridades por someter a sus designios todo el aparato estatal.
Con la elección del actual defensor parecería que está a punto de conseguir su objetivo; sólo resta deslegitimar la actuación de sus funcionarios para que el cierre final sea cuestión de un mero trámite burocrático.
