Dictadura de jueces y fiscales

La presunción de inocencia no existe en el país. En vez de que se cumpla el principio de que todas las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, un nefasto grupo de autoridades, fiscales y jueces ha hecho que esté vigente la situación contraria: si un ciudadano tiene la mala suerte de estar inmerso en un caso judicial de repercusión mediática, muy probablemente vaya preso. Si su situación tiene que ver con algún interés gubernamental, con mayor razón: en muchos de los casos los sindicados no podrán defenderse en libertad e ingresarán a ese tenebroso sistema judicial que han construido en los últimos años operadores de justicia y funcionarios públicos.

La justicia en Bolivia nunca fue buena. Pero hoy ha pasado todos los límites de negligencia, deshumanización y perversidad. Y mientras siga el MAS en el poder, será muy difícil luchar contra sus falencias.

Las máximas autoridades de Gobierno, empezando por el presidente Evo Morales, tienen una visión autoritaria y verticalista de la sociedad. Dividen el mundo entre amigos y enemigos, donde los matices, los grises, las gradaciones, son inaceptables. Y ello ha permeado buena parte de la sociedad, en estos 11 años de régimen masista, y sobre todo ha contagiado al Ministerio Público y la justicia, que controla de manera directa y usa como mecanismo de castigo a los opositores y, más notoriamente, como una forma de eludir las propias responsabilidades.

Por eso, decenas de acusados no tienen chance de acceder a la justicia. Cuando murió el bebé Alexander, por ejemplo, un médico de turno fue acusado sin pruebas y, pese a todos los indicios que señalan que el bebé murió “de pobreza” (una infección intestinal mal cuidada que se agravó), y que no hay prueba ninguna de posible agresión de tipo sexual, los jueces y fiscales, para contentar a una opinión pública sedienta de castigo, metieron preso al médico. Los inhumanos jueces no lo dejarán libre. Un caso que he tocado ya antes es el de William Kushner, acusado de asesinato cuando, a lo máximo, debería ser sindicado de homicidio culposo. No sólo los indicios señalan aquello, sino el sentido común. Pero no hay vuelta.

En otro tema, el padre de la pobre niña Abigail, muerta debido a los golpes que recibió de su madrastra, fue enviado a la cárcel de San Pedro por fiscales y jueces aviesos, pese a que el acusado no estaba en el lugar cuando se produjeron los hechos. Este chofer de profesión salió de su casa a trabajar y, mientras ello ocurría, su conviviente le dio una paliza atroz a Abigail, que le causó, después, la muerte. Cuando el padre llegó a su casa, la niña estaba en un centro médico. No quiere decir que en meses anteriores él no hubiera tolerado, o cometido, violencia contra sus hijos, pero del homicidio en sí no fue parte. En cualquier país “normal”, el juez hubiera entendido esa situación. No en Bolivia, donde todos quieren ver sangre, castigar, escarmentar, disciplinar. Por eso, el hombre fue enviado a San Pedro y, como era previsible, los otros internos le propinaron una golpiza inclemente, que le quitó la vida. Ante ello, muchos usuarios de las redes se alegraron. Nos alegra la muerte. Queremos mortificar al prójimo. Los linchamientos, por esa razón, ya no causan interés de nadie.

Para seguir con este triste caso, la madre biológica de Abigaíl no vivía con ella, porque asegura que estaba amenazada por su marido. Se fue a residir a Perú. Cuando se enteró de la situación de Abigail volvió al país y fue a visitarla al hospital. ¿Y qué creen que hicieron policías, fiscales y jueces? Detenerla y meterla presa. Es de no creer.

Y el abuso es más claro aun cuando se trata de usar la justicia para castigar a ciudadanos con el fin de exculpar a las máximas autoridades. Un chofer de Gestión Social sigue preso, acusado de haber ¡transportado a Gabriela Zapata, la exnovia del Presidente! Todo el entorno de Zapata fue detenido también, incluido su abogado, y parece que fuera mentira, de “tráfico de menores”, cuando lo que hicieron fue cambiarle la identidad a un niño para hacer creer que era hijo de Morales. Nuevamente, en un país en el que jueces y fiscales son independientes, esas personas podrían defenderse en libertad. Pero aquí acatan, no órdenes, sino carajazos del poder. Sigamos: después de que un grupo de adherentes masistas saqueó e incendió la Alcaldía de El Alto, los acusados por la Policía y los fiscales fueron… los funcionarios ediles que estaban dentro del recinto, intentando escapar del fuego y del humo. ¿Puede haber algo más insensato? 

Para no mencionar el caso Hotel Las Américas o El Porvenir o el de Samuel Doria Medina (cuando se escriben estas líneas no se conoce el resultado de su audiencia, pero obviamente ordenar su detención sería una injusticia enorme).

Lo que pasa es que el Gobierno usa a la justicia para afectar a los adversarios del oficialismo. Pero luego los operadores se ensañan contra todos los demás. Los mencionados en esta columna son, por lo menos, casos mediáticos, de alta resonancia pública. Los pobres y anónimos ciudadanos sufren más. El 80 por ciento de los presos no tienen sentencia ni pueden defenderse en libertad. En los centros penitenciarios deben aceptar las reglas impuestas por otros reos, más poderosos y violentos, que les cobran por una celda, por seguridad y por un plato de sopa. Mal vamos.

El autor es  comunicador.