Violencia en los hogares bolivianos
Como los hechos lo demuestran, ninguna ley será suficiente para afrontar la violencia doméstica mientras instituciones como la Policía y el Órgano Judicial sean parte del problema y no de la solución
Una serie de datos brindados por el Fiscal General del Estado mediante un informe a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, ha vuelto a poner en primer plano de la actualidad un tema que con cierta regularidad sale a luz para sacudir la conciencia de la ciudadanía. Nos referimos a los muy altos niveles de violencia que se producen en los hogares bolivianos.
Según los datos difundidos, entre enero de 2015 y abril de 2017, en el país se registró un total de 56.805 casos de violencia entre parejas que constituyen o constituyeron en algún momento un hogar. De ese total, casi 70 por ciento fueron mujeres agredidas por sus parejas frente a 30 por ciento de los casos en los que las víctimas fueron los varones.
En muchos de esos casos, la violencia habría llegado a costar la vida de las personas. Así, los feminicidios llegaron a 67 en 2015, aumentaron a 79 en 2016 y sólo en los tres primeros meses del presente año llegaron a 33. En total fueron 179 las mujeres asesinados por sus parejas en el período abarcado por el informe.
Como si tales cifras no fueran suficientemente estremecedoras, hay abundantes datos que indican que la realidad es más grave porque está comprobado que los casos que llegan a ser denunciados y registrados oficialmente son apenas una fracción de los que realmente se producen.
Esos datos reconfirman los diversos estudios que se han hecho sobre el tema, todos los cuales coinciden al señalar a Bolivia como uno de los más afectados por la violencia doméstica. La agencia de la ONU para asuntos de género, por ejemplo, indica que nuestro país aparece en el primer lugar del índice de violencia física contra las mujeres y en el segundo lugar, sólo después de Haití, por la cantidad de mujeres —gran parte de las cuales son menores de edad— víctimas de violencia sexual, además de la física.
Paradójicamente, Bolivia también figura en un lugar destacado entre los países con mejores leyes sobre el tema. Es el caso por ejemplo de la Ley 348, vigente desde el 9 de marzo de 2013, que tipifica el asesinato de una mujer, por su condición de mujer, como un delito de feminicidio y lo castiga con la mayor pena, 30 años de reclusión y sin derecho a indulto. Una ley que pese a su severidad, como los hechos lo demuestran, poco ha servido para disminuir la gravedad de este mal.
Con esos antecedentes se confirma, por un lado, que poco o nada sirven las leyes, por buenas y severas que sean, si su aplicación está en manos de instituciones que, como la Policía y el Órgano Judicial, están carcomidas por la corrupción y le ineficiencia, situación que se agrava porque no hay una voluntad política explícita, más allá de la retórica, para enfrentar la crisis que atraviesan. Por el otro lado, que es preciso indagar más sobre las probables causas que provocan semejantes niveles de violencia intrafamiliar que, además, aumentan en forma sistemática.
