El laberinto de las áreas metropolitanas
Una vez más el siglo XXI, el de las ciudades y el de las grandes áreas metropolitanas como las más importantes realidades políticas, económicas, culturales y sociales del planeta, encuentra a algunos anclados en su miopía, su mezquindad y sus intereses políticos de corto plazo
Vivimos uno de los momentos de mayor transformación de la vida en el mundo, el fin del salto --aparentemente imparable-- de la vida rural a la vida urbana. Bolivia no es la excepción con un 68 por ciento de su población viviendo en ciudades.
El crecimiento de las tres grandes urbes del país: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, como ha ocurrido en todas las grandes concentraciones urbanas del planeta, ha desbordado sus límites jurídicos, se ha sobrepuesto sobre otros municipios y ha generado una conurbación que está más allá de lo que dicen los papeles. Esta verdad plantea el desafío de un nuevo tejido jurídico, político, económico y social sobre el tema. Para entenderlo mejor hagamos una comparación de la realidad demográfica de los tres centros del llamado eje troncal y sus respectivas áreas metropolitanas con los datos del Censo 2012.
Santa Cruz de la Sierra ha absorbido en su mancha urbana por lo menos a cuatro municipios y va camino de absorber a dos más. Es, de las tres ciudades, la que abarca en su municipio principal la mayor parte de la población metropolitana, en este caso 1.453.549 habitantes, el 87,5 por ciento del total de su población que asciende a 1.662.001 habitantes. Los municipios contiguos: El Torno, Cotoca, La Guardia y Porongo suman el 12,5 por ciento restante.
Cochabamba tiene un peso específico significativamente menor en comparación con sus municipios próximos. La población total del área metropolitana es de 1.135.474 habitantes. El municipio “madre” tiene 611.056 habitantes, el 53,8 por ciento del total, mientras que Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua, Sipe Sipe y Vinto suman el 46,2 por ciento. Para ilustrarnos: Sacaba tiene 155.668 habitantes y Quillacollo 99.050.
Pero, sin duda, de las tres ciudades la que enfrenta mayor complejidad es La Paz. En 1985 una Ley desmembró El Alto de “la hoyada”, generando el nacimiento de una ciudad que hoy tiene más población que aquella que le dio origen, aunque sea una verdad incuestionable que ambos núcleos están profunda e indisolublemente ligados entre sí. Hacer un análisis por separado de crecimiento demográfico, migración e inmigración, lugares de trabajo, incidencia en el PIB nacional, desarrollo industrial, transporte, comunicaciones, estrategias sobre abastecimiento de agua, saneamiento, tratamiento de basura, etc., llegará siempre a conclusiones erradas. Si se quiere hacer una interpretación correcta de la realidad se debe tomar ambas ciudades en conjunto, porque todos los aspectos mencionados tienen una relación de causa y efecto, ya que se trata de un mismo espacio geográfico en el que no hay un solo metro de distancia que separe una urbe de la otra. Veamos las cifras.
Sobre un área metropolitana de 1.663.099 habitantes, la población de La Paz es de 764.617 personas, apenas 46 por ciento del total, dándose el caso de que el municipio de El Alto es mayor en población con 848.840 habitantes, equivalente al 51 por ciento. Achocalla, Palca y Mecapaca suman apenas el 3 por ciento. A estas alturas podríamos incorporar ya a Viacha a ese conurbano, lo que sumaría 80.388 habitantes al total antes mencionado, llegando a 1.750.000 personas en el área.
De manera sorprendente muchos especialistas en temas municipales se empeñan en hacer su estudios y sacar conclusiones sobre cuestiones urbanas en Bolivia, considerando de manera aislada las poblaciones de los municipios, prescindiendo de una realidad incuestionable, las respectivas áreas metropolitanas de nuestros tres mayores conglomerados de población, que representan nada menos que el 45 por ciento del total del país.
Por si fuera poco, varios de los municipios concernidos en este escenario no son capaces de llegar a acuerdos básicos de asociación en función de intereses comunes, no de sus autoridades sino de sus ciudadanos. En el grado del absurdo, algunos pequeños municipios, frecuentemente por razones políticas, no aceptan de sus vecinos mayores el asesoramiento técnico en gestión administrativa, en políticas de recaudación de impuestos y en parámetros similares de calificación catastral que los hagan más eficientes. El concepto de servicio parece estar fuera del horizontes de esas autoridades, que sin tener la capacidad de cubrir las necesidades de sus vecinos buscan aprovechar el río revuelto para ganar algunos ingresos adicionales que disfracen su problemas de administración. Cuando la razón flaquea se apela a la tradición de propiedad “que se pierde en el tiempo” y que no se sostiene por la simple razón de que es imprescindible atenerse a las reglas del juego existentes, sobre la base de la Constitución, las leyes de límites y los títulos tangibles y medibles sobre un plano.
Una vez más el siglo XXI, el de las ciudades y el de las grandes áreas metropolitanas como las más importantes realidades políticas, económicas, culturales y sociales del planeta, encuentra a algunos anclados en su miopía, su mezquindad y sus intereses políticos de corto plazo.
El autor fue Presidente de la República.
Twitter: @carlosdmesag
Columnas de CARLOS D. MESA GISBERT
