700 muertas al año, una papa caliente y montón de hipócritas

La cantidad de abortos clandestinos que se realizan cada año y sus consecuencias mortales para las mujeres, esa realidad masiva y diaria que toca al que más y al que menos en Bolivia ha vuelto a salir a luz tras el anuncio de un proyecto de ley que amplía las posibilidades legales de interrumpir embarazos no deseados. Y se han vuelto a escuchar voces muy moralistas ellas y muy hipócritas también.

Así como era muy previsible la presión en contra de este proyecto desde la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas con menor peso público (pero no de votos), sorprende la oposición oficiosa del Colegio Médico a una medida que da un resquicio legal a miles de mujeres que quieren abortar.

Se trata de un proyecto de ley planteado siempre desde el control que hace el Estado del cuerpo de las mujeres y, además, las concesiones que ofrece son discriminatorias, dentro de un marco conceptual punitivo en lugar de llevarlo al de la salud pública.  

Los datos que se conocen sobre las consecuencias de la ilegalidad del aborto son terribles, pese a que esta práctica clandestina hace casi imposible tener datos fidedignos y completos: En Bolivia mueren dos mujeres cada día por abortos mal practicados, representa el 9 por ciento de causa de mortalidad materna.

Cada día se practican 185 abortos al margen de la ley y en condiciones de riesgo, por ello cada año 67.000 mujeres acuden a centros de salud en situación de emergencia. El 50 por ciento de la población femenina se ha realizado al menos una vez un aborto durante su vida, siendo un 13 por ciento adolescentes. Se trata de datos fundamentalmente urbanos.

La abrumadora cantidad de abortos que se realizan y que, es evidente, toca a gran parte de la población hace, seguramente, que los procesos penales por aborto ilegal sean reducidos, 775 en cinco años, y mucho menos los sancionados.

El aborto es una realidad cotidiana y siendo ilegal es una papa caliente para cualquier administrador de justicia. El Artículo 157 del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal de Bolivia no “despenaliza” el aborto, sólo modifica la normativa punitiva vigente.  Da mayores márgenes permisivos: como ser pobre de solemnidad, madre de más de tres hijos, estar a cargo de personas mayores o ser estudiante; y establece plazos: posible sólo hasta las ocho semanas de gestación y sólo por una única vez en la vida; permite la interrupción del embarazo en casos de violación, si se trata de una menor, si hay malformación del feto o peligro para la madre.

Siempre se dijo que la ilegalidad del aborto no perjudicaba tanto a las mujeres con recursos, las únicas con posibilidades de realizárselo de manera segura; sin embargo, que se beneficie con la legalidad sólo a mujeres en situación de pobreza, no solamente discrimina a las otras, sino que coloca a la opción de ser madre en parámetros económicos y no de simple opción.

La Iglesia Católica sale a la luz pública condenando y rechazando esta leve e insuficiente modificación a la ley, en defensa de la vida, dice, mientras hace la vista gorda y disimula frente a los miles de casos de pedofilia, que en algunos lugares parecería institucionalizada, entre sus curas. Hipócritas.

La representación del Colegio Médico no sólo habla de objeción de conciencia, sino que se posiciona en contra. Sería bueno saber cuántos médicos son los que realizan abortos, posiblemente son muchos y ante la situación de ilegalidad es normal que no quieran pronunciarse públicamente; sin embargo, su representación colegiada, al no ser imparcial y no defenderles, les hace quedar como hipócritas.

La posibilidad de abortar es un derecho de las mujeres, el servicio de salud del Estado debe garantizarlo para defender la vida de las mujeres, de mujeres trabajadoras o no, estudiantes o no, provenientes de todas las clases sociales, madres o de aquellas que simplemente no quieren serlo. No querer ser madre es también un derecho.

La autora es periodista.

Twitter: @DrinaErgueta