El deber de tener una visión de futuro
Esta forma de actuar respecto a la administración de justicia profundiza la desconfianza de la ciudadanía, más aún si se va concretando en normas la tendencia autoritaria
A fuerza de ser machacones, es un deber advertir que por motivos esencialmente sectarios y objetivos de cortísimo plazo, se está desaprovechando una nueva oportunidad para enfrentar con decisión y en aras de prestar un servicio al bien común, una reforma profunda del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Por un lado, las modificaciones a la Ley del Órgano Judicial aprobadas a “troche y moche” por la Asamblea Legislativa no afectan el meollo de su crisis; más bien buscan mantener la hegemonía del gobierno sobre la administración de justicia, ampliando las posibilidades de injerencia.
Por el otro lado, el proyecto de reglamento para la elección de las autoridades del Órgano Judicial y el TCP, es una perversa repetición de lo que se hizo en 2011, cuando se eligieron por primera vez a esa autoridades. Es decir, parecería que el propósito no es otro que garantizar la capacidad de presión del Ejecutivo sobre este tribunal
Aprobados ambos instrumentos legales –cuya constitucionalidad tendrá que ser analizada— sólo una acción de buena fe, que siempre puede haber, impediría repetir la historia, con una agravante que en 2011 no existía: las autoridades de gobierno y los dirigentes del MAS han advertido que dentro de los recursos que pueden utilizar para violar la CPE y habilitar al actual Presidente del Estado para presentarse nuevamente como candidato (tercera en forma continua, lo que está expresamente prohibido constitucionalmente, prohibición que, además, ha sido refrendada por referendo), es, siguiendo la estrategia sandinista en Nicaragua, una declaración del Órgano Judicial o del TCP “constitucionalizando” lo inconstitucional como ya sucedió en 2010.
No son pocos los actos de esta naturaleza en nuestra historia, en los que por buscar afanosamente mantenerse en el poder se rompe todo vestigio de institucionalidad. Pero, asimismo, no son pocas las experiencias en que dichos actos fueron repudiados, más temprano que tarde, por la ciudadanía, aunque el daño ya fue hecho y costó mucho reconstruir la institucionalidad violentada. Para peor, se pretende ignorar que ese afán autoritario de mantenerse en el poder a cualquier costo ha frustrado proyectos de nación que convocaron a buena parte de la ciudadanía.
Desde el lado de la cruda realidad, esta forma de actuar respecto a la administración de justicia profundiza la desconfianza de la ciudadanía, más aún si se va concretando en normas la tendencia autoritaria a ignorar los básicos principios de la presunción de inocencia y el debido proceso, lo que abre la posibilidad de perfeccionar el uso de la administración de justicia como mecanismo de represión política.
Esa es, en definitiva, la responsabilidad de los legisladores que han aprobado las modificaciones a la Ley del Órgano judicial y que mañana se aprestan a aprobar el reglamento de las elecciones judiciales, salvo que en un acto de verdadero civismo y respeto a la población, impulsen la revisión del proyecto y lo conviertan en un reglamento que no sirva para satisfacer ambiciones sectarias sino para acometer una profunda reforma del sistema judicial del país, a partir de la selección de personalidades probas moral y profesionalmente para dirigirla.
