Políticas sin responsabilidad
No son pocos los compromisos que ha asumido el Gobierno y no es posible que los cumpla sin afectar en forma peligrosa a la estabilidad de la economía nacional
El acuerdo de cinco puntos suscrito entre el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) el jueves pasado puede convertirse en un ejemplo de estudio sobre lo que no se debe hacer para preservar los intereses del país y de los propios trabajadores, pero sí para satisfacer las necesidades de quienes se proponen sostener una permanente campaña para reproducirse en el poder.
Por su inmediata repercusión en la vida económica del país, el punto que más ha impactado es el incremento salarial, acordándose que el aumento “al Salario Mínimo Nacional será del 10,8% hasta llegar a Bs 2.000, a pedido de la COB dejando el Gobierno “salvada su responsabilidad” en el caso de presentarse efectos negativos sobre el empleo. En cuanto al Salario Básico Nacional será del 7%. Las características del incremento serán definidas en Decreto Supremo”.
En contra de parte, las reacciones de los diferentes gremios del empresariado nacional fueron de tajante rechazo, y pidieron al Primer Mandatario una audiencia para explicarle los efectos negativos para la economía nacional y las empresas, particularmente las medianas y pequeñas y, en consecuencia, el empleo formal; es decir, para la actividad económica que genera recursos, vía impuestos, para el funcionamiento del Estado y para que se cumpla la obligación estatal de impulsar la creación de empleo estable y digno.
Es decir, el empresariado le reclama al Presidente que asuma su responsabilidad ante el grave paso que está dando en este campo y que no la traten de eludir como se establece en el acuerdo, salvo que, lo que no parece posible, en el Decreto Supremo se establezca algún mecanismo para abrir negociaciones bilaterales y racionalizar este incremento.
Además, este intento de eludir responsabilidades permite inferir que en este punto no habría una posición unánime dentro del Gobierno porque, como lo hemos señalado en varias oportunidades, una de las características propias del proceso dirigido por el MAS, a diferencia de los gobiernos de la región afines ideológicamente, es la cautela con la que han administrado la economía, actitud que no corresponde al acuerdo con la COB que se comenta.
Esto, porque el acuerdo contiene otros puntos muy peligrosos. Es el caso del manejo de los ahorros de los trabajadores depositados en las AFP y que pasarán a ser administrados por la Gestora Estatal de Pensiones. El Gobierno se compromete a fortalecer el Fondo Solidario y se sugiere crear un “fondo de inversión destinado a otros sectores productivos”, además del agropecuario, que tanta crítica ha suscitado.
También hay el compromiso de “continuar la elaboración de una nueva Ley General del Trabajo” y normas que atiendan “la solicitud de los distintos sectores, como el proyecto de Ley de reincorporación de trabajadores despedidos por causas injustificadas o la ley de empresas sociales comunitarias que estarán a cargo de sus propios trabajadores”.
No es poco a lo que se ha comprometido el Gobierno y no parece haber posibilidades de que el cumplimiento de lo acordado no afecte en forma peligrosa a la economía nacional, partiendo del supuesto reconocido por las mismas autoridades de incrementar el desempleo.
Como muestra la historia, normalmente no cuadran una buena administración estatal con una permanente campaña electoral.
