Lastre seudo - democrático

El órgano judicial es el único capaz de garantizar la vigencia del Estado Constitucional Democrático de Derecho. La preselección de Magistrados en curso está, una vez más, orientada al fracaso porque no garantiza la legalidad y la constitucionalidad en el desenvolvimiento de los juzgadores, quienes tienen que ser autónomos e independientes, precisamente para juzgar al poder.

El deficiente sistema de elección judicial no tiene su raíz en el texto constitucional, sino en el abuso de poder que se hace de ella. Sabemos que no importa quien preseleccione, porque la selección y elección se condiciona en sede parlamentaria y es aquí donde se instrumentaliza para tener Magistrados subordinados.

Además, la reforma abordada por el gobierno es uno más de los problemas estructurales del deficiente sistema judicial del país, los que persistirán mientras el régimen ataque los efectos y no sus causas: ¿cuáles son éstos?

1. El irrespeto a la independencia Judicial y a su imparcialidad ¿Cómo abordar la despolitización de la justicia si no existe voluntad política? ¿Se quiere una justicia politizada o magistrados jurisconsultos? No es el CEUB o el legislativo quien debe proponer a los candidatos, deben ser las instituciones que conocen mejor la realidad judicial: el TSJ que tiene el registro de la idoneidad profesional, el Consejo de la Magistratura que tiene el registro del desenvolvimiento disciplinario de los jueces y magistrados y los colegios de abogados, que tienen el registro del comportamiento ético de los abogados. Así, por lo menos se garantizaría que la preselección y la selección se hagan en base a criterios de capacidad, experiencia y méritos éticos.

2. La falta de inversión en Justicia. El presupuesto actual del poder Judicial es de 1.610 millones de bolivianos, no llega al 1% del presupuesto general, cuando la mayoría de países asignan el 3%. Contradictoriamente, el Ministerio de la Presidencia, que funciona sólo como secretaria del Presidente, tiene 2.850 millones. Como consecuencia, ante el crecimiento demográfico del país, la demanda creciente de Jueces no es satisfecha. Al tener un presupuesto limitado, el número de jueces no aumenta proporcionalmente a la tasa de causas ingresadas. Es necesario alcanzar el promedio internacional recomendado de 21 jueces por 100.000 habitantes. En Bolivia tenemos 865 juzgados radicados en su mayoría en el eje troncal, y deberíamos tener 2.200, el déficit es general en todo el país y muchos municipios en el área rural no cuentan con juzgados; es decir, allí no existe Estado.

3. Los funcionarios judiciales están atrapados en una organización ineficaz e ineficiente. La permanencia del sistema escritural, la falta de un sistema de datos integrado, las deficiencias físicas, de medios y de recursos humanos, hacen que los indicadores de su eficacia tanto a nivel resolutorio como ejecutorio sean deficientes. Entre otros indicadores, la duración media de los asuntos judiciales en los juzgados, así como la medición de la “Tasa de Pendencia” o porcentaje entre los asuntos pendientes a final de un año y los asuntos ingresados en ese año, es enorme. La carga procesal y la congestión, en lugar de disminuir, aumentan anualmente.

Como se aprecia, el problema es estructural, necesitamos una drástica cirugía institucional y no reformas cosméticas orientadas sólo a asegurar la re postulación del Sr. Morales y a montar equipos sumisos para cubrir su retirada, una vez que dejen el poder.

El autor es  Abogado Constitucionalista